MÁS DERECHOS EN LAS CÁRCELES
Pandemia. La emergencia sanitaria agudizó el problema estructural de las prisiones argentinas, pero no da “vía libre” para la liberación masiva de detenidos, afirma una constitucionalista. Ante las protestas legítimas, el Estado debe garantizar en los penales condiciones de salud y seguridad.
La expansión del coronavirus motivó una situación de emergencia sanitaria, que se replicó en casi todos los países del mundo, con importantes consecuencias en el ámbito de la salud, la economía, la educación y , entre otros, en materia carcelaria. Nuestro país no fue la excepción y, al igual que ocurrió en España, Brasil y Colombia, se generaron incidentes en diferentes penitenciarías como en Entre Ríos y en varios penales de la Provincia de Buenos Aires. Días atrás, en la unidad de Devoto estalló el conflicto después de confirmarse que a un agente penitenciario le dio positivo el test de Covid-19, lo que originó el reclamo de un amplio grupo de detenidos exigiendo su liberación. También hubo protestas en los penales de Florencio Varela, Santa Fe y Corrientes. Este lunes esa situación se repitió en la cárcel de Mendoza.
La emergencia sanitaria agudizó el problema estructural que atraviesan las cárceles argentinas, incentivando reclamos masivos a través de habeas corpus, con fundamento en una mayor exposición a los factores de riesgo, debido a las condiciones deficitarias de higiene, mala nutrición y prevalencia de patologías sin adecuado tratamiento médico.
En el marco de la polémica sobre la implementación de medidas alternativas, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación solicitó, en carácter de amicus curiae en relación a la causa “Jaime, Ricardo s/ recurso de Casación”, que se le otorgue al ex Secretario de Transporte arresto domiciliario, fundado en la salud y el riego potencial de contagio. Si bien la Cámara de Casación rechazó el pedido, esta acción conlleva una injerencia indebida e injustificada del Poder Ejecutivo, en decisiones exclusivas y excluyentes del Poder Judicial, en franca colisión con lo dispuesto en artículo 109 de la Constitución Nacional, con el principio republicano de la división de poderes (art.1°) y con el principio de igualdad ante la ley (art.16).
La situación descripta enfrentó no solo a la doctrina especializada, sino también a los operadores judiciales. Así, por un lado, un sector sostiene que la prisión domiciliaria es una medida humanitaria y eficaz para reducir un problema estructural de nuestro sistema como es la superpoblación y las condiciones carcelarias. Otros, en cambio, deniegan la solicitud considerando que se generaría una paradójica situación ya que mientras los ciudadanos libres nos vemos limitados y afectados en casi todos los aspectos de nuestras vidas, las personas privadas de su libertad se verían beneficiadas. (Dra. Liliana Cartucci jueza de la Cámara de
Casación penal en ocasión de denegar el arresto domiciliario a un acusado por narcotráfico en la Villa 21-24 ).
La Comisión Interamericana, en su informe Pandemia y Derechos Humanos en las Américas (10/04/2020), recomendó a los Estados la implementación de medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes.
La Oficina de Derechos Humanos de la
ONU destacó que las condiciones carcelarias no garantizan medidas de higiene necesarias, ni tampoco la distancia social requerida para combatir la expansión del virus. Por ello, instó a los gobiernos a implementar instrumentos para evitar el contagio masivo en las cárceles, teniendo en cuenta edad, estado de salud y gravedad del delito atribuido. Siguiendo estas recomendaciones Estados Unidos, Canadá y Alemania están evaluando la liberación de internos en diversas unidades carcelarias.
En sentido similar, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional en
la resolución 5/2020 “recomienda” a los magistrados del fuero, extremar los recaudos para adoptar medidas necesarias para disminuir la sobrepoblación carcelaria, teniendo en cuentaa las personas en situación de vulnerabilidad, conforme lo prevé la autoridad sanitaria.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Centro penitenciario Yare I y Yare II vs. Venezuela” (2006), ha afirmado que “la obligación del Estado de garantizar a toda persona el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, se vuelve más evidente al tratarse de personas recluidas en centros de detención. Las circunstancias propias del encierro impiden satisfacer por cuenta propia necesidades esenciales, debiendo ser garantizadas por el aparato estatal”.
En Argentina, las condiciones de vida en las cárceles no cumplen con los parámetros y estándares regulados por el derecho humanitario. Así lo advirtió la Corte Suprema en el precedente “Verbitsky” (2005)a l enfatizar que las Reglas Mínimas de Naciones Unidas receptadas por la ley Nº 24.660, que regula la “Pena Privativa de Libertad”, configuran las pautas a la que debe adecuarse toda detención.
En oportunidad de interpretar esta normativa, la Corte IDH ha afirmado que; “a toda persona privada de libertad le asiste el derecho a vivir en condiciones de detención compatible con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal”(Casos “Neira, Alegría vs Perú”, “Durand y Ugarte vs Perú” y “Carandiúvs. Brasil”).
No obstante lo dicho, ¿esto implica que la emergencia sanitaria comprende una “vía libre” para las personas detenidas por la comisión de delitos? ¿Y el derecho de las víctimas, y el de la sociedad? Sin duda, la solución de esta problemática no es liberar a personas que no han cumplido su condena, sino que requiere la aplicación de criterios de razonabilidad, proporcionalidad y responsabilidad que permitan ponderar en forma rigurosa y con carácter restrictivo las circunstancias particulares de cada caso, que a su vez, debe estar enmarcado en las excepciones establecidas en el art.1º de la resolución de JGM 390/2020; es decir, que se trate de personas pertenecientes a un grupo de riesgo, pero teniendo en cuenta, además, la violencia del delito que se le atribuye y el bien jurídico afectado.
Lo que de ninguna manera implica que, por la sola circunstancia de estar comprendido en un colectivo vulnerable, proceda el arresto domiciliario. No significa que puedan liberarse detenidos en forma masiva, sin tener en consideración las otras variables referidas. Tampoco, que se otorguen prisiones domiciliarias con base en las denominadas “categorías sospechosas”, es decir, que el fundamento para otorgar la medida se base, por ejemplo, en las ideas políticas, la religión, el sexo o la raza, etcétera de los beneficiados.
Nos encontramos ante una situación sin precedentes. La emergencia sanitaria en ninguna medida puede justificar la vulneración de los derechos fundamentales de quienes están privados de su libertad, ni tampoco las garantías constitucionales que los asisten. Por el contrario, esta problemática debe servir para enfatizar el rol del Estado como garante, lo que se traduce en el deber de tomar las medidas conducentes para asegurar las condiciones de salud y prevención necesarias para evitar el contagio de las personas privadas de libertad, sin que por ello se libere a quienes no han cumplido su deuda con la sociedad.