Esa vieja manía de censurar libros
El año pasado se registró el índice más alto de intentos por prohibir títulos. La mayoría de los autores denunciados fueron negros y LGBTQ.
Las tentativas de prohibir libros en Estados Unidos aumentaron en 2021 hasta alcanzar su nivel más alto desde que la Asociación Estadounidense de Bibliotecas empezó un seguimiento de los cuestionamientos a libros en los últimos 20 años, según informó la organización en abril. La mayor parte de los autores objeto de denuncias fueron personas negras y LGBTQ. La impugnación de libros es un tema perenne en las reuniones de consejos escolares y bibliotecas. Pero más recientemente los intentos impulsados por el entorno político intensamente polarizado del país se vieron amplificados por las redes sociales, donde las listas de libros que algunos consideran inapropiados para la niñez circulan rápida y ampliamente.
Algunos políticos conservadores apoyaron la impugnación de ciertos títulos, presentándola como una cuestión de elección y derechos de los padres. Quienes se oponen a estas tentativas, sin embargo, dicen que prohibirlos viola los derechos de los padres y los niños que quieren que esos libros estén disponibles. “Lo que estamos viendo actualmente es una campaña sin precedentes para eliminar libros de las bibliotecas escolares, pero también de las bibliotecas públicas, que tratan sobre la vida y la experiencia de personas de comunidades marginadas”, afirma Deborah Caldwell-Stone, directora de la oficina de libertad intelectual de la Asociación de Bibliotecas. “Grupos organizados acuden a consejos escolares y a juntas directivas de bibliotecas y exigen la censura de estos libros para circunscribirse a sus concepciones morales o políticas.”
La asociación informa que el año pasado contabilizó 729 impugnaciones de material de bibliotecas, escuelas y universidades, así como de bases de datos de investigación y plataformas de libros electrónicos. Cada impugnación puede abarcar varios títulos y la asociación llevó a cabo el seguimiento de 1.597 libros individuales impugnados o retirados. El recuento se basa en informes voluntarios de educadores y bibliotecarios y en documentaciones de medios de comunicación, según la entidad, y no es exhaustivo. Bibliotecarios y defensores de la libertad de expresión también han observado un incremento en las tácticas de mano dura, como la presión política de alto perfil contra determinados libros, amenazas legales contra bibliotecarios encargados de elegir el material de lectura e inclusive contra los libros mismos.
El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, republicano, publicó un aviso de campaña en el que aparecía una madre que no quería que la novela Beloved de Toni Morrison formara parte del programa de estudios de su hijo en la secundaria. Otro republicano, Henry McMaster, gobernador de Carolina del Sur, pidió una investigación sobre lo que denominó material “obsceno y pornográfico” en las escuelas públicas del estado, mencionando específicamente el libro Gender Queer: A Memoir, de Maia Kobabe, que según la asociación de bibliotecas fue el libro más cuestionado del país el año pasado.
La fiscalía de un condado de Wyoming estudió la posibilidad de presentar cargos penales contra los empleados de la biblioteca por tener libros como Este libro es gay y Sex is a Funny Word. Alguien de un consejo escolar del condado de Flagler, estado de Florida, presentó una denuncia ante el departamento del sheriff contra un libro titulado All Boys Aren’t Blue.
Las autoridades policiales determinaron que no había sustento para una investigación penal en ninguno de los dos casos. Pero afirman los bibliotecarios que el mero hecho de tener que defenderse de las acusaciones o soportar un espectáculo público de este tipo, probablemente tenga un efecto disuasorio y desaliente a los empleados de las bibliotecas a la hora de pedir determinados libros.