JAVIER AUYERO NARCOS Y SUS SOCIOS
Entrevista con Javier Auyero. El sociólogo argentino radicado en Texas desnuda, en su último libro y a partir de escuchas judiciales, la medida y los modos en que el Estado participa de la criminalidad que dice combatir.
En su mesa de trabajo, Javier Auyero tiene una pila de expedientes judiciales. El material proviene de procesos que probaron la complicidad de grupos de narcotraficantes con fuerzas de seguridad en la Argentina y contiene documentos pocas veces utilizados en las ciencias sociales: las escuchas telefónicas a los involucrados en esas acciones ilícitas. Menos frecuente todavía es la combinación de ese tipo de datos con un prolongado trabajo de campo etnográfico, realizado para el caso en un barrio del conurbano bonaerense. Auyero y Katherine Sobering escribieron sobre esa base Entre narcos y policías, una investigación que expone, como declara el subtítulo, “las relaciones clandestinas entre el Estado y el delito y su impacto violento en la vida de las personas”.
El título resulta descriptivo respecto al objeto de estudio, esa zona gris en la que las divisiones tradicionales entre la ley y el crimen se vuelven borrosas y donde agentes estatales y narcos componen una escena sustraída a la mirada pública pero emergente a través de la violencia que regula el mercado de la droga. El título de la edición en inglés, The Ambivalent State (El Estado ambivalente), señala por su parte una idea central: la dualidad de un Estado que como un Jano bifronte penaliza el tráfico de drogas y al mismo tiempo participa clandestinamente en el negocio. “Esa criminalidad está sostenida por los propios agentes del Estado”, dice Auyero en esta entrevista con Ñ realizada por videollamada desde Estados Unidos.
–¿Los aspectos contradictorios que observan en el Estado son esferas escindidas o tienen conexiones?
–Hasta hace algunos años, se pensaba en dos tendencias: por un lado, la mano punitiva del Estado y, por otro, la mano de la asistencia social. Desde hace un tiempo, se empieza a teorizar que el Estado tiene muchas manos: es la escuela pública, es un plan de alimentos, es la Gendarmería, es un subsidio de desempleo. Y también existe la dimensión clandestina a la que accedimos gracias al propio Estado, que espía y registra esa actividad. Es lo paradójico del libro.
–Pero ustedes afirman que son problemas “que nadie quiere que sean vistos”, que se ocultan.
–Es un secreto a voces en la Argentina y en América Latina que el Estado participa de la criminalidad. En base a una gran cantidad de causas judiciales y de trabajo etnográfico, quisimos ver si había ciertos patrones, cierta regularidad en la actividad ilícita. Lo que es visible es que el Estado de alguna manera participa, protege, mira para otro lado. Lo que no es tan visible, al menos leyendo la prensa y lo que hay escrito en la academia, es el nivel de involucramiento tan profundo. Las causas judiciales y el trabajo etnográfico develan una mayor implicación de algunos sectores dentro de las fuerzas de seguridad en cómo se organiza esta actividad, desde hacerle saber a un transa cuándo le están pegando para que hable y cuándo para que se calle o a qué casa no le puede pegar unos tiros porque está protegida y a cuál le puede disparar porque no tiene arreglos con nadie. Otra cosa que nos llamó la atención fue que esos sectores conocen el detalle del negocio hasta en lo más mínimo; fue lo que pretendimos visibilizar y discutir.
–¿El Estado sería finalmente el regulador de la violencia ilegal?
–Sectores del Estado están participando, efectivamente, en la regulación de estas transacciones ilícitas y, al mismo tiempo, influyendo el curso y los grados de violencia que estas actividades generan. El Estado, por un lado, intenta monopolizar el uso de la fuerza legítima y, por otro, hay transas que piden una caja de balas o un arma y las reciben de agentes estatales.
–Según el planteo del libro, esos agentes protegen a los narcos de la acción del mismo Estado. Es un negocio idéntico al sistema de extorsión de las organizaciones mafiosas. ¿Quién aprendió de quién?
–Hay mucho de lo que en inglés se llama protection racket: el que genera el peligro al mismo tiempo cobra para proteger a otros de esa actividad. Cuando se habla de la mafia suele hablarse del crimen organizado. La creencia en el barrio donde hicimos trabajo de campo, en el sur del conurbano bonaerense, es que al mismo tiempo el crimen está bastante desorganizado y es caótico. Las escuchas telefónicas corroboran esa impresión. Todo está atado con alambre, para decirlo con una expresión vieja, atravesado por tensiones, conflictos, cosas que fallan. No funciona de manera tan previsible a como lo hace la mafia tradicional.
–Sectores del Estado participan de manera relevante en la organización del crimen, ¿se puede decir así?
–En la organización y en la regulación del crimen. Hay distintos grados de involucramiento, casos en los que el intendente de una ciudad y su cúpula policial regulan la actividad y casos en los que sectores de la policía regulan la actividad mientras otros la persiguen. Y en otros casos, como en el Litoral, un sector de las fuerzas de seguridad está arreglado con un grupo de transas y otro sector con otro grupo. Este es un aspecto al que le falta mucho en el libro y es una invitación a investigar cómo se vincula lo que llamamos colusión a la violencia sistémica que el tráfico de drogas tiende a generar, no porque un tipo esté drogado y salga a agredir a alguien sino porque las disputas en los mercados ilícitos no se pueden resolver por la intervención de una tercera parte que sea neutral. Esa conexión es una tarea pendiente.
–“Mucha información del Estado sigue siendo inaccesible”, dicen. ¿A qué se refieren?
–El universo de relaciones más interpersonales que describimos es posible y está basado en una estructura que va mucho más allá del nivel que vimos. Finalmente en el libro observamos uno de los escalones más bajos en una pirámide. Es el Estado mismo el que te deja ver cómo negocian policías y narcos. La evidencia anecdótica es que los narcos y la policía establecen alianzas con sectores del Poder Judicial y del campo político, pero no sé si el Estado está registrando esas relaciones por medio de escuchas y en cualquier caso nosotros no tuvimos acceso a ellas. Secretos del poder. No somos tan inocentes como para pensar que vimos todo lo que sucede. Es posible pensar que estas relaciones funcionan porque hay otros mecanismos de protección y colusión que van más arriba.
–Para ustedes la colusión es un tipo de corrupción, que no se reduce a proteger el tráfico. –No es solo mirar para otro lado sino participar. Al mismo tiempo, contra lo que se supone, hay un alto nivel de improvisación y hay errores. Por ejemplo, en el conurbano un transa cree haber arreglado con un policía, pero ese policía no le había avisado a su superior, que por su parte esperaba una recaudación que no llegaba; o en el Litoral, un grupo pensaba que estaba protegido por X pero en realidad estaba protegido por Y. Son redes de confianza que se tejen, se destejen, se reparan y se rompen, como ocurrió en Rosario con un comisario al que los transas le organizaron una marcha en contra. Si uno lee la prensa puede decir “ah, los vecinos están protestando”, pero cuando tuvimos acceso a las escuchas vimos que los propios transas lo habían organizado porque había dejado de “arreglar”, y probablemente la mayoría de los vecinos no lo sabía y de buena fe escrachó al comisario.
–Se pronuncian contra el consenso punitivo que forma cierto sentido común. ¿Dar más poder a la policía sería propiciar la colusión? –Hay quienes discuten la idea de un consenso punitivo y alguien puede decir que no es tal. En la penúltima elección, al momento en que escribimos el libro, los candidatos más importantes, Scioli y Macri, decían que había que reforzar la seguridad, ser duros con el crimen, etcétera. La experiencia histórica en otros países demuestra que la mano dura contra la criminalidad de las drogas, “la guerra contra las drogas”, no funciona. Al mismo tiempo desafía la lógica dar más poder a una fuerza cuyos sectores participan del tráfico de drogas. En el contexto argentino significa más autonomía para la policía.
–¿Cómo se podría intervenir sobre la ambivalencia del Estado?
–Los consumos problemáticos son un tema de salud pública. La solución no tiene nada que ver con lo que haga la policía. No le podemos pedir a una madre que camine una hora hasta una comisaría de la cual sospecha a denunciar que un transa pone en peligro a su hijo y que después tenga que viajar dos horas en un colectivo para ver si su hijo puede ser internado en un centro de salud. Por otro lado, hay quienes argumentan que la colusión y la clandestinidad tienen resolución política. Nosotros visibilizamos el problema y lo trabajamos con la mayor seriedad posible, pero nuestra tarea no es decir a los políticos qué tienen que hacer. Si algo les diría, pero está por fuera del libro, es que dejen de mirar para otro lado.