“Continuamos tirando caca al río”
El diputado opinó que el juez “tiene razón”, pero advirtió que no hay en Rosario una planta de tratamiento de desechos.
◢El procesamiento de cuatro exdirectores y un exgerente de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) ordenado por el juez federal Carlos Vera Barros, por encontrarlos responsables de verter en el río Paraná efluentes cloacales e industriales sin previo tratamiento; trajo su primera repercusión política. El diputado provincial Marcos Corach en la sesión de la Cámara baja provincial se preguntó “¿tiene razón el juez? Sí, claro tiene razón. Se están vertiendo al río los desechos sin ser tratados previamente. ¿Hay planta de tratamiento en Rosario para procesar los desechos de los rosarinos? No, no hay y ¿Qué hacemos? Seguimos tirando caca al río”.
El diputado peronista siguió con su razonamiento. “¿Qué deberían hacer las actuales autoridades de Aguas Santafesinas para no ser procesados bajo este mismo criterio en un tiempo por delante? ¿Cerrar los grifos y dejar de tirar caca al río?”; se preguntó y luego: “¿Qué pasa si hacen esto? Porque tienen miedo de ser procesados
La causa se inició en 2021, a raíz de una denuncia efectuada por la asociación civil Cuenca Río Paraná, por delitos de acción pública.
y que le pinten los dedos por delante”. Corach señaló que las obras de saneamiento son millonarias y se vienen realizando desde hace años mejorando la situación en varios puntos de la provincia. Y sumó más preguntas:
“¿Con qué fondos se pueden llevar adelante estas inversiones con los mismos que el Presidente Javier Milei define cancelar y manda a los vecinos a ponerse de acuerdo para ver como se pueden arreglar?”.
La decisión del juez Vera Barros es la primera por este tipo de hechos dictada en Rosario y fue adoptada en línea con lo requerido por el fiscal a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, Matías Scilabra,
y el fiscal coadyuvante Franco Benetti.
La causa inició en 2021, a raíz de una denuncia efectuada por la asociación civil Cuenca Río Paraná por la probable comisión de delitos de acción pública por parte de los directivos de ASSA, a quienes consideraron responsables de conductas reprimidas por la ley N°24.051, de Residuos peligrosos, o atentado a la salud pública.
En su denuncia, la asociación civil manifestó que la descarga de efluentes líquidos cloacales y/o industriales provenientes del Emisario Sur de la ciudad de Rosario se realizaba en forma deficiente y sin tratamiento alguno al cauce del río Paraná.
Durante las tareas investigativas se determinó que los efluentes consistían en sustancias con valores de coliformes termotolerantes elevados, con presencia de Escherichia coli, lo cual derivó en que fueran considerados residuos peligrosos.
El fiscal federal Claudio Kishimoto, a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Rosario, había ordenado peritajes –principalmente a cargo de la Policía Federal Argentina– e informes varios. En diciembre de 2022 solicitó el llamado a indagatoria de los cuatro directivos y del gerente general de ASSA, quienes se encontraban en funciones en ese momento, por considerar que la empresa había contaminado las aguas del río Paraná de un modo peligroso para la salud, el suelo y el agua.
Luego de ese pedido, el juez Vera Barros, declaró la incompetencia del fuero federal para entender en el caso, pero la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, en línea con el recurso interpuesto contra esa decisión por la fiscalía, revirtió la decisión del magistrado de primera instancia y confirmó su competencia. En efecto, el tribunal revisor sostuvo que se habría demostrado la efectiva afectación y contaminación de recursos ambientales interjurisdiccionales, lo que determinaría la existencia de pautas necesarias para atribuir competencia al fuero federal.