La contención se vuelve más frágil
Las cifras arrojaron un 41,7 % de pobres y un 11,9% de pobreza extrema, explica el sociólogo. De darse una serie de variables económicas, podría aliviarse pero depende de medidas decididas.
Los datos oficiales sobre pobreza e indigencia urbana del INDEC, el 27 de marzo pasado, informan que el último semestre de 2023 registró un promedio un 41,7% de población por debajo de la línea de pobreza, con 11,9% de personas en situación de pobreza extrema. Aunque los promedios son buenas medidas para resumir escenarios de muy diferente magnitud, estas cifras expresan una realidad incontrovertible: el fracaso social de un régimen político económico nacido con la post convertibilidad, fundado en el consumo, el endeudamiento, el déficit público y la especulación financiera, sin visión ni proyecto estratégico en inversión, empleo, productividad y equidad social.
Si bien toda medida de pobreza es apenas una representación estadística de privaciones económicas inaceptables para una sociedad, en este caso nos resume lo ocurrido durante un semestre en los 31 conglomerados urbanos más grandes del país –de más de 100 mil habitantes– (la medición del total urbano del país daría tasas más altas), dichas tasas promedios conjugan diferentes momentos político-económicos en un período especialmente inestable y cambiante. Por una parte, en el contexto de las PASO y pre-primera vuelta electoral, en el tercer trimestre del año, en un marco de alta inestabilidad macroeconómica, tuvo lugar una improvisada devaluación, con incremento de la inflación, la cual fue acompañada de un ineficiente control de precios, junto a medidas de aumento de la inversión pública, el gasto social y los subsidios al consumo interno, lo cual alimentó tanto el déficit fiscal como la especulación financiera, a la vez que incrementó el nivel de empleo informal. En ese contexto la tasa de pobreza habría sido sin los microdatos del Indec del 38,6% y la indigencia de 10%.
Por otra parte, definido ya el resultado de las elecciones en la segunda vuelta electoral, al final del cuarto trimestre, las contradicciones se agravaron –especialmente en noviembre y diciembre–, la inflación se profundizó y bajó el consumo interno, se aceleró la especulación financiera, devino el estancamiento y el desorden macroeconómico se hizo insostenible. Entramos en una fase abierta de crisis. En ese marco, el nuevo gobierno, encaró una necesaria devaluación correctiva, con liberación de precios, junto a una férrea política de ajuste sobre el gasto público, todo lo cual, sin políticas de ingreso compensatorios, generó en diciembre una drástica caída en los ingresos reales de los hogares. En este contexto, en el último trimestre del año – a partir de datos oficiales del Indec– la pobreza habría alcanzado en realidad un 44,8% y la tasa de indigencia 13,8%.
Es sabido que los datos trimestrales tienen un mayor margen de error estadístico que los semestrales, sin embargo, nada impide su estimación y examen, mucho más cuando dado los valores en juego la pérdida de fidelidad estadística es mínima. Según estos datos, reitero, surgidos de los micro datos del INDEC, el último trimestre del año terminó con 20 puntos más de pobreza (9 millones más de personas) y casi tres veces más de indigencia (3 millones más de personas) que en los mejores años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2012) o del gobierno de Mauricio Macri (2017-2018), en donde ambas tasas llegaron -aunque duraron muy poco tiempo- a los niveles más bajos del siglo XXI: nunca menos que 4-5% de indigencia y 24-26% de pobreza, según el trimestre considerado.
Es cierto que hacer estimaciones mensuales sobre estos datos incrementa el error de los cálculos, pero nada lo impide a los fines de tratar de reconstruir una imagen plausible más realista no solo de la herencia recibida por el nuevo gobierno, sino también del fracaso histórico de un régimen político-económico “post convertibilidad” que duró más de veinte años. A manera de ejercicio estadístico a través de micro simulaciones now-casting (no por medición directa), usando los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del tercer trimestre del año pasado, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA estimó en febrero pasado que a finales de diciembre las tasas de pobreza e indigencia habrían rondado el 47% y el 16% respectivamente.
A la vez que usando los propios datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina –que emplea una encuesta más acotada que la del INDEC pero con mayor representación social urbana, a partir de la cual las tasas del tercer trimestre habrían sido de 44,7% y de 6,6%, respectivamente-, obviamente, con mayor error de estimación, la pobreza habría alcanzado entre 49-50% y la indigencia entre 14-15%; y con tendencia al aumento durante los meses de enero y febrero.
En ese contexto, dos hechos económicos se han constituido en un pivote de la contención social. Por un lado, que la mayor parte de la población mantuvo su empleo, aunque de carácter precario y de subsistencia informal, y, por otro, que los programas sociales continuaron brindando un piso de protección social. ¿Pero hasta cuándo? Si bien es cierto que durante los meses de diciembre y febrero el bienestar social estuvo dominado por una caída de los ingresos de la familia debido a la inflación, sin aumento de los ingresos pero tampoco del desempleo, a partir de marzo, el nuevo escenario social comienza a estar determinado por un mayor retroceso del nivel de actividad, una nueva retracción de la demanda de empleo formal y la imposibilidad de los sectores pobres -sin fondos de reserva - de generar ingresos a través de una economía informal, no alimentada ya por la circulación monetaria.
Pero aunque en los próximos meses la crisis heredada pueda ir quedando atrás debido a que -contrario a los pronósticos catastróficos- se desacelere la inflación, ingresen divisas, no se pierdan empleos, se recuperen salarios y jubilaciones, se reactive la inversión y crezca la demanda de empleo, generando todo esto un alivio económico a clases medias y a los sectores informales pobres, todavía no estará clara la salida final de la crisis sistémica -económica, política y social-. Dicha salida aún no cuenta con programas de estabilización sostenible que haga posible un horizonte de desarrollo con equidad. ¿Están las dirigencias nacionales -incluso el propio gobierno- en condiciones de dar respuesta efectiva a esta nueva oportunidad histórica?