Aplicar la ley y otras cuestiones de poder
Estudios recientes analizan qué incide en la administración de justicia y muestran que la indiferencia social por el tema tiene un precio alto.
En una columna publicada por el Centro de Información Judicial, el juez Mariano Borinsky propone un decálogo para la correcta administración de Justicia. La celeridad en las causas, la economía procesal y la igualdad de trato a las partes son algunos de los principios recomendados a través de la agencia de noticias del Poder Judicial. Un ideario sencillo pero difícil de llevar a la práctica, según se desprende de un conjunto de estudios de aparición reciente que reflexionan desde distintos ángulos sobre cuestiones como la independencia de los jueces y sus relaciones con empresarios y políticos, los avatares de la interpretación de la ley y la distancia entre la Justicia y los ciudadanos.
Más allá de las diferencias de enfoque, se trata de reflexiones que comparten la preocupación por dirigirse al lector común en forma accesible. En primer lugar como reacción ante “el lenguaje expulsivo” con que el Poder Judicial, según dicen Federico Delgado y Catalina de Elía en La cara injusta de la justicia, redacta sus sentencias y pronunciamientos. Un rasgo de estilo en el que no encuentran ninguna inocencia, sino una práctica en defensa del propio poder y también uno de los principales factores del aislamiento social de los magistrados. Desbrozar ese mundo hermético y hostil a los profanos “por medio de un lenguaje claro y alejado de cualquier tecnicismo” es también el objetivo de Acá no pasa nada, el libro de Mariano Bergés y Adriana Galafassi que, con el tono del género de denuncia, ofrece “la corrupción del sistema judicial argentino contada desde adentro”.
Las discordancias entre la administración de Justicia y los mandatos de la ley están en el centro del debate. “A pesar de que llevamos más de doscientos años discutiendo sobre el tema, carecemos aún de acuerdos profundos y extendidos acerca del significado preciso de la Constitución”, dice Roberto Gargarella en el prólogo a La Corte Suprema Argentina. Luces y sombras, de José Miguel Onaindia. Lo que está escrito resulta mucho menos inalterable e inequívoco de lo que parece significar, desde que depende de la lectura que hacen determinados funcionarios en determinados contextos. Una declaración del ex ministro de la Corte Enrique Petracchi, recogida por la periodista Irina Hauser en Los Supremos, corrobora esa observación: “La Constitución es un marco de posibilidades que dependerán de la ideología del juez”.
Pero esa libertad, señala Gargarella, “genera incertidumbre y preocupación en la ciudadanía, que quiere saber cuál es el contenido exacto de las normas”. Entre 1986 y 2000, a partir del “caso Bazterrica” y un fallo sobre la posesión de marihuana para consumo personal, la Corte Suprema de Justicia se contradijo tres veces respecto de la libertad personal y sus alcances. Las ambigüedades de la terminología agregan obstáculos: Bergés y Galafassi lo ejemplifican con la caracterización de “gravemente ultrajante” en la figura del abuso sexual, cuya indefinición facilitó que dos jueces del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires redujeran la pena al violador de un niño. En la opinión de estos autores, un ex juez y una abogada, la aplicación de las normas podría mejorar en la medida en que se unifiquen criterios a través de la jurisprudencia y los tribunales superiores.
Para Delgado y de Elía, el problema es más profundo desde que implica una matriz positivista que separa la moral del derecho y “trae aparejado que las decisiones sean formalmente legales, pero no necesariamente justas”. Si el lugar común asegura que la Justicia habla por sus fallos, los jueces no son completamente conscientes de lo que dicen, ni de los mensajes implícitos en sus resoluciones: “La palabra judicial tiene un impacto que a menudo no es mensurado en toda su dimensión”, destacan los autores de La cara injusta de la justicia. Un impacto, agregan, que distingue entre los poderosos y los débiles, como demuestran a propósito de Ezequiel, un joven en situación de calle acusado de robar dos tablones a los fines de su subsistencia y liberado en base a disquisiciones técnicas abstraídas del contexto social y la historia de vida del protagonista.
La independencia de la justicia es otra preocupación general. En perspectiva histórica, Onaindia apunta que “el primer ataque a la continuidad institucional del Poder Judicial fue realizado por el primer gobierno peronista en 1947, cuando se destituyó al procurador general de la Nación y a cuatro de los cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia y se los sustituyó por personas comprometidas políticamente con el gobierno”. Los Supremos, de Hauser, y El señor de la Corte, la biografía encendidamente crítica de Ricardo Lorenzetti que escribió Natalia Aguiar, centralizan su recorrido en el pasado reciente y en la compleja red de relaciones de la Corte Suprema con el kirchnerismo y el gobierno de Cambiemos.
Para Hauser, la reducción a cinco jueces durante la presidencia de Néstor Kirchner fue conveniente “para lograr coherencia y reforzar un proceso que empezaba a devolverle legitimidad a la Corte, y para que el tribunal pudiera funcionar mejor”. El distanciamiento de Lorenzetti del kirchnerismo, dice, comenzó el mismo día de su asunción, simbolizado en el gesto de asociarse a la Asociación de Magistrados. En lo que sigue puntualiza “un trabajo de hormiga hacia la cima del poder” por parte de Lorenzetti, en el que destaca entre otros episodios la oposición al proyecto de reforma judicial de Cristina de Kirchner. En su libro, Natalia Aguiar carga todavía más las tintas sobre el presidente de la Corte, en circunstancias como la discusión de la ley de medios, en base a un trabajo de investigación, experiencia propia –fue periodista acreditada en la Corte hasta que, dice, resultó censurada– y denuncias de la Coalición Cívica desestimadas por la Justicia. Bergés y Calafassi agregan un apéndice con casos emblemáticos, entre ellos de las diversas velocidades de los jueces en causas que implican a funcionarios, según estén o no en el poder, como las investigaciones en torno a Lázaro Báez o las escuchas ilegales que implicaban al actual presidente.
Acá no pasa nada incluye un cuadro inverso al del Centro de Información Judicial: “un decálogo para el mal funcionamiento de los Tribunales Penales”, en el que distinguen deficiencias estructurales (la lentitud de los procesos, la burocracia como modelo de gestión), personales (la desigualdad en la aplicación de la ley, la docilidad ante los requerimientos políticos) y adquiridas (el Consejo de la Magistratura como “nueva casta”). Bergés y Calafassi reivindican el saber de la práctica y la administración concreta por encima de las teorías jurídicas y el prestigio académico, y reiteran que el funcionario judicial se perfecciona en el modo de actuar, “en la falta de temor a la presión de intereses económicos, mediáticos, políticos o vinculados al poder de turno”.
Las soluciones no las tienen exclusivamente los jueces, dicen Delgado y de Elía. La indiferencia social tiene un precio y, en contraste, el resultado es tangible cuando los ciudadanos participan y sus reclamos ponen en movimiento a la ley. En las tragedias de Once y Cromañón, en el asesinato de Mariano Ferreyra, sostienen en La cara injusta de la Justicia, “una sociedad civil atenta y acompañada por los medios de comunicación aguijoneó a jueces y fiscales, no permitió demoras y, aún más importante, vetó cualquiera de los habituales juegos formales”. Un principio que parece insoslayable en cualquier decálogo.