Una zona de riesgo que rodea al Poder Judicial.
Sobre los libros de Gerardo Young y Silvana Boschi, que analizan la situación actual de la justicia argentina
Los argentinos confían cada vez menos en sus jueces. El último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina señala que el índice de credibilidad del Poder Judicial en nuestro país descendió del 23,7% en el 2011 al 19,7% en 2015 y a 11,7% a fines de 2017. Escalofriante. Ese magro porcentaje coloca además a la Justicia por debajo del Poder Ejecutivo (25,6%) y del Congreso (16,3%). En este contexto se acaban de publicar dos libros sobre (algunos de) nuestros jueces: Los secretos de la Corte, de Silvana Boschi, y El Libro Negro de la Justicia, de Gerardo “Tato” Young. Es altamente probable que ninguno de ellos contribuya a mejorar aquellos números. Sin embargo, su lectura resulta imprescindible, por tres razones. En primer lugar, es una excelente noticia que exista un periodismo especializado y atento a lo que sucede en los muchas veces oscuros e insondables pasillos y despachos de los tribunales. Segundo, estas investigaciones nos ayudan a hacer un diagnóstico del problema que aqueja a un pilar fundamental del sistema democrático. Tercero, ellas contribuyen a identificar responsabilidades. Estos diagnósticos y responsabilidades pueden ser un excelente punto de partida para producir los cambios que nos permitan restablecer la confianza en el Poder Judicial.
Los dos libros relatan la historia reciente de los tribunales políticamente más sensibles del país. Ambos giran en torno a dos personajes cruciales de esa historia. El de Boschi posa su mirada sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y co- loca en el centro de la narración a su presidente de los últimos once años, el juez Ricardo Lorenzetti. El de Young hace foco en los juzgados federales penales de primera instancia, a cargo de “Los Doce”, como los bautiza el autor. El personaje casi excluyente de este verdadero thriller es María, por la jueza María Romilda Servini de Cubría, designada en 1990 como jueza federal penal y jueza electoral, combinación de responsabilidades que será central en la trama y le dará un poder inigualable. El libro de Boschi nos ofrece un estilo periodístico pulido que da cuenta de su vasta experiencia cubriendo a la Corte Suprema entre 1995 y 2015 para Clarín. El de Young recurre a un atrapante formato que combina un estilo novelado con el relato biográfico (de María). Las narraciones de ambos libros se rozan y entrelazan, por lo que su lectura conjunta instruye al lector de un modo especial. Esa intersección de historias y personajes tiene lugar en un encuentro casi teatral que describe Young al comienzo de su obra entre Lorenzetti y Servini. Entre la Corte y los poderosos tribunales federales penales, aquellos que indagan en las causas de corrupción del poder.
En nuestro régimen democrático constitucional, el gobierno elegido por el pueblo tiene la legítima facultad de tomar las decisiones que se manifiestan en leyes, decretos y resoluciones. Sin embargo, su respaldo popular no lo autoriza a violar las reglas y los derechos previstos en la Constitución Nacional. Tampoco a cometer delitos. La Corte Suprema es la máxima responsable de que el sistema de límites constitucionales oponibles al gobierno sea efectivo. Los jueces penales son imprescindibles para hacer cumplir la ley. La independencia de todos estos magistrados, su legitimidad y confianza pública son el vértice de nuestro Estado de Derecho. Son los árbitros y últimos garantes del juego democrático. Si fracasan en ese rol, ya no jugaremos el juego y muchas cosas, pero sobre todo nuestros derechos, estarán en riesgo.
Desde que la Corte Suprema empezó a funcionar el 15 de enero de 1863, ha tenido sus claroscuros. Salvo la Corte de los primeros años de la nueva democracia que presidió Genaro Carrió y la de los primeros tiempos de la Corte reconstruida a partir del 2003, fueron más las sombras que los destellos de luz. En 1930 el Tribunal emitió una infame Acordada por la que consideró válidas las normas emanadas del gobierno surgido del primero de los seis golpes de estado del siglo XX, el que derrocara a Hipólito Yrigoyen. En 1990, la decisión del Presidente Carlos Menem de aumentar sus miembros de cinco a nueve le dio la oportunidad de designar a la mayoría del tribunal convirtiendo a aquel árbitro del juego en un jugador amigo. Fueron los tiempos de la “mayoría automática”. La brutal crisis de diciembre de 2001 y el reclamo de la ciudadanía expresado en el “que se vayan todos” alcanzó a la Corte. Dos de sus miembros fueron removidos por juicio político y otros dos renunciaron antes de serlo. Luego vino la sanción del decreto 222 de 2003 y la designación de cuatro ministros por el presidente Néstor Kirchner recurriendo al procedimiento que esa norma establecía y que lo obligó a postular buenos candidatos y a las dos primeras juezas mujeres en la historia democrática del Tribunal. La Corte recuperaba parte del prestigio y confianza perdidos.
A partir de la victoria electoral del kirchnerismo en 2005, las cosas empezaron a cambiar en cuanto a la relación entre el Presidente y la Corte. Boschi atribuye a la entonces senadora Cristina Kirchner la afirmación de que no era bueno tener “una Corte opositora”. Con su asunción como Presidenta en 2007, aumentó la tensión entre el Tribunal Supremo y un poder político ávido de someter al Poder Judicial para desmarcarse del árbitro. A los fallos que le sirvieron para ganar legitimidad a comienzos del milenio –como el de la anulación de las leyes que bloqueaban el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad o los referidos a la limpieza del Riachuelo o a la sobrepoblación carcelaria– se sumaron nuevas decisiones contra las leyes que intentaron domesticar a los jueces y que Boschi describe y pone en contexto histórico. La Corte se mostraba así como un tribunal independiente que ponía límites a una Presidencia agresiva que se resistía a aceptar los límites constitucionales. Tras la victoria electoral de Mauricio Macri el tribunal volvía a entrar en zona de riesgo. La designación en comisión por decreto de dos de sus miembros en diciembre de 2015, desconociendo tanto el procedimiento constitucional como el decreto 222, provocó la sensación de que una vez más se estaba intentando influir sobre el árbitro. Algunas decisiones posteriores del propio tribunal como la que habilitó la aplicación del beneficio del 2x1 a perpetradores de crímenes de lesa humanidad (caso Muiña) fueron duros embates a la legitimidad de una Corte que parecía perderse de nuevo en el laberinto.
La caída de la confianza en los jueces no se relaciona solo con lo sucedido en la Corte. En su libro, Young trata de explicarse y explicarnos también el “derrumbe moral de los tribunales federales”, cuyo comienzo ubica temporalmente en la década del 90 con la obsesión del presidente Menem de controlar a la Corte Suprema y la Justicia Federal. El subtítulo del libro, “La lógica del dedo en el gatillo”, sugiere un paralelo entre la Guerra Fría y una relación entre jueces, funcionarios políticos y espías en la que todos se amenazan mutuamente con la destrucción total y juegan el juego de lo que el autor denomina la “Gran simulación”: solo parece que se hace justicia. En casi 30 años se abrieron 700 causas por supuestos delitos contra el Estado y no hubo ni un solo detenido importante, afirma Young.
La lectura de estos libros nos ayudará como ciudadanos a formarnos una idea propia acerca de los problemas de nuestra justicia, que son los nuestros, y qué es lo que deberíamos exigir y a quién para que nuestra joven democracia no sea solo un pobre reflejo de lo que debe ser.