ALFONSÍN, UN LÍDER PONDERADO DESDE YALE
Después de una semana de homenajes por los diez años de su muerte, Owen Fiss –un notable académico de EE.UU.– trazó un perfil que cubre de gloria al expresidente.
El año 1985 representó un momento extraordinario en la historia argentina. Un tribunal civil constituido conforme a la ley, actuando sin el apoyo de un ejército conquistador, llamó a rendir cuentas a los militares de más alto rango de la Nación por las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante su reino de terror. Innumerables personas fueron responsables de este extraordinario acontecer. De hecho, uno podría felicitar a todo el pueblo argentino, entendido como una entidad moral, por lo ocurrido. Sin embargo, un individuo, Raúl Alfonsín, se ubica por sobre el resto, en la medida en que fue el representante de este hecho histórico, y la cátedra creada en su nombre le confiere el reconocimiento que justamente merece.
Como candidato en las elecciones que ocurrieron tras el anuncio de los generales de que abandonarían el poder, Alfonsín prometió llamar a los militares a rendir cuentas por sus abusos en materia de derechos humanos, y tras ser electo hizo todo lo que pudo para cumplir con su promesa. Convocó a una comisión encabezada por Ernesto Sabato para investigar qué había ocurrido con incontables personas desaparecidas durante la dictadura; solicitó al tribunal militar que se iniciaran los procedimientos contra las fuerzas de seguridad responsables por crímenes de lesa humanidad; y cuando dicho tribunal se rehusó a avanzar, convocó a un tribunal civil para que los juzgara en pleno centro porteño.
Alfonsín miraba hacia el futuro. No buscaba retribución, aunque entendía –de un modo que un Presidente tan sabio como Barack Obama nunca entendió– que lo que un régimen haga acerca del pasado determinará lo que ocurra en el futuro. El Juicio a las Juntas impulsado por el presidente Alfonsín no apuntaba solamente a disuadir futuras violaciones de derechos humanos, sino que ademas –y lo que es más importante– aspiraba a definir el tipo de sociedad que él buscaba hacer realidad. Como dijo en la clase “Construyendo Democracia” –que dictó en 1987 en la Universidad de Yale y como demostró a través de sus esfuerzos– él concebía la seguridad y la santidad de los derechos humanos como un componente esencial de aquella sociedad. El juicio de 1985 que tuvo lugar en Buenos Aires dio fuerza y significado concreto al “Nunca Más”.
Es habitual referirse al Juicio a las Juntas como una instancia de “Justicia Transicional” y, de hecho, ese suceso histórico puede haber dado surgimiento a dicho término. No tengo ninguna objeción a esa práctica, en la medida en que se entienda que la palabra “transicional” no constituye una licencia para escatimar en los requerimientos del debido proceso, ya que sin los procedimientos justos que deben ser meticulosamente observados en un proceso penal, la Justicia nunca será alcanzada. Por el contrario, el término “transicional” se refiere a la ambición del juicio penal que se había iniciado, que era justamente efectuar la transición de la dictadura a la democracia.
Dado este propósito, Alfonsín entendió que los juicios de derechos humanos constituían solo un componente de lo que era necesario para construir democracia. Era necesario también prestar atención a las necesidades económicas y sociales del país, y a su vez reparar los mecanismos provistos por la Constitución para coordinar el trabajo de los poderes legislativo y ejecutivo. Es por eso que, al mismo tiempo que impulsó el juicio contra los militares –de por sí una arriesgada y frágil empresa–, Alfonsín creó una comisión para formular pro
puestas para reformar la Constitución. Es por eso que él buscaba asegurar que los esfuerzos para enjuiciar a los militares por violaciones de derechos humanos no consumieran todo el oxígeno disponible en la esfera pública. Y es por eso que insistía en que esos juicios debían llegar a un fin en algún momento, y en que los fiscales debían ser selectivos y apuntar solo contra quienes ostentaban mayores responsabilidades por los abusos más atroces que ocurrieron durante la dictadura.
Alfonsín apoyó la Ley de Punto Final que fue sancionada y promulgada en diciembre de 1986, un año después del veredicto del juicio. La Ley de Punto Final requería que las acusaciones por violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar fueran iniciadas dentro de los 60 días de la promulgación de la ley, o de lo contrario caducarían por siempre. Esta ley tuvo como efecto un incremento en el número de acusaciones –ascendiendo a alrededor de 400– que fueron iniciadas en un lapso breve y que alcanzaba a oficiales de rangos medios y bajos.
En Semana Santa de 1987, un grupo de oficiales militares que fueron conocidos luego como “Carapintadas” respondieron hostilmente a las nuevas persecuciones penales iniciadas como consecuencia de la Ley de Punto Final, y se sublevaron. Algunos de ellos incluso rechazaron cumplir con decisiones judiciales que les ordenaban presentarse ante autoridades judiciales. En consecuencia, el significado del juicio de 1985 y la legitimidad del programa de justicia transicional de Alfonsín fueron puestos en peligro. En el presente, nos referimos a las acciones de los Carapintadas como un motín, pero durante el viernes santo y el sábado siguiente, el desafío parecía mucho mayor. Muchos temían un golpe.
Al menos 400.000 ciudadanos argentinos tomaron las calles de Buenos Aires, primero en la plaza frente al Congreso, y luego frente a la Casa Rosada. Los manifestantes apoyaron a Alfonsín y su estrategia de crear un nuevo capítulo democrático en la historia argentina. Parecía como si el juicio de 1985 –“Nunca Más”– hubiera tenido un efecto importante en la conciencia popular. Para el domingo por la mañana, el levantamiento había quedado confinado a un número limitado de cuarteles, incluyendo Campo de Mayo. Pero el Ministro de Defensa no pudo enviar tropas a esos enclaves rebeldes. Entonces, Alfonsín voló desde la Casa Rosada a los cuarteles rebeldes y allí conversó con los líderes carapintadas.
La historia nunca sabrá qué se discutió en esas reuniones y si la Ley de Obediencia Debida –aprobada en junio– fue el precio que Alfonsín pagó para lograr que los soldados bajaran las armas. Luego, el Presidente voló a la Casa Rosada y dijo a quienes estaban reunidos en Plaza de Mayo: “La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Le pido al pueblo que ha ingresado a Campo de Mayo que se retire. Es necesario que así se haga. Y le pido a todos ustedes: vuelvan a sus casas a besar a sus hijos, a celebrar las Pascuas en paz de la Argentina”.
Yo me encontraba en la Argentina durante Semana Santa. Con anterioridad en esa semana, junto con Carlos Nino y Thomas Nagel, dos de los filósofos más distinguidos del mundo, nos reunimos con el presidente Alfonsín en la Casa Rosada. Tuvimos en ese momento crítico de la historia argentina un agitado debate con el Presidente –propio de un seminario de teoría política de una universidad– acerca de la teoría democrática de Joseph Schumpeter, un economista que, muy a pesar del Presidente, concebía la democracia como nada más que una competencia entre elites. Nagel y yo emprendimos nuestro viaje de regreso a EE.UU. en la noche del sábado, mientras el destino de la democracia argentina era aún incierto. El lunes, el New York Times publicó en primera plana una nota acerca del osado y valiente viaje realizado por Alfonsín a los cuarteles sublevados y cuando leí su pedido a sus compatriotas –“vuelvan a sus casas a besar a sus hijos, a celebrar las Pascuas en paz...”– me dije: “Qué gran hombre. Qué gran líder”.