Los riesgos de la militarización regional,
Un panel en la Universidad Di Tella analizó la idea de sumar las Fuerzas Armadas en Seguridad. Los expositores no aconsejan esta injerencia.
por Inés Hayes
Qué implicaría que las Fuerzas Armadas pudieran actuar en la seguridad nacional, cómo podría tomarlo la sociedad civil y de qué manera repercutiría en el ejercicio de la democracia, fueron algunos de los ejes que se analizaron en la charla debate “Fuerzas Armadas y Seguridad Interior”, organizada por la Universidad Torcuato Di Tella en junio y que estuvo a cargo de los especialistas en relaciones internacionales y seguridad Juan Gabriel Tokatlian, Rut Diamint y Jorge Battaglino.
El papel activo de las Fuerzas Armadas comenzó a discutirse cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, propuso revocar el decreto 727, firmado por el ex presidente Néstor Kirchner en 2006. Allí se establecía que el Ejército no podía intervenir en asuntos internos. Si bien desde el gobierno de Cambiemos todavía no se definió qué tareas podrían tener las Fuerzas Armadas, el grupo de asesores del presidente Macri en seguridad (la ministra Bullrich, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo) aseveró a fines de mayo que la anulación de ese decreto “es algo necesario”. La norma en cuestión reglamentó la Ley de Defensa de 1988 y estableció que las amenazas a res- ponder eran las provenientes de otros Estados. Mientras que la ley de 1988 sobre Defensa instituyó que a las Fuerzas Armadas les correspondía la defensa, la ley de 1991 sobre Seguridad Interior instauró que a las Fuerzas de Seguridad les incumbía el orden público, por lo tanto no se puede equiparar un decreto con una ley.
“El Gobierno asegura que hoy enfrentamos riesgos distintos a las amenazas tradicionales como son el terrorismo y el narcotráfico y que por eso es necesaria esta reforma. Pero si se toma la misma institución para defenderse de asuntos diferentes, se debilita más el Estado. El problema es además de coordinación entre las Fuerzas Armadas y las de Seguridad porque ellas tienen una preparación totalmente distinta”, explicó Rut Diamint, profesora de la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora del Conicet.
Otro argumento es que al no tener ninguna amenaza externa, las Fuerzas Armadas se encuentran “ociosas” y que podrían servir para garantizar la seguridad pública. Diamint, que se desempeñó como asesora del Ministerio de Defensa desde 2003 y 2005, explicó que en el caso de que se cometan excesos, las fuerzas policiales responden ante la justicia civil, mientras que las Fuerzas Armadas tienen un sistema particular para ser juzgadas, y destacó además que “volver a permitir que las Fuerzas Armadas hagan inteligencia interna es una preocupación importante porque recordamos cómo funcionaron durante la dictadura”.
Jorge Battaglino, doctor en Política Latinoamericana de la Universidad de Essex y licenciado en Ciencia Política de la UBA, señaló que, luego de la última dictadura, en la sociedad el principio de que los militares no serán utilizados políticamente está casi naturalizado: “frente a este pacto fundacional de la democracia, cuando vemos que este principio constitutivo se quiere modificar y que el debate para modificarlo es casi nulo, estamos en problemas como democracia”. Luego agregó que en los países en los que las Fuerzas Armadas intervienen en la seguridad interior, ellas atraviesan una desprofesionalización en su función principal que es la de defender el territorio nacional de amenazas externas. Y en ese sentido, destacó que la preparación de las Fuerzas Armadas es diferente a la formación policial: “no es que se les otorga una placa de policía y salen a la calle; en esos casos hay muchos excesos porque los militares están educados para destruir al adversario”.
El caso mexicano es, tal vez, el más elocuente: pese a las protestas de la ciudadanía y a las recomendaciones de organismos como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en México se legalizó el uso policial de las Fuerzas Armadas. Casi 12 años de “guerra contra las drogas” provocaron la muerte de más de 125 mil personas, 30 mil desaparecidos y más de 250 mil desplazados. 2017 fue el año más violento de su historia contemporánea: en promedio, fueron asesinadas 70 personas por día.
Desde 2006, las Fuerzas Armadas sustituyen a cuerpos policiales en cientos de municipios de todo México. Fue una de las primeras decisiones que tomó el ex presidente Felipe Calderón al iniciar su mandato. Desde entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió miles de denuncias por abusos de militares y marinos. Según la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de Derechos Humanos, en 197 ocasiones el ombudsman ha señalado torturas, asesinatos y desapariciones forzadas.
Sobre el caso argentino, el sociólogo y doctor en Relaciones Internacionales Juan Gabriel Tokatlian dijo: “Hay dudas y molestias en las propias Fuerzas Armadas: los militares también se preguntan por qué y para qué. Por otro lado, Argentina sigue teniendo una sociedad civil muy activa: cada vez que aparece algo que pareciera afectar a la democracia salta como un resorte a defenderla”, agregó. Citando al presidente Macri cuando –en el Día del Ejército– señaló que se necesitaba que las Fuerzas Armadas fueran llamadas a colaborar estrechamente con las Fuerzas de Seguridad para cuidar a los argentinos ante amenazas y desafíos actuales, Tokatlian advirtió que es la primera vez, desde que asumió el Gobierno, que hay una referencia concreta a lo que se conoce como “nuevas amenazas”.
Durante la Guerra Fría, explicó Tokatlian, la gran estrategia de EE.UU. tuvo tres ejes: contener a la ex URSS (disuadirla de un eventual ataque nuclear), generar alianzas con el resto de los países del mundo y suprimir en América Latina los “focos comunistas”. Fue en ese contexto en que nació la Doctrina de Seguridad Nacional para “eliminar al enemigo interno”. Terminada la Guerra Fría, en términos de estrategia se pasó de la contención a la primacía, de la disuasión al ataque preventivo y de las alianzas a las coaliciones de voluntarios. En la actualidad, para EE.UU., las nuevas amenazas son el terrorismo y el narcotráfico y para combatirlos, las Fuerzas Armadas deben convertirse en “combatientes del crimen”. Y esto implica la construcción de otra doctrina: la de inseguridad nacional, que remite a involucrar a los militares en el combate contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, entre otros, como parte de un peligro interno que responde a una compleja trama internacional.
“Si bien el narcotráfico y el terrorismo son graves, no se expresan de la misma forma a nivel global y no son problemas que requieran de las Fuerzas Armadas. El caso de México es un ejemplo: hay 112 candidatos políticos muertos; en los últimos 30 años, 468 mil soldados han desertado de las Fuerzas Armadas y un tercio de los narcotraficantes han pasado por sus filas”, ejemplificó Tokatlian. El otro ejemplo que se menciona siempre es el Plan Colombia, subrayó Tokatlian, y en términos antinarcóticos fue un fracaso: “en la actualidad hay 200 mil hectáreas de coca cultivadas, número mucho mayor que antes del Plan”.
Desde 2001, América Latina es la única región del mundo que no tiene problemas con el terrorismo. Se ha demostrado que no hay células dormidas en el continente, ni siquiera en la Triple Frontera. En palabras de Tokatlian: “Ninguna fuente muestra la presencia de grupos terroristas en Argentina ni en América Latina, no hay razón para sumarse a esto”. A su entender, “si el país opta por ese camino, entrará en un oscuro túnel que terminará con la democracia que supimos construir”.