TODOS TUS MUERTOS
Memoria. Mientras España da algunos pasos hacia la memoria histórica, el nuevo film de Almodóvar, Madres paralelas, llega con una estela de reproches por reabrir los crímenes franquistas. Olvido vs. justicia, dilema irresuelto.
Se dice que en España, más que memoria hay una amnesia selectiva, una voluntad de retrasar tanto el recuerdo que cuando llegue no pueda lastimar. La última película de Pedro Almodóvar parece probarlo. Madres paralelas es uno de los pocos fracasos del realizador manchego desde 1989. Su película anterior, Dolor y gloria, recaudó en el estreno casi 6 millones de euros, contra los 2,5 millones de este filme estrenado a fines de 2021, protagonizada por Penélope Cruz, que llega al país como un estreno inminente de Netflix. “Presentía que habría frialdad por parte de la mitad del país, y la atribuyo al tema que trato: la memoria histórica. España siempre ha sido un país dividido y lo sigue siendo. A toda una parte de la derecha, la película no le hace ninguna gracia”, concedió el director en una entrevista con el diario El País, desde Francia, donde fue ovacionado. Cuatro décadas y media después de la muerte del dictador Francisco Franco, incluso para el doble ganador del Oscar habría sido más fácil no hablar de ciertas cosas.
Más allá de las interpretaciones, incluso de algunos tropiezos del guión -premiado en Venecia-, cuenta la historia de dos mujeres solas que dan a luz el mismo día y establecen una constelación de maternidades posibles. Pero para entender el calado de esta ficción, hay que volver sobre otra película con la que dialoga tácitamente: el documental El silencio de otros, producida en 2018 por El Deseo (la productora de Almodóvar y su hermano Agustín) y dirigida por la española Almudena Carracedo y el estadounidense Robert Bahar. Este documental, preseleccionado para los Oscar y disponible en Netflix, fue premiado en la Berlinale, se llevó un Goya y dos Emmy y el Forqué al mejor largo de no ficción.
El silencio de otros retrata la búsqueda de justicia por parte de las víctimas de la dictadura de Franco y el rol protagónico de la justicia argentina en ese proceso. Madres paralelas es una ficción pero el germen está en una historia real: “Me inspiré en un caso que había leído de una niña de 10 años a cuya casa llegaron tres falangistas y se llevaron al padre a cavar una fosa para sus companeros republicanos. La tercera noche ya no volvió. Era maestro, no una persona de aquellas a las que mataban en el frente sino que iban a sus casas a por ellos. Escogí que esa niña tuviera una memoria muy clara del momento en el que dejó de ver a su padre, y se la puse como abuela (a Janis, el personaje de Penélope Cruz)”, reconstruyó Almodóvar en diálogo con el sitio Fotogramas.
Las palabras del pasado
Pero vuelve. Sin grandes estridencias, el pasado se filtra, asoma, puja. No sin tensiones, las palabras irrumpen para nombrar y desalojar los eufemismos. A fines de octubre pasado, el Gobierno de Pedro Sánchez estableció una reforma curricular de los contenidos de la materia Historia que, entre otras cosas, indica que por primera vez se nombre “golpe de Estado” al levantamiento militar de 1936 que condujo a la Guerra Civil.
En el borrador del texto con los contenidos elaborados por el Ministerio de Educación se establece que el alumnado deberá conocer “el proceso reformista y democratizador que emprendió la II República, así como las reacciones antidemocráticas que se generaron ante su avance y el golpe de estado que supuso su fin”.
Además, el Gobierno de Sánchez está llevando al Parlamento un proyecto de Ley de Memoria Democrática: “La primera lectura me dio la idea de que, aunque suponía al
gunos avances respecto a la anterior ley, sin embargo seguía quedándose corta. Ya han pasado demasiados años desde el golpe de Estado fascista de 1936 y de la muerte del dictador Franco, en 1975, y queremos que los derechos de verdad, justicia y reparación sean efectivos para las víctimas y para quienes lucharon contra el franquismo”, opina a Ñ Rosa García Alcón, torturada en aquellos años.
La lista de lo que piden no es demasiado larga aunque sí contundente: acceso a todos los archivos, que se investiguen y se juzguen los crímenes del franquismo y la anulación de la Ley de Amnistía de 1977 que fue sido utilizada como ley de punto final. El proyecto cuenta con los votos de la coalición de Gobierno integrada por PSOE y Unidas Podemos, y con el total rechazo de la derecha de Ciudadanos y el PP y de la extrema derecha de Vox.
Es que en España hay desaparecidos, pero nadie sabe cuántos son porque el Estado en democracia nunca tuvo voluntad de hacer el relevamiento. No existió nada semejante al trabajo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), creada por el presidente Raúl Alfonsín apenas asumido para documentar los secuestros y asesinatos bajo la última dictadura, ni a los procesos de sinceramiento encarados en Sudáfrica por el apartheid, y en Ruanda, a raíz de la guerra étnica de los 90.
“Según datos extraídos del mapa de fosas creado por el Ministerio de Justicia en 2011, dependiente del Ministerio de la Presidencia de España, están registradas 4.265 fosas y se han contabilizado un total de 57.911 víctimas. Se estima que hay alrededor de 100.000 personas desaparecidas”, puntualiza Elisenda Calvet Martínez, profesora de Derecho Internacional Público y y coordinadora de la Clínica Jurídica de Lucha contra la Impunidad de la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona, en un informe publicado por el sitio The Conversation.
Calvet Martínez, que se especializó en el Instituto de Criminología de Lovaina (Bélgica) y trabajó en Cruz Roja Española, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (San José, Costa Rica) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Ginebra, Suiza), aclara sin embargo que esos datos, los oficiales, están muy lejos de reflejar la realidad. Hay miles de fosas, de exhumaciones y de restos recuperados que escapan a la contabilidad estatal porque cientos de familias se dedicaron de manera independiente a sepultar lo que quedaba de su pariente fusilado y tirado en una cuneta. Siempre se supo, con la mezcla de duda y certeza del rumor a voces, que en muchos pueblitos de algunas regiones las cunetas y acequias guardaban tumbas de republicanos sin nombre.
“A diferencia de lo que sucede con otros países, España nunca nos convocó con un pedido formal de colaboración. Lo que sucedió fue una vinculación natural a partir del conocimiento que tenemos entre profesionales, con ayudas o asesoramientos que surgen entre colegas”, explica a Ñ desde Suiza y por teléfono Mercedes Salado Puerto, coordinadora de Identificación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Como especialista, Salado Puerto recorrerió el mundo detrás de la estela de muerte que han dejado distintos procesos políticos y guerras (de Guatemala a Bosnia-Herzegovina, Chipre, Irán, Irak, y una larga lista de destinos marcados por la violencia). Sobre España, dice: “Hemos participado de algunas reuniones por pedido de los profesio
nales, en otra ocasión, el EAAF ofreció una opinión técnica para la redacción de la Ley de Memoria Histórica e incluso participamos de exhumaciones concretas”.
La coordinadora de Identificación del EAAF explica que los años trascurridos son siempre un obstáculo en estos procesos y por eso valora el monumental trabajo de documentación que distintos historiadores han desarrollado a destajo por toda España: “Es una de las fortalezas que ha tenido el país, esa organización de personas que se han pasado la vida entrevistando gente por los pueblos, que han conseguido armar los listados de víctimas, que han conseguido recuperar documentación y analizarla. Porque es gracias a eso que se van haciendo la mayoría de las identificaciones”, explica.
Un pacto para olvidar
“Los que crecimos después de Franco no sabemos lo que ocurrió realmente. Los colegios nunca nos lo enseñaron. Nuestros padres no nos lo contaron. Y nosotros no podemos contarlo a nuestros hijos porque no lo sabemos”, dice una voz en off durante los minutos iniciales de El silencio de otros. Coincide el historiador Xosé Manoel Núñez Seixas, premio Nacional de Ensayo de España en 2019, cuando explica a Ñ: “La memoria democrática está casi ausente de los niveles obligatorios de la enseñanza. Un alumno de bachillerato puede no recibir una sola clase sobre qué supuso el franquismo, incluso los fascismos europeos (o de otras partes del mundo)”.
Parte de la explicación de esta amnesia educativa hay que buscarla en la Transición, el proceso político que enlazó la dictadura de Franco con la singular recuperación democrática posterior, tutelada por una monarquía que el propio tirano dejó diseñada y que todas las fuerzas políticas aceptaron implementar. Porque ese Pacto del Olvido, como se lo conoce, fue una decisión política consensuada por la izquierda y la derecha, como vía para la pacificación de la sociedad.
Ese Pacto del Olvido tenía una contrapartida legal: la Ley de Amnistía de 1977, que perdonaba a todos los presos políticos, a las autoridades, funcionarios y agentes del orden que hubieran cometido delitos o violado “los derechos de las personas”. En España la vigencia de esta norma ha sido el principal argumento judicial no solo para no avanzar en investigaciones sobre delitos del franquismo sino, también, para paralizar iniciativas –como la desarrollada por el juez Baltasar Garzón– y negar colaboración a magistrados de otros países.
“Yo fui detenida por la policía política franquista a finales de agosto de 1975 (Franco murió´en noviembre de ese año). Mi delito era pertenecer a una asociación estudiantil clandestina, la Federación Universitaria Democrática de España (FUDE)”, recuerda en diálogo con Ñ Rosa García Alcón, quien lleva cuatro décadas peticionando ante la justicia española: “Sufrí torturas en la sede de la Brigada Política Social (BPS) que estaba en la Casa de Correos de la céntrica Puerta del Sol, hoy sede del Gobierno autonómico. Uno de los policías que me torturaron fue Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, fallecido en 2020. Pero no era el único, había más. Lo que pido al Gobierno es que se investiguen estos hechos. Lo que pido no es otra cosa que justicia”, dice. El pedido de Rosa no tuvo eco en España. Pero sí en nuestro país.
La querella en Argentina
En Buenos Aires, el 14 de abril de 2010 y a diez mil kilómetros de España, dos argentinos apadrinados por un estudio legal local se presentaron ante la justicia federal para requerir que fueran investigados crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo en territorio español. Iban respaldados por Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz. La causa fue sorteada y recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de la jueza María Romilda Servini.
Uno de los denunciantes era el empresario Darío Rivas, que quería conocer lo sucedido con su padre, fusilado el 29 de octubre de 1936 en Galicia. La otra denunciante es Inés García Holgado, que dice a Ñ: “No me había presentado en la justicia española porque no aceptaban denuncias. En cambio, la justicia argentina –junto con los abogados argentinos del Estudio Baigún, Ana Messuti, Máximo Castex, Carlos Slepoy– me dio todo, esperanza, confianza, conocimiento, amistad”.
García Holgado es eslabón de una estirpe de dolor. Dos de sus tíos abuelos fueron fusilados tras el golpe de Estado contra la II República, en 1936, y otro familiar también terminó desaparecido. Con esa historia y con la necesidad de justicia, ella se entusiasmó con el proceso iniciado por Baltasar Garzón, quien había conseguido ejecutar la detención del dictador chileno Augusto Pinoche en Londres, el 10 de octubre de 1998, y había logrado que el marino argentino Adolfo Scilingo confesara su participación en dos “vuelos de la muerte” (lanzamiento al agua de secuestrados, antes dopados con Pentotal, desde aeronaves del Estado).
Sin embargo, la investigación iniciada por Garzón no tuvo el resultado que García Holgado esperaba: “El 18 de noviembre de 2008, el juzgado de Instrucción a su cargo se inhibió en favor de los juzgados territorialmente competentes. Una investigación de Amnistía Internacional determinó que las denuncias giradas a estos juzgados terminaron archivadas. Era un archivo sistemático. Hasta que el Tribunal Supremo de España concluyó en su sentencia de 27 de febrero de 2012 que desestima todas las causas por crímenes de lesa humanidad”, recuerda. ¿Punto final? Por el momento, en todo caso.
Fue entonces cuando, bajo el principio de justicia universal, llegaron con su escrito a la justicia federal argentina. Sin expectativas, confiesa a Ñ García Holgado. “No sabíamos cómo iba a resultar la jueza en la causa, pero ha sido excelente, y dicho por la propia Servini, esta se convirtió en la causa más importante de su juzgado”.
La magistrada argentina encabezó la investigación de los hechos. Mandó requerimientos, libró exhortos, pidió medidas. Y aunque inicialmente recibió alguna interacción de sus pares españoles, la generalidad luego fue el silencio. “Se lograron exhumaciones en España a través de exhortos librados por la jueza a pedido de los abogados de la querella. Además, Servini viajó a tomar declaración a numerosas víctimas y familiares de víctimas por toda España. El efecto que ha tenido en las víctimas el poder declarar ante un juez es maravilloso”, comparte García Holgado.
Y acuerda Rosa García Alcón, que también sumó su caso a la querella: “Ese proceso en la Argentina es una gran esperanza. Desde el principio, la jueza ha sabido responder a los miles de españoles que se han dirigido a su juzgado para unirse a esta querella que, a día de hoy, agrupa a más de 500 causas de miles de denunciantes”.