CORRUPCIÓN ES MENOS DERECHOS
La impunidad ampara un“modelo de poder” que sumió al país en la pobreza, afirma Juan Carlos Vega en un lúcido ensayo. Y propone reformas.
La aparición inesperada a escala global del Covid-19 exhibió con crudeza la desigualdad y pobreza estructural que habita en nuestro país. Recién ahora muchas personas pudieron tomar conciencia sobre la indignidad en la que viven miles de seres humanos debido a su condición social y económica. El gran interrogante que emerge es cómo esta situación es posible si hemos tenido y seguimos teniendo la deuda externa más grande la historia de la humanidad, si aun así el Fondo Monetario Internacional distorsionando sus reglamentos nos prestó la suma más grande de su historia, si la carga del sistema tributario llena de impuestos directos e indirectos es una de las más altas del planeta, si contamos con riquezas naturales como pocos Estados posee. El gran mérito de la obra de Juan Carlos Vega es justamente intentar responder a estos legítimos cuestionamientos analizando el “fenómeno de la corrupción” a través de tres contextos (el jurídico, el socio histórico y el económico) con un enfoque sistémico e interdisciplinario que evite la linealidad y la superficialidad.
El primer logro de Vega es plantear que en la República Argentina la corrupción es un modelo de poder basado en un sistema de construcción y acumulación de poder político, económico y sindical que no sólo trajo como consecuencia la desconfianza de la sociedad en la justicia (el 82% tiene escasa, baja o nula confianza en el Poder Judicial), sino también, el nulo crecimiento económico del país. Un modelo que tiene una estructura dinámica muy precisa basada en sobreprecios, sobornos, enriquecimiento ilícito público y privado y lavado de activos y que le hizo perder a la democracia argentina las cuatro batallas centrales que desde 1983 intentó librar: a) contra la pobreza porque los índices actuales son superiores a los de 1984, b) la del crecimiento económico dado que nuestro país era en 1984 el de mayor ingreso per cápita de América y hoy es el tercero, c) contra la corrupción y d) contra la inflación porque somos el segundo país que mayor inflación histórica tiene en el mundo y el de las mayores hiperinflaciones. Tal ha sido el impacto de la corrupción en el sistema institucional argentino que la reforma constitucional de 1994 a través del artículo 36 estableció que los delitos de corrupción con afectación patrimonial al Estado se asimilan a los golpes de Estado.
Muchas son las causas que generan un manto de impunidad respecto de los delitos de corrupción además de los eternos “tiempos de la justica”, tal como expresa Vega, sus raíces son “legales, judiciales y culturales” y se proyectan en un escaso impacto en el voto popular por varias razones. La primera es la resignación social del argentino frente ante la corrupción impune algo inevitable e inmodificable. La segunda se vincula con la cultura social que privilegia el éxito por encima de la corrupción. La tercera es que los argentinos no se reconocen como víctimas de la corrupción. La cuarta se relaciona con la dialéctica “orden-caos” a través de la cual los argentinos hemos decidido pagar el precio de la corrupción para tener un cierto orden social. Por último, el dogmatismo político que justifica la corrupción como un medio para conseguir un propósito colectivo “justo” o “noble” (en los 90 fue la modernización del país, durante el kirchnerismo fue la lucha contra el neoliberalismo).
Otro gran acierto de Vega es que consigue visibilizar a las víctimas de la corrupción y al daño social que esta produce a través de la defraudación de la confianza depositada en el voto popular y el quiebre del principio de igualdad ante la ley. Procesos penales eternos, casi nulas condenas, un festival de cierres de procesos debido al paso del tiempo mediante la aplicación de la prescripción hacen que las víctimas de la corrupción no tengan ninguna clase de tutela efectiva de sus derechos. La sociedad como víctima y las personas como víctimas porque el “costo” directo e indirecto de la corrupción se refleja en los recursos públicos desviados de los usos debidamente asignados, pero también, en los impactos negativos sobre la economía que se observan en la ineficiente asignación de recursos públicos y la falta de incentivos a la inversión y a la innovación. Un grave problema es que la deficiencia de cierta parte de la justicia respecto de la lucha efectiva contra la corrupción hace que los jueces y juezas de otros fueros y jurisdicciones que desarrollan ejemplarmente su función sean metidos en la misma bolsa de la desconfianza social ¿Por qué una persona humana o una persona jurídica invertiría en la República Argentina con semejante modelo de poder? ¿Cómo podemos seguir viviendo los argentinos en un país que desde 1983 muestra un perfecto fracaso económico, alta corrupción y desconfianza social en la Justicia?
Existe una conexión directa e inmediata entre corrupción y violación de los derechos humanos, especialmente, los económicos, sociales, culturales y ambientales que requieren de políticas públicas prestacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Resolución 1/2018 desarrolló sólidos argumentos en este sentido haciendo foco en la necesidad de centrar a las víctimas generadas por la corrupción.
A diferencia de otros enfoques, la obra de Vega contempla una serie de propuestas que deberían ser incluidas en una “mega ley” integral, que a la vez, sirviera de un “meta mensaje” a la sociedad en el sentido de que esta vez va en serio la cosa. Entre ellas se destacan la reforma de Código Penal y del Código Procesal Penal, la alta autoridad moral de los funcionarios que se designen, el pago del impuesto a las ganancias de los jueces, la inmediata suspensión de los funcionarios en caso de un procesamiento firme, el límite temporal para el ejercicio de funciones públicas, la prohibición de reemplazo o sucesión de familiares en el ejercicio de cargos políticos o sindicales, el riesgo procesal a los efectos de la prisión preventiva debe medirse por el poder económico y político del imputado, la existencia de un régimen de responsabilidad civil de las personas jurídicas por los daños causados por los actos de corrupción, la representación adecuada de los derechos de las víctimas, la reforma del Consejo de la Magistratura, la inclusión en los planes de estudios secundarios y universitarios del tema de la lucha contra la corrupción, la imprescriptibilidad de la acciones civiles y penales emergentes de los delitos de corrupción.
A modo de epílogo, el libro de Juan Carlos Vega ofrece un diagnóstico preciso y descarnado sobre la corrupción estructural que azota a la República Argentina y una serie de medidas de combate efectivo. De ahora en más depende la sociedad tomar conciencia sobre los alcances de este flagelo que ha durado mucho más y producido daños más graves que el Covid-19.