MILITAR DONDE EL ABORTO ES ILEGAL
Sara García Gross. La psicóloga y activista de El Salvador, hoy residente en Buenos Aires, analiza la situación de las mujeres en uno de los seis países de Latinoamérica que condenan la interrupción voluntaria del embarazo.
El Salvador ha decidido que la vida de las mujeres no importa”, dice la psicóloga y activista feminista Sara García Gross. Desde hace una década, milita en su país la despenalización del aborto en cuatro causales relacionadas con la salud y vida de las mujeres y con la violencia sexual. Además, trabaja junto a distintos colectivos por la libertad de más de una treintena de mujeres que, luego de experimentar abortos espontáneos, partos extrahospitalarios y emergencias obstétricas, fueron encarceladas con penas de hasta 40 años. Por su tarea en El Salvador y en la región, recibió en enero el Premio Simone de Beauvoir para la libertad de las mujeres –la primera vez que se otorga una referente de América y El Caribe–. En diálogo con Ñ, afirma que la distinción es a una lucha colectiva por los derechos de las mujeres en un país que, según la Organización Mundial de la Salud, forma parte de un 3% que todavía sostienen la cárcel como penalización a toda forma de aborto.
García Gross nació en Chalchuapa, una ciudad de casi setenta mil habitantes, próxima a la frontera norte con Guatemala y a 78 kilómetros de la capital. Su infancia transcurrió durante la guerra civil en la década de 1980, que en 12 años dejó más de 75.000 muertos. Fue recién a partir de su involucramiento con el movimiento feminista que pudo releer ese pasado de violencias: “A través de las experiencias de compañeras que habían militado en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que participaron en los acuerdos de paz e ingresaron al juego político de la nueva etapa construyendo espacios feministas, pude ponerle nombre a todas esas opresiones que vivieron y siguen viviendo las mujeres, porque el fin de la guerra no trajo la paz para nosotras”, dice.
Paradójicamente después de 1992, para las mujeres las promesas de mayor democratización terminaron por convertirse en vulneraciones al reconocimiento de la autonomía sexual y reproductiva. De forma temprana, en diciembre de 1993, por iniciativa de la ONG Sí a la Vida y respaldada por diputados de ARENA y la Democracia Cristiana, la Asamblea Legislativa declaró el 28 de diciembre el Día del Derecho a Nacer. Si en el Código Penal de 1973 se preveía
una serie de causales de no punibilidad, y exceptuaba de pena a los abortos culposos, terapéuticos, por violación y eugenésicos, desde su reforma en 1998 –encabezado por el partido conservador Alianza Republicana Nacionalista, entonces gobernante– el aborto es ilegal en El Salvador en todas las circunstancias. Sumado a esto, un año después, el escenario se agravó aún más: con la reforma de la Constitución se declaró constitucionalmente el derecho a la vida “desde la concepción”.
Las consecuencias de ser uno de los seis países en Latinoamérica donde la interrupción voluntaria del embarazo es ilegal están a la vista: según un informe de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, 147 mujeres fueron procesadas por aborto (48%) o por homicidio agravado (47%) entre 2010 y 2014. En esas historias, pueden leerse factores comunes: la mayoría de ellas son jóvenes, viven en condiciones de pobreza y han accedido a un bajo nivel educativo. La cantidad de procesamientos debe leerse en un contexto en el que, si bien no existen datos ni estimaciones oficiales, la Agrupación había estimado para septiembre de 2015 una cifra de 35 mil abortos inseguros realizados anualmente.
–Pasaron casi dos décadas y el escenario legislativo no se ha modificado. ¿Cómo explicar ese proceso a pesar de los cambios partidarios? –Durante la guerrilla nos dijeron que los reclamos por los derechos de las mujeres debían esperar, porque se desviaban de la lucha principal. Después de los acuerdos de paz, tampoco fue el momento de hablar. Tuvimos durante una década un gobierno de izquierda y recién en 2016 se trató por primera vez un proyecto por interrupción del embarazo. En todo este período, el aborto no se ha sostenido como un tema de derechos humanos, y es importante decirlo: se ejerce una violencia de estado contra las mujeres. Por eso no puede estar ligado a coyunturas políticas o a una elección.
La paz sin voz no es paz, es miedo. Para romper el silencio institucional, distintos colectivos tomaron en agenda el reclamo. García Gross se involucró en 2009 en la Escuela de Debate Feminista impartido por Las Dignas, colectivo presidido por Morena Herrera, que había participado en la guerrilla durante la guerra y es precursora y referente del movimiento feminista en El Salvador. Ese año significó un antes y un después en el movimiento: el poder judicial absolvió a Karina Herrera Clímaco, que había sido condenada en 2002 a treinta años de prisión efectiva por “homicidio agravado por el vínculo” por la muerte de su hija recién nacida, luego parto extra hospitalario. Tras siete años en la cárcel, los jueces reconocieron que no hubo homicidio y que la bebé murió al nacer, y ordenaron su libertad.
Muchas de las mujeres involucradas en la absolución de Karina participaban de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, organización creada en 2009 y de la que hoy García es Coordinadora de Incidencia Política. En 2014, junto a la Colectiva Feminista, lanzaron la campaña “Las 17”, por la libertad de 17 jóvenes que vivían en situación de pobreza y por sufrir una emergencia obstétrica fueron denunciadas, procesadas y condenadas. Con el tiempo, al recabar más casos de mujeres que transitaron del hospital a la cárcel, el movimiento se transformó en “17 y más”: hasta hoy han conseguido que 33 mujeres recuperen su libertad, llevando 11 casos ante la CIDH.
La Agrupación Ciudadana, además, ha trabajado en la transformación de los marcos normativos restrictivos centrándose en el trabajo en el territorio: “No se puede aspirar a transformar si no se hace desde lo cotidiano y desde lo comunitario”, dice. Para ella, la tarea está en la reforma de la Ley, pero también en construir otros imaginarios y formas de ver la realidad de un país que tiene la tasa más alta tasa de feminicidios de la región: según un informe de
CEPAL, en 2017 y 2018 en El Salvador hubo 345 y 353 feminicidios respectivamente: 10,2 por cada 100.000 mujeres. Además, según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, entre 2015 y 2017 trece mujeres fueron víctimas de alguna forma de violencia sexual en El Salvador, y entre enero y agosto de 2018 se registraron 2856 denuncias por violencia sexual.
–¿Como defensora de los derechos de las mujeres, ¿qué significa poner el cuerpo en El Salvador?
–Sea en situaciones como movilizaciones o protestas, significó no solo un hecho político en el espacio público, sino también sumergirnos en un contexto hostil y recibir amenazas de distintos grupos sociales, mismo del poder judicial bajo la figura de apología del delito, que buscan criminalizarnos; toda una serie de situaciones que dificultan la defensa de derechos humanos. En un país donde la violencia sexual y social está tan encarnada, nos tocó pasar de pensarnos solas a vernos desde colectividad, de un cuerpo colectivo.
En ese trayecto, García participó en distintos canales y niveles: en foros internacionales, en ciclos de radios comunitarias, movilizaciones, acompañamiento a familias, en la construcción de lazos. Uno de los últimos fue el de Imelda Cortez, que había sido abusada sexualmente desde los 12 años por su padrastro y, en 2017, en su casa, expulsó a su hija en una letrina y se desmayó. Estuvo casi dos años encarcelada en el penal de San Miguel en El Salvador bajo la acusación de “tentativa de homicidio agravado”, hasta que recuperó su libertad en diciembre del año pasado. En todo ese proceso, además de brindar asesoría legal, la organización tejió un vínculo con su abuela y con el movimiento de mujeres de la región rural de donde eran: hicieron un tribunal simbólico en el que participaron todas las de la comunidad para pensar en otra justicia, una justicia que las representara.
“Para mí, ser feminista pasa por construir redes y propuestas políticas, que pongan en tensión las lógicas del estado nación. Creo que las feministas hemos tejido una red latinoamericana y caribeña que permite dar respuestas colectivas ante las violencias”, explica.
García reside desde octubre en Buenos Aires, donde cursa la Maestría en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y el Caribe en la Universidad Nacional de San Martín. En su estadía, participó en distintos espacios, siempre con la premisa de sostener una mirada centroamericana de ver el mundo y de que, a la vez, el tejido social que construye el feminismo no puede estar enmarcado en los 21.000 km2 que abarca El Salvador.
–¿Cómo se leyó el debate legislativo y social argentino sobre la interrupción voluntaria del embarazo en El Salvador?
–Como salvadoreñas y centroamericanas seguimos de cerca el debate en el Congreso por el aborto legal, seguro y gratuito. Nos manifestamos frente a la embajada argentina, realizamos distintas acciones y, si bien no se logró, retomamos la consigna “en la calle ya es ley”, porque el aborto se despenalizó en las conciencias. Tomamos el proceso como positivo porque permitió ver el aborto como un derecho.
Con los pies en Buenos Aires, pero con la mirada puesta también en El Salvador, García reflexiona sobre los cambios políticos en el país, la reciente victoria presidencial del ex alcalde de San Salvador Nayib Bukele, y los desafíos de la agenda feminista en su país, que el próximo año será la sede del 15° Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe: “El partido que gobernará, GANA, no se ha caracterizado por ideas progresistas ni por tener una perspectiva de Derechos Humanos en su agenda. En un país que viola derechos sexuales y derechos reproductivos, y en el que el año pasado se reportaron más de 1300 embarazos en niñas y adolescentes, el movimiento feminista mantendrá una posición crítica y a la expectativa.