Sinaloa en llamas es el nombre de un estrepitoso fracaso colectivo
Análisis. El escándalo del Chapito Guzmán, apresado y luego liberado, prueba la incapacidad del Estado mexicano para capturar a un delincuente y proteger a sus ciudadanos del poder narco, según el autor, jurado del Premio Clarín Novela.
Tras largas horas de confusión, con Sinaloa en llamas, al fin tenemos una idea más o menos clara de lo ocurrido: el Estado mexicano decide capturar a uno de los delincuentes más buscados del país, Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante estrella de nuestro tiempo, El Chapo. El operativo, mal planeado y peor ejecutado, consigue su detención, que muy pronto se ve contrarrestada por el vigoroso asalto de diversos grupos armados, los cuales no tardan en doblegar a las fuerzas de seguridad. Ante el inminente peligro de que los enfrentamientos se cobren más víctimas civiles, el gabinete de seguridad del país, con aprobación del Presidente, decide la liberación del criminal.
En la refriega, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, flanqueado por tres militares del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, y el director del Centro Nacional de Inteligencia, ofrece una errática conferencia de prensa donde afirma que, identificado por casualidad en un operativo de rutina, la captura de Ovidio Guzmán fue la causa de la ola de violencia en Culiacán, sin aclarar si éste se encuentra o no detenido.
No es sino hasta el día siguiente que, en su habitual conferencia de prensa, el Presidente confirma que el criminal fue dejado libre “para proteger la vida de las personas”. Poco después, el gabinete de seguridad rectifica y, en un raro –pero no menos escandaloso– mea culpa, confirma que el operativo sí buscó la captura de Guzmán y reconoce su “precipitada” implementación.
Sinaloa en llamas es un estrepitoso fracaso. El fracaso del Estado mexicano, incapaz de capturar a un delincuente y proteger la vida de sus ciudadanos. El fracaso, sin duda, de los dos gobiernos anteriores, en particular el de Felipe Calderón, torpe iniciador de la guerra contra el narco, pero también el de Enrique Peña Nieto, que se conformó con disminuir su perfil mediático preservando los principios de su predecesor. Y el fracaso, qué duda cabe, de la administración de Andrés Manuel López Obrador, que tampoco modificó, en contra de lo que prometió en campaña, la estrategia meramente punitiva en el combate al crimen organizado.
Sinaloa en llamas señala nuestro fracaso colectivo. El de una sociedad que, pese a los 250 mil muertos y 60 o 70 mil desaparecidos acumulados desde el 2006, no ha sido capaz de obligar a sus gobernantes a modificar sus ideas de seguridad y justicia. El de una sociedad que, frente a los desastres de estos 13 años, no ha sabido organizarse para exigir un cambio radical en las medidas adoptadas por tres partidos distintos para enfrentar las consecuencias de la guerra contra el narco. El gobierno de López Obrador no es el culpable de lo sucedido, pero es claro –y desolador– que, al concentrarse en la creación de un nuevo cuerpo de corte militar, la Guardia Nacional, desentendiéndose de la legalización de las drogas y la justicia transicional anunciadas por su secretaria de Gobernación, y manteniendo la desmedida influencia del Ejército, sí es ahora responsable de ese inmenso error, que ha dejado como saldo ocho muertos y numerosos heridos.
Lo más trágico es que Sinaloa en llamas ofrece un resumen perfecto, en miniatura, de estos años de plomo. La improvisación de esta acción calca, en pequeño, la de los operativos conjuntos de Calderón en 2006. No adivinar la respuesta a una acción de tal envergadura merecería la renuncia de todos los responsables de seguridad. La mentira inicial, según la cual Guzmán López fue detenido por accidente, repite las pronunciadas una y otra vez por los subordinados de Calderón y Peña, y también bastaría para provocar esas renuncias. Los muertos y heridos son los mismos que se suman –y luego olvidan– desde 2006. Y la liberación del Chapito no es sino el mayor símbolo de la impunidad que prevalece en el país.
Dura lección que el gobierno de López Obrador, que tantas esperanzas sigue concitando en la mayor parte de los ciudadanos, debe aprender. El camino del pasado se ha revelado inútil y pernicioso. México merece intentar uno nuevo: el que él mismo esbozó antes de su llegada al poder.