Con todas las razones expuestas para que lo manden a la cárcel
Organismos de derechos humanos piden que la Fiscalía Federal apele la decisión del TOF de Santa Fe de mantener la domiciliaria al genocida, que se subió al tapial de su casa para insultar y amenazar a vecinos
Tras la decisión del Tribunal Oral Federal de mantener en prisión domiciliaria al represor Jorge Balla, condenado por la masacre de Ituzaingó y Las Heras de la ciudad de Santa Fe; los organismos de derechos humanos de esa ciudad se presentarán el martes ante el Fiscal Federal Martín Suárez Faisal. “Consideramos ineludible que esa Fiscalía Federal no omita interponer recurso de apelación contra esa resolución que abunda en el tratamiento privilegiado e irregular del condenado”, dice el escrito. Balla cumple su condena en su vivienda, lindera a la de una joven pareja integrada por Juan y Daiana, que tienen un bebé de menos de un año. Los vecinos sufrieron agresiones en junio y diciembre de 2020, y Balla se trepó reiteradamente al tapial que separa las dos casas. Por eso, rechazan los argumentos del TOF. “No corresponde revocar la prisión domiciliaria oportunamente concedida. Ello así en razón de que hasta la fecha no se registró ningún hecho por parte del encartado que otorgara mérito a tal disposición”, dice la resolución del 31 de marzo pasado. “Lamentablemente el TOF notificó el último viernes 9 de abril de 2021 que la impunidad seguirá trepando”, expresó públicamente el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe tras este fallo.
“No aceptaremos que el sargento Balla siga trepando al tapial”, aseguraron desde el Foro y dijeron que “a comienzos de este año dimos a conocer las prácticas ilegales e intimidatorias de Jorge Alberto Balla, condenado a prisión perpetua por múltiples homicidios agravados como crímenes de lesa humanidad”. Desde el Foro describieron que “aprovechando la ausencia de controles efectivos, el ex sargento del ejército, autor de la masacre alevosa de Ituizango y Las Heras durante la última dictadura, hacía funcionar una peluquería en el lugar donde no podía ser visitado más que por una decena de personas y, desde hacía meses, daba a conocer su voluntad de volver a matar a una joven pareja de vecines quienes viven con su hija de menos de un año al lado de quien debería estar en una cárcel. Un modo elegido por el genocida Balla para exhibir poder y ejercer hostigamiento contra sus vecinos, Daiana y Juan, era treparse al tapial que separa los patios de sus viviendas y hacer saber que no sólo los observaba sino que tampoco le era difícil concretar sus amenazas de matar al ‘mugriento’, al ‘montonero’, según el modo en que elige nombrar a Juan como candidato a sus disparos cobardes”.
Desde el punto de vista de los organismos de derechos humanos de Santa Fe, y de la pareja agredida, representada por el abogado Guillermo Munné, el Tribunal, en su resolución, “omitió tomar en cuenta las pruebas audiovisuales y de otro tipo sobre su accionar, así como el informe del especialista Oscar Pellegrini que verifica las simulaciones anteriores de Balla y sus reales condiciones de aptitud para cumplir la condena en el lugar previsto: la cárcel. Igualmente persiste en incumplir la ley de víctimas que exige asegurar la participación a las víctimas para que puedan opinar sobre los beneficios solicitados por quienes fueron condenados a prisión por delitos graves”.
Ante este panorama, el martes, el Foro junto a los organismos de derechos humanos de Rafaela y la familia agredida por Balla realizarán una presentación en la fiscalía federal, donde resaltarán “las omisiones e irregularidades con que se armó la resolución”.