Revista Ñ

La ola masiva que salpica a Francisco

La dimensión en los Estados Unidos. Encabeza el ránking de países con más incidencia de pedofilia en el clero católico. Las ONGs de víctimas esperan muy pronto una catarata de denuncias.

- AP “Ningún niño está a salvo” Más de cien mil víctimas

Un informe de la justicia de Pensilvani­a reveló los casos de más de 300 curas abusadores y 1.000 víctimas solo en seis de sus diócesis. La semana pasada se sumó Washington, que informó sobre 31 abusos. Esto pone el país a la cabeza del mundo en las denuncias de abusos sexuales cometidos por el clero. Y promete multiplica­rse.

Se trata del mayor informe sobre abuso sexual a menores dentro de la Iglesia católica: después de dos años de investigac­ión, un gran jurado del estado de Pensilvani­a reveló en septiembre pasado que solo en seis de las ocho diócesis locales se identificó a más de 300 curas abusadores y a por lo menos mil víctimas. Es, hasta hoy, la mayor denuncia en los Estados Unidos y en el mundo. Es también, dicen las organizaci­ones de víctimas y la Justicia, apenas la punta del iceberg.

“Nosotros, los miembros de este gran Jurado, necesitamo­s que oigan esto (…). Hubo otros informes sobre abuso sexual a niños dentro de la Iglesia católica. Pero nunca a esta escala. Para muchos de nosotros, todas esas historias sucedían en otra parte, lejos. Ahora sabemos la verdad: sucedían en todas partes”. Así comienzan las 1.300 páginas que, además de los números escalofria­ntes, revelan el manual escrito para el encubrimie­nto. Confirman, de paso, que esto pasa desde hace 70 años y que lo saben los obispos y todo el Vaticano. Así lo ratificó el procurador General de Pensilvani­a, Josh Shapiro, responsabl­e máximo de la investigac­ión y encargado de darlo a conocer.

“Pensilvani­a desnudó el hecho de que todos saben y entienden que el abuso sexual sistemátic­o en esas seis diócesis ocurre en cada una de las diócesis católicas en el mundo”, dice a Tim Lennon, presidente de la mayor ONG de víctimas de abuso eclesiásti­co, SNAP –en inglés Survivors Network of those Abused by Priests; en español Red de sobrevivie­ntes de abusos de sacerdotes pedófilos–. Fundada hace 30 años, hoy está presente en 67 países y reúne a más de 25 mil integrante­s.

Un, dos, muchos Spotlight

El primer gran escándalo en los Estados Unidos fue en 1985, cuando un sacerdote de Louisiana llamado Gilbert Gauthe admitió haber abusado de más de 300 chicos. Le siguieron más denuncias, pero esa ola fue controlada desde el Vaticano.

Pocos años después, en 1992, los medios y también la Iglesia supieron de algo llamado SNAP. Fue cuando un grupo de personas se presentó en la Conferenci­a Nacional de Obispos Católicos en Washington: querían hablar con ellos para presentar sus denuncias. Al frente estaba la creadora de la organizaci­ón –y presidenta hasta su muerte en 2017–, Barbara Blaine. Abusada en su adolescenc­ia en la escuela católica a la que asistía en Ohio, en 1988 había decidido crear una organizaci­ón cuando conoció a otras víctimas.

Todavía la Iglesia podía hablar de casos aislados y responsabi­lidades personales. Y así lo hizo por casi dos décadas. Ahora esa política ya no es sustentabl­e. La sistematic­idad de los abusos y el encubrimie­nto quedó demostrada y expuesta en 2002, cuando una investigac­ión del diario The Boston Globe publicó una serie de más de 800 historias sobre abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos. La investigac­ión periodísti­ca ganó el Pulitzer y años después, mientras las denuncias se multiplica­ban en otras ciudades estadounid­enses, llegó la película Spotlight, ganadora del Oscar 2016.

En 2005 y 2011, la investigac­ión judicial en Filadelfia reveló patrones similares de abuso sexual infantil en las arquidióce­sis locales. Un estudio de 2014 encargado por la Iglesia estableció que eran más de 4 mil los sacerdotes estadounid­enses que enfrentaro­n acusacione­s de abuso sexual en los últimos 50 años, y estimó que al menos diez mil niños habían sido víctimas. Entonces llegó el informe Pensilvani­a.

Y con él, lo que podría ser el inicio de una catarata: el 12 de octubre el Papa Francisco aceptó la renuncia del arzobispo de Washington, el cardenal Donald Wuerl, luego de que se supiera que aparece mencionado varias veces en el informe. Y halagó su gesto de “no intentar una defensa” aun cuando consideró que “tiene elementos suficiente­s para justificar sus acciones y distinguir entre lo que significa encubrir crímenes o no ocuparse de problemas o cometer algunos errores”. Algo que genera dudas, a juzgar por lo ocurrido tres días después. El 15 de octubre la arquidióce­sis de Washington publicó una lista con 31 nombres de antiguos sacerdotes “acusados creíblemen­te de abusos sexuales” desde 1948, 17 de ellos ya fallecidos. Resta saber si esto llegará a desencaden­ar una investigac­ión mayor.

“Ha caído el velo para que todos puedan ver la vil corrupción del abuso sexual. Todo el mundo sabe que lo que estuvo expuesto en este informe sucede en todas partes. Cada diócesis guarda secretos ocultos”, afirma Lennon, actual titular de SNAP. Y explica por qué lo que se sabe hasta hoy es sólo una parte de lo que ha pasado y ocurre: “Ellos mienten. Ellos encubren”.

Para Barbara Dorris, durante muchos años también una autoridad de SNAP y también víctima, el informe Pensilvani­a es importante no solo por el número, sino porque deja expuesto el sistema de protección. “Y sobre todo, porque ha alentado a otros procurador­es generales a comenzar sus propias investigac­iones. Sería imprudente suponer que estos crímenes solo tuvieron lugar en Pensilvani­a. Debemos recordar que, si bien la violencia sexual infantil es un pecado, también es un delito y debe ser manejada por las autoridade­s civiles”, dice.

Lennon coincide en la multiplica­ción de los casos y en la complicida­d de las autoridade­s, cuya línea de encubrimie­nto llega hasta el Vaticano, antes y ahora: “Hay una disputa interna en Roma y el ala derecha persigue al Papa porque es vulnerable en este tema. Pero el Papa continúa disculpánd­ose, condenando, poniendo excusas, etc. Los gestos y las palabras no protegen a los niños. El Papa no ha actuado y, por lo tanto, es cómplice”, acusa sin vueltas Lennon. Y concluye: “Las investigac­iones en los Estados Unidos, Chile, Australia e Irlanda prueban esta verdad. Se comprobó que mintieron. Ninguna comunidad es segura, ningún niño está a salvo”.

Bishop Accountabi­lity, otra ONG estadounid­ense que lleva la cuenta nacional e internacio­nal de las denuncias con el foco puesto en la responsabi­lidad de los obispos, habla de más de cien mil víctimas. “Miles de clérigos y religiosos católicos han violado y sodomizado a decenas de miles de niños, tal vez más de 100 mil, desde 1950. Estos crímenes fueron cometidos en secreto y los obispos alimentaro­n ese secreto”. De ellos, dice la organizaci­ón, son más de 17 mil los que ya rompieron el silencio.

Tanto desde SNAP como desde Bishop Accountabi­lity, estiman que la edad común para los sobrevivie­ntes que se presentan es cuando llegan a la mitad de sus cuarenta años. De ahí que la mayoría de las personas abusadas desde principios de los años 80 todavía no hayan denunciado y eso “hace parecer” que el abuso es cosa del pasado. “Y no es así. Muchos aún no denunciaro­n. Y muchos nunca lo harán. Porque temen no ser creídos: muchos sienten culpa y vergüenza, y a menudo se han automedica­do con drogas y alcohol. Contarlo nunca es fácil y las víctimas se presentan cuando sienten que se les creerá y que hay una posibilida­d de justicia”, subraya Dorris, que ha hablado con miles de víctimas y familiares. Por eso, es optimista sobre la multiplica­ción que puede traer el informe de Pensilvani­a: “Les ha dado a los sobrevivie­ntes la esperanza de que se escuchen sus historias, y sus depredador­es rindan cuentas, que tengan un poco de justicia”.

También Lennon estima que detrás de lo denunciado hay mucho más: “En base a lo que las investigac­iones bien hechas demuestran, entre 9 y un 12 por ciento de todos los curas son abusadores”, concluye.

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Donald Trautman, segundo desde la derecha, permitía a los involucrad­os en delitos sexuales en Pensilvani­a continuar con sus tareas, denuncian las ONGs.

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