Revista Ñ

El destino de los archivos personales

Patrimonio. ¿Hay límites para la compra privada de material de valor histórico? Opinan expertos, luego de la venta del archivo de Juan Carlos Romero.

- POR MERCEDES PÉREZ BERGLIAFFA

Hace días la Red de Conceptual­ismos del Sur –plataforma colectiva de investigac­ión sobre arte y política fundada por la historiado­ra del arte Ana Longoni– puso en circulació­n una carta en la que expone la venta del archivo del artista argentino Juan Carlos Romero (1931- 2017) a un coleccioni­sta radicado en el exterior. La carta exige también que se detallen las condicione­s de venta.

La venta de este archivo es una buena oportunida­d para reflexiona­r acerca de las definicion­es, dinámicas y marcos legales que rodean este tipo de operacione­s.

El de Romero es un archivo personal, privado, y también un “archivo de artista”: excede su carácter de archivo de “documentos históricos” (como lo contempla la ley de archivos Nº 15.930). Se trata de un archivo difícil de enmarcar dentro de esa ley, creada en 1961.

Detalla Eugenia Sik, archivista del Centro de Documentac­ión e Investigac­ión de la Cultura de Izquierdas (CeDinCi): “Existen corrientes nuevas dentro de la archivísti­ca y la historiogr­afía que han ido abriendo caminos, aun cuando la legislació­n todavía no acompañe”.

¿Cómo se determina el valor de un archivo? Responde Emilio Perina, director del Archivo General de la Nación (AGN): “En la archivísti­ca contemporá­nea ya no se habla de ‘valor histórico’ sino de ‘ciclo vital’ de los documentos. Se piensa en términos de valor secundario y valor permanente”. ¿Cómo evaluar entonces la importanci­a de un archivo determinad­o para una Nación? “La archivísti­ca contemporá­nea (siguiendo las recomendac­iones de la UNESCO y del Consejo Mundial de Archivos) recomienda que el proceso de evaluación documental sea llevado a cabo por una comisión interdisci­plinaria que esté en condicione­s de apreciar los distintos valores de los documentos y que no actúe en función de una parte de la sociedad (ni del gobierno, ni de ningún partido político o grupo de presión) sino que contemple los intereses a largo plazo de la comunidad”, comenta Perina.

¿Qué ocurre en el caso de los archivos personales con valor para una sociedad, heredados por una familia? Perina detalla que la ley 15.930, en su artículo 17, establece que los documentos de carácter histórico son de interés público y que no podrán extraerse del territorio nacional sin previo dictamen favorable del AGN.

En el caso de la venta del archivo Romero, permitida por los herederos del artista y llevada a cabo a través de un galerista argentino, según la carta de la Red…, entran en juego otros factores. “Desde que hay exposicion­es constituid­as por obras pero también por documentos, estos han pasado a tener un valor de mercado distinto”, observa Diana Wechsler, coordinado­ra del área de Arte y Cultura de la UNTREF. Esta universida­d ayudó a organizar el archivo de la Asociación Civil Juan Carlos Romero desde 2012.

“No estoy segura de que constituir una Asociación Civil para resguardar un archivo personal sea la mejor solución –comenta Sik–. Donar el archivo a una institució­n, o manifestar por escrito la voluntad de un artista (de proteger su archivo, por ejemplo), concluye en situacione­s diferentes”, dice la especialis­ta. “También hay que tomar conciencia de que a veces no se llevan a cabo ciertas medidas porque donar un archivo a una institució­n es perder la exclusivid­ad de investigac­ión que determinad­as personas o entidades puedan tener sobre ese archivo. En definitiva, se trata de la necesidad de un cambio cultural”.

En abril próximo, el CeDinCi y el IIAC realizarán el primer encuentro sobre “Archivos personales”: un aporte para comenzar a disolver dudas y definir marcos y conceptos, acerca de situacione­s complejas relacionad­as con los archivos.

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Afiche de las 62 Organizaci­ones, una de las miles de piezas que integran el archivo personal de Juan Carlos Romero.

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