El grito de las amputadas
Perú. Miles de mujeres, la mayoría indígenas de zonas pobres, demandan justicia tras ser esterilizadas por la fuerza durante el régimen de Fujimori.
Entre 1996 y 2001, el gobierno de Alberto Fujimori esterilizó a 272.028 personas; muchas sin haber dado su consentimiento y la mayoría, mujeres indígenas de zonas pobres y rurales. Ahora, en las audiencias que comenzaron el año pasado, miles de estas mujeres demandan justicia. Ellas declaran que fueron sometidas a procedimientos de esterilización forzada por medio de cirugía anticonceptiva.
Las esterilizaciones fueron la parte oculta de la política de “planificación familiar” de Fujimori, que pretendía dar a las mujeres las “herramientas necesarias para poder tomar decisiones sobre sus vidas”.
Sin embargo, como fue desvelado por los documentos oficiales publicados por la Defensoría del Pueblo en 2002, el régimen fujimorista tomó el control de la natalidad como una manera de luchar contra la caída de la economía nacional y el agotamiento de los recursos. Estas ideas eran eufemismos con los que Fujimori y otros exlíderes del Perú se referían a lo que se denominaba “el problema indio”, la alta tasa de natalidad de las personas indígenas en comparación con los peruanos de ascendencia europea. Ante los altos niveles de pobreza asociados con las mujeres indígenas quechuahablantes en el Perú, el gobierno organizó “la política de planificación familiar”.
“Los personales de salud me llevaron al hospital… y me forzaron a operarme,” testificó Dionicia Calderón en un conversatorio público organizado por la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú en 2017.
Las víctimas de las esterilizaciones forzadas y sus familiares iniciaron la vía legal en 1998, dos años antes de la caída de Alberto Fujimori. La familia de María Mamérita Mestanza –quien fue esterilizada contra su voluntad, sufrió complicaciones de salud y murió el 5 de abril de 1998– presentó una denuncia ante la fiscalía contra el jefe del centro de salud donde le habían hecho la ligadura de trompas. Pero los jueces, declararon en dos ocasiones que no había lugar para la apertura de la instrucción.
Más de 2.00 casos de esterilizaciones forzadas fueron rechazados durante años por el sistema judicial peruano. Ahora, en 2021, las audiencias han dado esperanzas a miles de mujeres indígenas que podrían tener justicia por quitarles la oportunidad de tener hijos y por diezmar la población.