Los sicarios menores y la idea del terror
El móvil de estos hechos ocurridos fue “causar conmoción pública para torcer decisiones del Poder Ejecutivo provincial”, según explicaron los fiscales.
Un grupo de tres fiscales presentó ayer evidencias contra cinco acusados de llevar a cabo en distintos roles, los crímenes de cuatro trabajadores a comienzos de marzo, el intento de homicidio de otro colectivero, la balacera a la comisaría 15ª y el despliegue de un lienzo con amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro de Seguridad Pablo Cococcioni. El principal testigo de los casos es el menor de 15 años DMG, que a su vez está sindicado como autor material de los crímenes de los taxistas Héctor Figueroa, Diego Celentano y del playero Bruno Bussanich. Es no punible y entró al programa de protección de testigos. Se habría pagado entre 200 mil y 300 mil pesos por cada crimen.
El móvil de estos hechos ocurridos entre el 5 y el 9 de marzo, que impactó de lleno en el clima social rosarino, fue “causar conmoción pública para torcer decisiones del Poder Ejecutivo provincial”, según explicaron los fiscales. A la par de esto, se supo que la Justicia de Menores tramita la situación de los adolescentes involucrados en la presunta autoría material de los hechos. Ayer también se conoció que hay dos prófugos mayores de edad identificados. Y en las últimas horas fue detenido otro adolescente, apodado Duraznito. Mientras, hay un centenar de celulares a peritar.
Los fiscales Adrián Spelta, Patricio Saldutti y Franco Carbone expusieron una sórdida trama y sindicaron a los ideólogos, instigadores y autores de los delitos. Como artífices de los hechos ubicaron a Alejandro “Chuky Monedita” Núñez, alojado en el pabellón 28 de la cárcel de Piñero. Y –en teoría, porque no fue imputado– a Claudio “Morocho” Mansilla”, que está alojado en el penal de Ezeiza.Y, a partir de indicios, también mencionan al hampón Esteban Lindor Alvarado, apenas nombrado en ciertos tramos de la audiencia. En rigor los tres ya poseen un largo historial de delitos cometidos desde el encierro.
Alejadro Isaías Chuky Monedita Nuñez es un viejo conocido de las crónicas policiales. Está calificado como preso de alto perfil y alojado en la cárcel de Piñero. Tiene sólo una visita y con ella tiene autorización para hablar por teléfono. Su interlocutora y pareja es Brenda Pared, alias la Doña, hija del célebre y asesinado narco Sergio Pared. Esta mujer está en arresto domiciliario a disposición de la Justicia Federal en una casa en Funes.
Para los investigadores los ataques fueron dispuestos por Monedita a través de su pareja quién digitó los hechos a cometer y bajó las órdenes a su núcleo de actuación. Gustavo Alejandro Marquez, alias Gusti, encargado de manejar el dinero de la banda, su pareja Macarena Solange Múñoz –quien se ocupa de los bunkers– y el hermano de Múñoz, un menor de edad apodado Matute, contaron.
Pared seleccionó los objetivos y dispuso de los recursos junto a Gusti y su pareja y cuñado. Buscaron tres menores de edad, dos de ellos no punibles, para que mataran, contó la fiscalía. Michel C., de 16 y otros dos acusados están identificados como C. y DMG. Les dieron instrucciones, un arma y una nota que debían dejar en el crimen del primer taxista.
El 5 de marzo, cerca de las
20.30, Michel estaba en bicicleta y C. tomó un taxi conducido por Héctor Figueroa en Oroño y Uriburu. Michel pedaleó hasta Flamarion y en las vías. Esperaba a DMG. y le avisó que el coche estaba en viaje, refirió. Cuando DMG. vio el auto en Flamarion y Lamadrid disparó en varias oportunidades, C. recibió un roce de bala y se bajó. En la corrida perdió una zapatilla y se olvidó de tirar la nota. Se fueron todos corriendo por la vía. Se metieron en una casa donde llegó Macarena y se llevó el arma que luego fue utilizada en los dos hechos siguientes. En el lugar quedaron ocho vainas con la inscripción de la policía de la provincia. Luego Yoana M. le entregó 300 mil pesos a cada uno de los pibes.
Al día siguiente hubo otro homicidio de un taxista, esta vez un llamado telefónico pidió el servicio a Lamadrid al 400 bis. Allí hay un pasillo que sale a la otra calle. El teléfono que se usó estaba a nombre de Raúl P., cuñado de Matute y Macarena Muñoz, que está imputada por encubrimiento. Tras el primer crimen Gusti lo llamó a Michel y le dijo que había otro trabajo. Éste pibe había estado con DMG. comiendo en el shopping y de ahí se fueron a la casa de otros pibes. Van todos para calle Lamadrid, al final por ese pasillo está la casa de Matute.
Según la pesquisa en este hecho participaron Michael y DMG., que esperaron en la puerta del pasillo que llegara el taxi. Según un testimonio, uno de ellos dijo “ahí viene”. Otro sacó un arma de un tacho y la cargó. Subieron y a las cuadras, más precisamente en Marcelo T. de Alvear y Garmendia, dispararon al taxista en la cabeza. Salieron corriendo y Michel perdió la zapatilla, volvieron al punto de partida. Les pagaron 200 mil pesos a cada uno y se fueron a dormir de Matute, contó la Fiscalía.
Si en algún momento se especuló que las zapatillas que quedaron junto a los coches de los taxistas asesinados constituían un mensaje mafioso, ello quedó descartado. Así lo dice el testimonio de DMG, principal testigo de la Fiscalía. Las zapatillas pertenecían a otros dos menores involucrados en la saga –CNT y Michel C.– que en sendos episodios salieron raudamente de las escenas de los crímenes y perdieron, cada uno, una zapatilla marca DC shoes y otra Nike.
A este grupo, además, se le atribuye la balacera a la comisaría 15ª del 8 de marzo. “Pidieron balear una farmacia, una comisaría o un camión recolector”, dice un testimonio. Quien habría disparado sería el adolescente Matute.
La otra seguidilla –el intento de homicidio de un colectivero de la 122; el crimen de Marcos Daloia, el crimen del playero y el despliegue de un trapo en Oroño y Circunvalación– está atribuida a la rama de Santa Lucía que, a su vez, hizo uso de DMG para matar a Bruno Bussanich. La instigación, dijeron los investigadores, vino de los presos federales. Aquí entra en escena otro de los imputados en la jornada, Axel Uriel “Franco” Rodríguez, considerado gente del Morocho Mansilla.
Uno de los menores asesinos entró al programa de testigos. Habrían pagado 200 mil y 300 mil pesos por cada crimen.
“Pidieron balear una farmacia, una comisaría o un camión recolector”, dice un testimonio en la larga audiencia de ayer.