“La memoria democrática está casi ausente”
El historiador español Xosé Manoel Núñez Seixas sabe lo que significa disputar sentidos contra el franquismo. Desde hace un año, preside un grupo de expertos dedicado a la elaboración del informe que permitió a la justicia recuperar una propiedad emblemática para Francisco Franco y sus descendientes: el Pazo de Meirás, una extraordinaria propiedad situada en el municipio de Sada y que alguna vez perteneció a la escritora Emilia Pardo Bazán.
Con todo, su carrera en España y en universidades de toda Europa excede ese logro, ya que se trata de uno de los más reconocidos especialistas en análisis comparado de nacionalismos del siglo XX y de la memoria de las dictaduras. Tras ganar el Premio Nacional de Ensayo 2019 con Suspiros de España. El nacionalismo español, 1808-2018, su libro más reciente, Las guaridas del lobo, revisa qué han hecho los países del mundo con los espacios que habitaron sus dictadores y tiranos. Pero este diálogo con Ñ se detiene en el espacio que la memoria histórica tiene en España. –¿Cuáles considera que son los hechos históricos determinantes para explicar la excepcionalidad de España en su relación con la memoria histórica?
–Es dudoso que exista un patrón o “modelo” europeo-occidental de políticas de la memoria antifascista. Solo Alemania se mantiene como gran excepción. De todos modos, en el caso español actúan cuatro elementos específicos. El desajuste temporal: en España acaba la dictadura en 1975, no en 1945. Hay treinta años de distancia, y cuando comparamos la política de la memoria en España en los años noventa, pongamos, hay que tomar como parangón la Alemania occidental o la Italia de los años sesenta, y no la coetánea: si se opera así, vemos que no hay tantas diferencias como a priori se suponen. Por otra parte, el tránsito a la democracia en España fue como fue: ni una revolución desde abajo (como en Portugal en 1974), ni una derrota militar externa (como en Alemania o Italia). Hubo un pacto del olvido y un acuerdo entre élites, presidida por un elemento que no se podía tocar, la restauración monárquica. Además, el hecho de que en el caso español la guerra civil fuese anterior a la II Guerra Mundial: no se podía externalizar la culpa en un agresor o invasor externo. Y por último, el hecho de que de los protagonistas básicos del consenso antifascista de posguerra en Europa occidental, socialdemócratas y demócratacristianos, en España no hubiese apenas demócrata-cristianos: la derecha democrática no poseía un pedigrí antifascista, como en otros países, sino que tenía raíces en el franquismo reformista (la Alianza Popular de Manuel Fraga Iribarne). Por tanto, una condena sin paliativos del franquismo suponía para esta corriente una negación de su popia genealogía política.
–¿Ofrece la escuela española conocimientos históricos suficientes sobre el pasado cercano para no dejarse engañar por memes simplificadores?
–Por desgracia, no. La memoria democrática está casi ausente de los niveles obligatorios de la enseñanza. Un alumno de bachillerato puede no recibir una sola clase sobre qué supuso el franquismo, incluso los fascismos europeos (o de otras partes del mundo), y por supuesto sin saber cuál es la relevancia de determinados lugares de (des)memoria, desde el Valle de los Caídos al Pazo de Meirás o las inscripciones sobre los “caídos por Dios y por España” que aún se pueden encontrar en (cada vez menos) algunas iglesias parroquiales. Hace falta de entrada investigación histórica, conocimiento basado en fuentes y en modelos de análisis, sobre bastantes temas, y quizá sobra fabulación pseudohistórica y literaria, o aproximaciones a la memoria basadas en logomaquias y en análisis textuales aislados y descontextualizados. Y falta conseguir que los avances en la historiografía profesional, muy importantes en los últimos veinte años, penetren de modo capilar en el tejido social. Y el sistema educativo es parte importante de ese proceso, quizá no tan determinante como hace treinta años, pero aún muy relevante.