El rédito político de lo incorrecto, ante la tribuna...
¿Cómo fue que lo “políticamente correcto” (PC), una idea que boyaba entre la autoironía progresista y la sensibilidad hacia el otro, se convirtió en un monstruo al acecho de la libertad de expresión? Esto fue el resultado del paciente y tenaz martilleo de programas de radio y televisión que denunciaron la obsesión de la izquierda por censurar el lenguaje. El resultado es evidente: pensar el modo en que nos referimos a los otros y ser sensibles al impacto de las palabras se volvieron sinónimos de fundamentalismo ideológico, patrullaje verbal y silenciamiento de voces auténticas. Así, no sorprende que, para muchos, oponerse a lo PC es sinónimo de ser rebelde y auténtico. Hablar sin considerar el impacto de las palabras es un acto transgresor en defensa de la libertad de expresión.
La idea de “políticamente correcto” ingresó en el vocabulario popular en Estados Unidos hace tres décadas. Desde entonces, se convirtió en bandera de la reacción conservadora contra el progresismo. La presidencia Trump es el ejemplo más notable de este proceso. Si hay un adjetivo que caracteriza a Trump es justamente ser el presidente anti-PC. Su breve carrera política esta jaloneada por dichos deliberadamente contrarios a lo “políticamente correcto”. Durante la campaña electoral, el entonces magnate inmobiliario dijo: “Un gran problema que este país tiene es ser políticamente correcto… No tengo tiempo para la corrección política y, para ser franco, este país tampoco”. Después de que un hombre matara a 49 personas en una discoteca gay en Orlando, en 2017, Trump acusó al “terrorismo musulmán” y reconfirmó su rechazo a “ser políticamente correcto”.
Trump se jacta de ser anti-PC. Utiliza la expresión como epíteto contra sus adversarios. Sus insultos contra mujeres, afroamericanos, inmigrantes, personas con discapacidades, musulmanes y otros grupos ejemplifican su cruzada anti-PC. Esto le otorga credibilidad como político que habla “con naturalidad”, sin tapujos ni pudor, sin restricciones constreñidas por “el que dirán” y lo “socialmente aceptable”. Su trasgresión verbal, genuina o calculada, genera aprobación entre sus admiradores.
Sin embargo, ser anti-PC no es un invento trumpista. Desde hace tiempo, lo PC tiene un sentido claro en la política conservadora, asociado al supuesto intento de la izquierda de controlar el pensamiento y las palabras. Lo “políticamente correcto” se entiende como una conducta artificial: disfraza lo que realmente se piensa. Al denunciar lo PC, la derecha se presenta como héroe de la libertad de expresión, un valor sagrado de la democracia.
Que lo PC sea sinónimo de autocensurafue una notable inversión semántica. Medio siglo atrás, el término era utilizado con ironía entre gente de izquierda para denunciar un accionar que entraba en colisión con la coherencia ideológica. Una forma de referirse con un guiño cómplice a formas de actuar contrarias a la ortodoxia de las creencias y la retórica: eco-activistas con autos que gastan exorbitantes cantidades de nafta, socialistas con gusto capitalistas, bohemios que explotan a trabajadores domésticos. Era admitir sarcásticamente la contradicción entre convicción y conducta.
Posteriormente, lo PC se asoció con filosofías que sostienen que las palabras tienen consecuencias en la forma de pensar la realidad. Según los obreros de la deconstrucción del lenguaje, las palabras no son ideológicamente inocentes, sino que influyen en la comprensión del mundo y moldean pensamientos. Es un acto político llamar a otros con vocabulario despectivo sobre su afiliación religiosa, origen nacional, o identidad sexual. Las palabras importan: marcan lugares, percepciones y posiciones sociales, lastiman o enaltecen, reconocen o invisibilizan. La ofensa verbal es la materia prima del discurso del odio, preocupante si consideramos los niveles de intolerancia en nuestras sociedades, tan multiculturales y heterogéneas.
La reacción libertaria explica por qué ser anti-PC produce rédito político. Trump acaba de firmar una orden que prohíbe que las universidades que “coartan la libertad de expresión” reciban fondos del gobierno federal. El contexto son casos de universidades que cancelaron a conferencistas conservadores, abiertamente anti-PC, después de protestas estudiantiles. El posible impacto de esta decisión presidencial en las universidades es incierto, pero es una jugada perfecta para la propia tribuna.