La raíz indígena de un país en falta,
Pese a los derechos constitucionales de los argentinos originarios, el Estado mantiene históricas deudas básicas para con ellos.
La idea de que “los argentinos llegamos de los barcos”, atribuida a más de un escritor y difundida por el músico Lito Nebbia en una canción homónima, ha sido avalada por años desde el poder, tal vez por comodidad, tal vez por conveniencia. El 2 de abril de 2015, mientras representantes de los pueblos originarios formoseños de la organización Qo. Pi. Wi. Ni (qom, pilagá, wichi y nivacle), acampaban en la avenida 9 de Julio de Buenos Aires a la espera de ser atendidos en Casa Rosada –y en pleno contexto de represión por parte del gobernador provincial oficialista Gildo Isfrán–, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo en su discurso del Día del Veterano que “la Argentina es un país de inmigrantes”. El 25 de enero pasado, a dos meses del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel en Villa Mascardi por parte de Prefectura Naval, y sin respuesta todavía, el presidente Mauricio Macri subió la apuesta al afirmar en el Foro Económico de Davos que “la asociación entre el Mercosur y la Unión Europea es natural porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos”. Lo que estas afirmaciones escamotean –o quieren hacernos olvidar– es que el Estado mantiene impaga una deuda territorial con los primeros argentinos.
Un breve repaso a nuestro parque humano: hay 1604 comunidades indígenas identificadas por el Estado nacional y, según el censo de 2010, casi un millón de personas que viven en territorio argentino se reconocen pertenecientes o descendientes de pueblos nativos. Esa cifra podría duplicarse y verse reflejada en el censo 2020 por un lento pero irreversible proceso de reemergencia étnica, a través del cual quienes antes no reconocían su identidad de origen comienzan a hacerlo. Y la reivindican. Pronto hablaremos de dos millones de personas.
Aunque Argentina haya adoptado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y haya reconocido en la Constitución de 1994 su “preexistencia étnica y cultural”, garantizando el “respeto a su identidad, el derecho a una educación bilingüe e intercultural, el reconocimiento de la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan”, en pocos ámbitos jurídicos nacionales hay una distancia tan grande entre lo que establecen los textos normativos y la realidad concreta. La aceptación jurídica de esa identidad, los derechos constitucionales de los que deben gozar quienes son parte de ella, y el respeto a su cosmovisión son tres de las grandes deudas del Estado para con las comunidades originarias, sin grieta que valga y sin importar el color partidario de turno. Por acción, inacción u omisión, y pese a estar efectivamente amparados por los derechos y garantías que protegen a cualquier ciudadano argentino (e incluso más, ya que el Estado entiende que debe reparar una deuda histórica con ellos), las comunidades originarias han ocupado, desde siempre, el último escalafón social en nuestro país, al punto de haberse vuelto invisibles.
La condición de la tierra
“Sea el líder qom Félix Díaz, que acampó en la 9 de Julio, o el mapuche Facundo Jones Huala, sea el gobierno anterior o este, lo que falta es establecer una política que resuelva el tema de las tierras y territorios indígenas”, subraya el antropólogo Carlos Martínez Sarasola, un profesor de referencia de la Maestría en Diversidad Cultural de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y autor, entre otros libros, de Nuestros paisanos los indios y La Argentina de los caciques. Él observa: “Lo que los casos emblemáticos de los qom de La Primavera y de los mapuches de Cushamen desnudaron es la ausencia de políticas públicas consistentes y duraderas hacia los pueblos originarios: la tierra en primer lugar”.
En el año 2006 se sancionó la ley de emergencia territorial 26.160 con el objetivo de relevar las tierras ocupadas por las comunidades indígenas en todo el país. La norma suspende los desalojos y dispone un relevamiento técnico-jurídico-catastral. “El relevamiento es importante para conocer cuáles son los territorios demandados y a partir de esa suerte de ‘mensura’ poder dar los pasos necesarios para la titulación colectiva de la propiedad comunitaria indígena”, explica Silvina Ramírez, autora de Horizonte político del movimiento indígena en Argentina e integrante de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena. “Se trata de un instrumento acotado y con límites, pero permite dar algunos pasos necesarios para el ejercicio del derecho territorial reconocido por el Estado”.
En los primeros once años de aplicación de la ley y con dos prórrogas de por medio, poco más de la mitad de las comunidades identificadas fueron relevadas o están en proceso de relevamiento. En noviembre pasado, la ley fue prorrogada por tercera vez. El Gobierno quiso extenderla inicialmente por dos años más, pero en pleno conflicto abierto con los mapuches, terminó extendiéndola por cuatro. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es su autoridad de aplicación. “La lentitud del relevamiento le ha restado credibilidad a la ley y ha contribuido a agudizar conflictos territoriales, atravesados hoy por enormes disputas sin saldar, cuyos resultados en algunos casos han sido muertes indígenas”, dice Ramírez. “Y esos conflictos territoriales tienen una marcada tendencia a agravarse”.
En el propio INAI son más optimistas. Su presidenta desde agosto de 2017, Jimena Psathakis, dice estar trabajando para que los procesos de relevamiento tarden mucho menos tiempo. “Un trámite de relevamiento podía durar hasta 25 meses. Hoy estamos estableciendo nuevos convenios con las provincias, mejorando los mecanismos de trabajo a nivel nacional y fortaleciendo la presencia del INAI en el territorio. El presupuesto no es un problema; la ley tiene un fondo especial. Acá el problema ha sido la falta de voluntad política”.
Impedimentos a la propiedad
Axel Lazzari, profesor de antropología en el IDAES/UNSAM e investigador del CONICET, considera que el gran problema del relevamiento impulsado por la ley 26.160 es que no contempla el proceso de devolución de la tierra a los indígenas que la reivindican como propia. “La ley movió
un avispero en el que aparecieron una cantidad de reivindicaciones territoriales. Lo cierto es que el propio instrumento de la política de relevamiento es rengo. Poquísimas de esas tierras están escrituradas a nombre de comunidades indígenas y muchas de las que tienen los papeles del relevamiento pero no las escrituras están a la expectativa tras la represión de Cushamen”.
La ley es un paso previo para que las comunidades indígenas puedan avanzar en la titulación comunitaria de sus territorios, pero no es garantía de propiedad. Son muchas las barreras que se elevan entre los pueblos originarios y la titularidad efectiva de la tierra; una de las primeras tiene que ver con disposiciones constitucionales respecto de las autonomías provinciales. “La reforma constitucional de 1994 contiene una gran contradicción”, explica Lazzari. “Recorta poder del Estado central bajo el discurso de un federalismo mal entendido que les da a las provincias vía libre para hacer convenios con empresas multinacionales ligadas a las industrias extractivas que ponen en riesgo territorios indígenas, por ejemplo, pero, al mismo tiempo, presenta una parte virtuosa en la que reconoce los derechos indígenas”.
La cuestión de la identidad
Los resabios del proceso de colonización
española y de la configuración historiográfica y política del Estado argentino después de la Conquista del Desierto han calado muy hondo en la percepción actual y generalizada que se tiene sobre los pueblos originarios en la Argentina. Esto quedó especialmente en evidencia tras el operativo de desalojo de gendarmería en Cushamen, Chubut, en el que murió Santiago Maldonado. Buena parte de la opinión pública aceptó versiones acerca del conflicto y de la minoritaria organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que parecían transposiciones contemporáneas del temerario malón indígena. Pero además corrió la voz de que la amplia comunidad mapuche de la Patagonia Argentina (cerca de 117.000 habitantes en el último censo) no son realmente argentinos sino chilenos, con lo que su reclamo de tierras nacionales no está justificado.
Carlos Sarasola Martínez tiene una explicación sobre ese grado de desconocimiento: “Los argentinos hemos sido educados en la ignorancia hacia los pueblos indígenas. Nuestro sistema educativo es el gran responsable de que no tengamos una visión más certera y rigurosa sobre ellos, sobre su protagonismo en la historia y su presencia actual. Porque muchas veces se habla de los indígenas como si fueran una cosa del pasado, cuando tienen una vigencia total y son nuestros compatriotas”.
Tan hondo calan las suposiciones sobre los indígenas en la Argentina, que aún hoy cuesta concebir como tales a quienes viven como vecinos, a nuestro alrededor, en los centros urbanos. “En nuestra cabeza de ‘blancos’, nos preguntamos por qué alguien que se reivindica diaguita no habla su lengua originaria, cuando en el proceso de conquista y colonización la lengua fue una de las primeras víctimas”, observa Axel Lazzari. “O nos preguntamos por qué un hombre que se autorreconoce como indígena acaba viviendo en una villa. O por qué otro tiene una 4x4, o por qué su método de cría de ganado es moderno”.
Lo cierto es que al formular nuevos derechos, la reforma constitucional de 1994 habilitó cambios simultáneamente al interior del conocimiento académico especializado y de organizaciones indígenas, que impulsaron el autorreconocimiento indígena y la reemergencia de pueblos originarios que se creían extintos o mestizados. En palabras de Lazzari, “se fue generando un clima en el que se percibió un permiso para recordar. La reemergencia indígena se da a través de los procesos de memoria y ese es un camino muy arduo. La máquina que niega lo indígena está sedimentada en las subjetividades de la gente, en todos nosotros, e incluso en aquellos que se reivindican como indígenas, lo que demuestra el formidable desafío que significa autorreconocerse más allá de cualquier oportunismo que se le adjudique a este proceso”.
Una parte insolayable de la identidad de las comunidades indígenas –en la que se hace poco hincapié al hablar de derechos políticos– es su cosmovisión y espiritualidad. ¿Es posible recuperar esa cosmovisión en las ciudades y cuando la lengua originaria se ha perdido? Como dice la especialista Cristina Messineo (ver recuadro) “cada lengua expresa una mirada sobre el mundo, construye sentidos y relaciones”. Para Sarasola Martínez, sin embargo, no todo se extravía en los pliegues urbanos: “Antes se decía que el indígena perdía en la ciudad su condición de tal: su identidad, valores y cosmovisión”, dice. “Pero hoy la visión va cambiando. Aunque debe seguir luchando contra la estigmatización y la discriminación, una vez que alguien se autorreconoce como indígena su identidad se reafirma”.