TRAS LA HUELLA DEL ÚLTIMO NAZI
Ecos del Tercer Reich. Durante la posguerra, se creó en Alemania una oficina que aún funciona como fiscalía y recorre el mundo en busca de los últimos nazis vivos. En el futuro, se convertirá en un centro de documentación, información y educación.
Cuando el Tribunal Federal de Justicia de Alemania condenó en el 2015 a un hombre como Oskar Gröning, el contable de Auschwitz, acusado de complicidad en el asesinato de miles de judíos, pocos sabían que, en las investigaciones previas a este juicio, uno de los últimos grandes casos recientes de persecución de antiguos nazis, había jugado un papel crucial una discreta oficina, la Zentrale Stelle, que actúa como fiscalía y que, pese a sus relativamente escasos recursos, recorre, aún hoy, medio mundo buscando a los últimos nazis vivos.
La Zentrale Stelle u Oficina Central de las Administraciones de Justicia Regional para el Esclarecimiento de los Crímenes del Nacionalsocialismo, fue creada a finales de 1958 por el gobierno de la entonces Alemania Occidental. Se encuentra en un señorial edificio situado en el centro de Ludwigsburg, estado de Baden-Württemberg, en el sudoeste de Alemania, a unos 12 kilómetros de Stuttgart. Casi nadie conoce su ubicación, mucho menos su actividad (ni siquiera los alemanes) y, sin embargo, durante 60 años ha realizado una misión: localizar criminales de guerra nazis con vida e iniciar las investigaciones preliminares para demostrar su culpabilidad y llevarles ante la justicia.
Numerosos casos históricos han pasado por las manos de los sucesivos directores y el personal de esta oficina, instalada en un caserón amarillo de tres pisos, protegido bajo estrictas medidas de seguridad y rodeado por los restos de la antigua muralla de esta ciudad barroca del siglo XVIII. Desde octubre del 2015, el director y fiscal jefe es Jens Rommel, abogado y fiscal alemán de 46 años, jovial, deportista y de buen talante. Es inevitable que le denominen cazador de nazis, pero dice que no se siente del todo identificado con el calificativo: “Soy un fiscal y, como tal, realizo mi trabajo de acuerdo con la misión que tengo encomendada, que consiste en perseguir criminales”.
Presiden su despacho 16 pequeñas banderas ubicadas en una mesa. “Estos son mis je- fes”, dice en un esforzado castellano de cortesía con fuerte acento germano. En Alemania, la competencia de la justicia reside en los 16 estados federados, los länder, que fueron quienes acordaron crear esta Oficina Central, en época del primer canciller de la República Federal Alemana, Konrad Adenauer, y a modo de organización común de todas las administraciones de justicia de la RFA para localizar y enjuiciar a los miles de nazis que habían escapado en la posguerra de tribunales como Núremberg o Dachau.
El impulso definitivo lo dio el escándalo que se produjo, a mediados de los años 50, al ser localizado en libertad un ex-comandante de las SS que, junto con otros diez miembros de su unidad, serían juzgados en Ulm (Alemania), en el histórico Juicio del Escuadrón, acusados por la masacre de más de 5.000 judíos lituanos en 1941. Este caso
aceleró la creación de la Oficina Central, que nació con limitaciones, ya que se le negó siempre la capacidad de enjuiciar a los criminales por sí misma. Realiza toda una labor de preparación, de investigación, pero no puede emitir órdenes de captura, ni instruir casos, ni generar denuncias.
Aun así, desde sus inicios, ha participado o colaborado con la mayoría de los procesos en Alemania Occidental, relativos a unas 120.000 personas acusadas de delitos penales, algunas incluidas en sumarios colectivos de mayores dimensiones.
Hoy los sospechosos son nonagenarios, por lo que su reloj biológico condiciona la existencia de la oficina. Por eso, dentro de no mucho tiempo, los “16 jefes” de Rommel tendrán que determinar cuál será el futuro de la institución cuando ya no queden criminales nazis vivos. Irremediablemente, la oficina se convertirá en un centro de educación, documentación e información, cuyo personal deberá tener un perfil profesional más pedagógico.
Rommel es el sexto director (previsiblemente, el último, al menos en la concepción actual de la oficina) y sabe que se habla del fin de la era de cazadores nazis. Incluso suena una fecha de cierre, el 2025. “Eso sería quizá un poco tarde… pero no se trata sólo de cerrar las actas y se acabó, sino de dar a la oficina otro enfoque para que tenga una importancia histórica”, explica el fiscal (que no tiene relación alguna con el famoso mariscal Rommel, el “Zorro del Desierto”). Mientras, la oficina continúa realizando sus preinvestigaciones con un presupuesto anual de 1,2 millones de euros tanto para su funcionamiento como para el archivo. Cuenta con dos equipos, un total de 21 personas entre plantilla y personal de apoyo. En su época dorada, en los años 60, empleó a 121 personas, de las que 49 eran jueces y fiscales.
Rommel y sus seis fiscales recorren el mundo en busca de pruebas, testigos, consultando archivos, cualquier detalle que les pueda dar la pista de miembros del Tercer Reich aún vivos en Alemania, Europa del Este, Sudamérica… Viven sumidos en listados y documentos, intentando esclarecer qué pasó, en qué lugar y quién podría estar implicado. Su actividad se parece más a un filme detectivesco del pasado que a la investigación policial de la era digital.
“Lo que se ha logrado reunir en el curso de estos 60 años es algo único. Es la perspectiva estatal de lo que fueron crímenes masivos de toda una época”, dice el fiscal jefe, que asegura que lo importante es que de momento siguen actuando y que tienen el deber de hacerlo hasta el último minuto.
¿Quedan altos rangos nazis que puedan ser capturados y llevados ante un tribunal? La respuesta es no. Hoy tan sólo es posible, salvo rara excepción, localizar jerarquías de segundo nivel, pocas, como por ejemplo guardianes, médicos, operadores telefónicos… Uno de los últimos en quedar en manos de los jueces alemanes es Jakiw Palij, un guardia del campo de Trawniki (Polonia), de 95 años, expulsado por EU.UU. en agosto. Sin embargo, parece difícil que las autoridades germanas terminen juzgándolo porque no hay pruebas suficientes.
Los fiscales han recorrido durante décadas diversos países de Sudamérica, adonde escaparon nazis como Adolf Eichmann, capturado por el Mossad israelí en Buenos Aires en 1960. Han buscado exhaustivamente las huellas de culpables a través de los archivos, siguiendo los movimientos migratorios tras la Segunda Guerra Mundial en Uruguay, Chile, Perú, Bolivia y Brasil. A mediados del 2017, trabajaron durante semanas en Buenos Aires, revisando el Archihaber vo General de la Nación y recopilando cientos de nombres. Determinaron que no tenían sospechosos vivos. “El año pasado terminamos nuestra investigación en la Argentina; ahora consideramos llevar a cabo un último viaje a Brasil, para concluir nuestras investigaciones en Sudamérica”, detalla Rommel.
Desde el 2000, la oficina comparte espacio con una sucursal de los Archivos Federales (Bundesarchiv), cinco archivadores e historiadores garantizan la conservación de los documentos y el procesamiento de las actas. “Los archivos aquí recopilados son históricos”, afirma Rommel mientras desciende al sótano por las escaleras, hasta lo que describe como “la joya de la corona”, una enorme base de datos en grandes archivadores metálicos que contienen indexadas 1,7 millones de tarjetas o fichas. Contiene todas las informaciones impresas en fichas de papel escritas a máquina desde 1958. Este sistema permite una localización exacta, clasificada por distintas materias, unidades del ejército, lugares e identificaciones de más de 700.000 nombres de personas, incluyendo criminales y testigos (generalmente las propias víctimas).
Rommel abre un archivador y extrae una tarjeta amarilla. Corresponde al ucraniano John Demjanjuk, exguardia del campo de exterminio de Sobibor, en la Polonia ocupada, juzgado en el 2011 con 91 años y fallecido durante el proceso. Es un nombre significativo porque, tras un declive de la Oficina Central durante años, este caso reflotaría los intentos para responsabilizar a los exnazis por su trabajo en los campos, como cómplices de asesinatos.
Cada ficha, como la de Demjanjuk, indica un número de acta, donde se encuentra la documentación, el juicio, el fallo y otros muchos datos en alguna de las más de 9.600 cajas de cartón etiquetadas y ubicadas en extensas estanterías situadas en la primera planta. Es información de gran importancia histórica y legal, guarda colecciones de documentos, miles de declaraciones. Esta zona de la oficina almacena aproximadamente 800 metros lineales de archivos. Existe también una copia de este material en un microfilme en un lugar secreto.
En los años 60, los de mayor actividad de la Oficina de Ludwigsburg, tuvieron lugar los juicios de Auschwitz (1963-1965) en medio de una gran expectación y proyección internacional que, con el tiempo, daría paso, lentamente, a una conciencia crítica del pasado. El varapalo, sin embargo, se produjo en 1965 con la absolución de Willi Schatz, dentista de Auschwitz y miembro de las SS, al no considerarse delito haber trabajado en un campo de concentración. Podía ser cómplice o instigador de asesinato, pero era un término no contemplado por el derecho alemán. Entonces, miles de sospechosos evadieron la justicia y el trabajo en la oficina disminuyó hasta ser prácticamente invisible durante las siguientes décadas.
Sin embargo, nuevos nombres aparecieron en escena en el siglo XXI, de acuerdo con la nueva argumentación legal alemana de culpabilidad por complicidad. Cualquier guarda o trabajador de un campo de concentración o de exterminio, aún sin ser criminal directo, podía ser acusado por los asesinatos registrados en el lugar. Este enfoque permitió nuevas acusaciones, dando lugar a una serie de juicios tardíos, no siempre bien vistos por toda la sociedad.
En el 2013, el antecesor de Rommel, Kurt Schrimm, anunciaba la lista de 40 antiguos guardias de Auschwitz a los que perseguir como sospechosos por delito de colaboración en las masacres del Tercer Reich. Tres años después, el propio Rommel anunció la identificación de ocho personas, cuatro hombres y cuatro mujeres, sospechosas de trabajado en el campo de Stutthof, en la Polonia ocupada, como guardias, secretarias y operadoras de telefonía entre otros puestos.
De esos ocho nombres, Rommel explica que sólo dos casos han prosperado ante un tribunal y los otros seis siguen todavía su curso en las investigaciones de las fiscalías.
¿Y qué ha ocurrido con la lista de Auschwitz? 30 procedimientos fueron transferidos a las fiscalías correspondientes, pero sólo cinco personas fueron acusadas y juzgadas. Dos fueron sentenciadas: Reinhold Hanning, de 95 años, condenado en junio del 2016 (falleció ese mismo año) por haber facilitado el asesinato de 170.000 personas, y Oskar Gröning, muerto en marzo del 2018 antes de entrar en prisión.
Son exponentes de los juicios tardíos por crímenes nazis abiertos tras el precedente de Demjanjuk. “Los otros casos de aquella lista de Auschwitz han terminado porque ya no viven o están incapacitados. Pero desde entonces, hemos encontrado otros sospechosos”, precisa.
El tiempo transcurre, las investigaciones requieren años y los procesos judiciales son largos, con sus apelaciones correspondientes. La mayoría de los acusados, de entre 91 y 99 años, son declarados incapacitados o perecen antes de entrar en prisión, generándose así el debate moral de si es lícito encarcelar a nonagenarios después de 73 años del final de la Segunda Guerra Mundial y la liberación de los campos de concentración y exterminio.
“En estos momentos hay cuatro procesos que ya han pasado a los tribunales: uno de Majdanek, otro de Auschwitz y los dos mencionados de Stutthof. Hay otros casos abiertos de Ravensbrück, Mauthausen y Auschwitz, en los que la Oficina Central ya ha transferido sus investigaciones a las fiscalías competentes. Y siempre observamos e investigamos hechos y nombres de los campos de concentración de Sachsenhausen, Mittelbau, Groß-Rosen, Flossenbürg, Neuengamme y Bergen-Belsen, especialmente del personal que allí trabajó. El intercambio es continuo”, afirma el director de la oficina, que coopera con distintos países, instituciones privadas como el Centro Simon Wiesenthal de Israel y organismos públicos como la Comisión de Investigación del Instituto para la Memoria Nacional de Polonia (IPN).
Fue la Fiscalía de Polonia quien, en el 2017, solicitó a las autoridades estadounidenses la extradición de un exoficial SS, Michael Karkoc, presuntamente implicado en la matanza de civiles. La Oficina Central colaboró con la Fiscalía de Munich para esclarer el caso, que se da por terminado debido a la incapacidad física del sospechoso.
Algunas investigaciones, muy pocas, siguen hoy su lento trámite y, ocasionalmente, aparecen algunos titulares que evidencian que las autoridades germanas y el mundo en general todavía no han cerrado este trágico capítulo histórico, inacabado para las víctimas y sus descendientes.
El tiempo se agota; los testigos y los sospechosos desaparecen. ¿El mundo está preparado para superar el estigma del nazismo? Admonición. Esta palabra bien podría definir el futuro de la Oficina Central como un lugar para recordar el mal, aquel pasado, y advertir a las nuevas generaciones para que no suceda de nuevo.
“Estamos llegando al final del cronograma para hacer acusaciones, pero mientras haya alguien a quien podamos llevar ante un tribunal vamos a seguir con esta tarea. Lo importante es saber que esto, sin importar cuánto tiempo dure, se ha hecho o se ha intentado hasta el final”, dice Jens Rommel.