Hora de desmentir a la “intelectual de cabotaje”, por Analía Gerbaudo
Gran divulgadora de autores de teoría, como Bourdieu, Sarlo prefiere afirmar el dominio de la escena local sobre la proyección en el exterior.
Durante una de las tantas consultas que le hice a Beatriz Sarlo para mis trabajos de investigación sobre la institucionalización de los estudios literarios en Argentina y su internacionalización (procesos en los que ella jugó un papel central, en especial en ciertos períodos), advierto la recurrencia a una autofiguración deslizada en varias conversaciones previas, que ella sostuvo con colegas de otras disciplinas.
Por ejemplo, en una entrevista que María Pia López y Sebastián Scolnik publicaron en la revista La biblioteca en 2008, Sarlo señala: “Soy una persona de cabotaje. En este sentido, no hago más que continuar una tradición de intelectuales argentinos. Mi cosmopolitismo es el de esos intelectuales a los que no les alcanza para ser cosmopolitas, no les alcanza para ser intelectuales fuera de los límites, fuera de Buenos Aires, o de Argentina y Brasil, digamos”. Y agrega: “Pero el cabotaje tiene una ventaja, te da la certeza de que estás muy parada en un terreno. Nunca tuve la intención de superar ese cabotaje, y ya hoy sería imposible. Siendo cosmopolita de una manera tradicional, hablando y escribiendo en dos idiomas, además del castellano, conocí el mundo muy tarde; salí al mundo después de los 40 años”.
Alejandro Grimson retoma este pasaje durante una entrevista que publicó en Otra Parte. En esa ocasión, Sarlo se incluye en un grupo amplio, el de los “intelectuales argentinos”, y desde allí agrega una hipótesis incisiva acerca de la relación entre cosmopolitismo, nacionalismos y regionalismos: “Los intelectuales argentinos somos cosmopolitas en el sentido de que leemos y hablamos en otras lenguas, seguimos la bibliografía; pero lo que tenemos organizado de manera poco cosmopolita son los intereses temáticos”. Nuevamente desde la primera persona del singular, vuelve sobre el concepto del “cabotaje” durante mi consulta, aunque con un nuevo matiz: ante la duda sobre un dato respecto de sus operaciones de importación de textos teóricos a través de la traducción, le pregunto si el gran sociólogo francés Pierre Bourdieu se había enterado de la difusión casi inmediata que ella le daba a sus trabajos en Argentina vía Punto de Vista (estamos hablando de un tiempo previo a la aparición de la web). También le pregunto cómo conseguía esos materiales.
En su respuesta aparecen dos viajes: uno a fines de los setenta y otro en 1981, ambos destinados principalmente a actualizar bibliografía. Pero también irrumpen las librerías porteñas y su papel en la difusión de teoría en la Buenos Aires de la dictadura junto a la figura del repliegue: “Aunque resulte difícil de creer hoy, Leçon sur la leçon llegó a Buenos Aires, a librería Fausto (donde también compré la Lección de Barthes)”. Y agrega: “A Bourdieu no lo conocí, aunque supe de su existencia muy temprano. En realidad, soy poco cultivadora de los contactos. Soy una intelectual de cabotaje, una criollita”.
Si rodeamos esta respuesta con los datos cuantitativos sobre sus operaciones intelectuales (datos derivados de la investigación citada al inicio), se podría observar que Sarlo es una de las figuras del campo de los estudios literarios en Argentina más traducida en el extranjero, además de publicar en más de una lengua y en los más prestigiosos circuitos de consagración internacional.
Si traigo, entonces, esta autofiguración recurrente, aparentemente desmentida por la trayectoria internacional que se verifica al analizar su currículum, es para señalar su congruencia con una de sus apuestas más constantes: la publicación de textos destinados a un público expandido.
Primero, estudiantes y profesores universitarios para los que escribió, junto a Carlos Altamirano, desde un género poco valorado en el campo académico: el manual (se destacan, entre otros, Conceptos de sociología literaria, publicado en 1980, y Literatura/sociedad, en 1983). Luego, no es el público universitario el destinatario privilegiado de sus notas periodísticas, que comprenden desde sus escritos para Perfil, Página/12 y Página/ 30, La Nación, etc., hasta su intervención más controversial, su columna en la revista Viva, iniciada en el mismo momento en que renuncia a su cátedra de Literatura argentina II de la Universidad de Buenos Aires (dos actos encadenados e inescindibles, parte de una decisión laboral que supone preguntas como dónde trabajar, desde qué ángulos del campo cultural intervenir de modo más productivo estando lejos de las aulas, y desde qué lenguaje hacerlo).
De los comentarios que esta columna generó en el mundillo académico, repongo tres que esquivan la descalificación para entender el sentido de la práctica: “Al escribir en la revista Viva, recibió críticas pero no nos sumamos a ellas. Esas notas, creemos, insinuaban un proyecto de cambio de tono”, apunta Horacio González. También Daniel Link reivindicará la famosa columna que une a otros de sus “ejercicios” que, “para salvar su relación con la literatura”, ponen “entre paréntesis el esteticismo en el que la crítica literaria se desmaya fatalmente”. Por último, la valoración en la mención de este rescate de Link por Martina López Casanova desde el siempre más o menos protocolar tono al que obliga una tesis doctoral (y más aún cuando ésta se enmarca en las ciencias sociales con sus exigentes formatos de demostración): Link afirma que “su columna semanal en Viva es su ‘experimento (…) más intenso, el más fascinante, el más difícil’”.
Hay en esas columnas un desplazamiento del lugar desde donde interviene. Un cambio de punto de acción que mantiene, no obstante, una fantasía abrigada desde la revista Los Libros pasando por Punto de Vista y también por la cátedra universitaria: la de contribuir a modelar lectores críticos de los bienes culturales. Y es en este punto donde la autofiguración como la “criollita” aporta a volver complejo el problema: quien hubiera podido optar por una circulación internacional patrocinada por el circuito mainstream elige no sólo el circuito regional (si se entiende por tal el que se configura en el Cono Sur) sino, en especial, la intervención en el debate de ideas en Argentina.
Se compartan o no sus posiciones (ese es el punto menos importante de esta cuestión: como aprendimos del Gilles Deleuze inspirado por Spinoza, “para moralizar, basta con no comprender”), hay algo en la apuesta “de cabotaje” que sigue produciendo actos de enseñanza.
Hay en esa decisión un gesto ético-político a contracorriente de los habitus globalizados; un modelo intelectual que sigue siendo inspirador de prácticas y que, tal vez exija, para su lectura profunda, la reinvención de la fórmula deleuziano-spinoziana: para no comprender, basta con moralizar.
Justicia. Las detenciones y renuncias de ex funcionarios en estos días ponen a prueba el rumbo jurídico. El pulso mediático del fuero federal en Comodoro Py parece simbolizar al estado de estos tiempos.
delegó en una ley del Congreso aspectos esenciales de su estructura. No obstante ello, en el debate suscitado oportunamente hubo un intento de establecer un mandato de cinco años que fue rechazado por la mayoría del plenario, lo cual implica que ambos cargos son vitalicios. En este punto, aunque la Constitución lo haya omitido expresamente, si realmente queremos un Ministerio Público coherente con su naturaleza constitucional y que erija en un instrumento efectivo en la lucha contra la corrupción la designación debe ser realizada mediante un acto complejo donde intervengan el Poder Ejecutivo y el Senado y la remoción, operar a través del juicio político. La renuncia presentada por la Procuradora General Alejandra Gils Carbó es un aliciente institucional puesto que a poco de arribar al cargo se transformó en un apéndice del Poder Ejecutivo dejando de lado la autonomía y la autarquía impuesta al órgano por la Constitución. Ahora bien, el gran desafío que viene es designar a una persona idónea e independiente: sería realmente frustrante y una gran oportunidad perdida pasar de justicia legítima a justicia amarilla.
Para que la sociedad vuelva a confiar en la justicia, hacen falta reformas estructurales y normativas que conduzcan a una justicia ágil, eficiente y que se legitime con resoluciones argumentalmente fundadas. El proceso debe necesariamente comenzar en la Corte Suprema de Justicia, que en el presente tiene la potestad de rechazar los recursos que a sus estrados arriban invocando un artículo del código procesal civil y comercial sin tener que brindar ninguna clase de fundamento, o invocando una acordada por ella dictada cuando se presentan un mayor número de hojas o más renglones por hoja que los permitidos. Necesariamente continuar con la dimensión estructural: existen varios edificios donde se administra justicia en los que hay muy pocos baños, y los que existen son nauseabundos, ascensores que funcionan mal, escaleras angostas. Existe una intrínseca relación entre arquitectura y justicia que en nuestro país nunca ha sido tomada en cuenta. También hacen falta procesos orales en todas las materias y la digitalización de ellos como una obligación del Estado y no como una carga para los abogados, tal como sucede en la actualidad. El horario de atención y trabajo también deben ser auscultados, pero con la salvedad que deben existir períodos donde los plazos procesales que penden como una espada en la cabeza de los abogados y las abogadas se suspendan porque, de lo contrario, el servicio de justicia que estos prestan sería de imposible cumplimiento al no poder contar con vacaciones reales.
En el gobierno anterior se sancionaron un conjunto de normas con el preciso objeto de limitar el goce de los derechos y “empoderar” al Estado bajo la impronta de la imposición de un modelo populista. Ley de medidas cautelares contra el Estado que limita inconstitucionalmente la garantía de tutela preventiva frente a actos estatales, la de responsabilidad estatal que en los hechos impuso la presunción de irresponsabilidad del Estado y sus funcionarios, la ley que regula el trámite parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia, entre otras, siguen plenamente vigentes sin que este gobierno siquiera se plantee una revisión profunda de las misma. A esto se suma que por ejemplo la acción de amparo sigue regida por un decreto-ley que proviene de la dictadura de Onganía y que oportunamente tuvo por objeto matar al amparo creado por la Corte Suprema de Justicia como un baluarte en la defensa de los derechos constitucionales.
Un último punto lo constituye el Consejo de la Magistratura y la indispensable modificación de su composición y funcionamiento en torno a la elección de los jueces, el control del desempeño de sus funciones y su destitución. Los jueces deben cumplir sus funciones full life, capacitarse de forma permanente y rendir cuentas ante el retraso injustificado y ante el dictado de sentencias que demuestren un cabal desconocimiento del derecho vigente.
¿Los vientos de cambios de Comodoro Py llegarán al actual gobierno y se expandirán por todo el sistema de justicia? Esta es una demanda social urgente que no puede esperar al 2020.