Querellantes reclaman el comienzo del juico de la causa de La Fronterita en Tucumán
Querellantes y víctimas recla‐ man el inicio del proceso oral y público por los delitos de lesa humanidad que se cometieron en el Ingenio La Fronterita de Tucumán, una causa sobre complicidad civil y económica con el terrorismo de Estado, el‐ evada a juicio desde hace casi un año y que aún no tiene una fecha definida para el inicio del debate.
"La causa está elevada a juicio desde diciembre del 2021 y estamos con muchas idas y vueltas. Se presentaron muchas dificultades para que el juicio se concrete", le contó a Télam Ro‐ drigo Scrocchi, de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), que es querellante en esta investigación.
El ingenio La Fronterita fue fundado en la década de 1920 por la familia Minetti, que es‐ tablecieron un ingenio en las afueras de la localidad de Famaillá, y en el predio de la em‐ presa funcionó un centro clan‐ destino de detención ilegal que comenzó a operar durante el Operativo Independencia, en 1975, y que continuó activo en la última dictadura cívico militar. "Tuvimos muchos palos en las ruedas, pero gracias al empuje de los organismos de derechos humanos, la querella, el acom‐ pañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sumado al trabajo de la fiscalía pudimos sostener esta causa y llegar a esta instancia", agregó
Scrocchi. El abogado de Andhes sostuvo que si bien aún la Justi‐ cia no fijo una fecha para la re‐ alización del debate oral y públi‐ co "esperamos que esté próximo a realizarse".
Un desafío histórico
"En la agenda del Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán no parece estar contemplada la re‐ alización de los juicios por deli‐ tos de lesa humanidad que se en‐ cuentran pendientes. Esto se da en el caso de La Fronterita, pero también en la causa Jefatura III", explicó el letrado.
La megacausa Jefatura III, que tiene 30 imputados entre policía y militares por su respon‐ sabilidad en crímenes de lesa hu‐ manidad efectuados entre 1975 y 1983 en perjuicio de 237 víctimas, fue elevada a juicio antes que La Fronterita.
En abril de este se llevó a cabo una audiencia de preparación preliminar, sin em‐ bargo, hasta el momento el TOF no determinó una fecha para el comienzo del debate de Jefatura III. Scrocchi consideró además, que con este tipo de demora que se dan no solo en Tucumán, sino también a nivel nacional y pareciera que con este proceder "el Poder Judicial está jugando a favor de la impunidad biológica de los acusados".
"Está claro que estas causas molestan a los poderes económi‐ cos y políticos, es por eso que juzgar a empresarios por su posible complicidad en la comisión de los más aberrantes delitos y violaciones a los dere‐ chos humanos es un desafío la‐ tente e histórico en los proce‐ sos de Memoria, Verdad y Justi‐ cia", apuntó el abogado querel‐ lante.
La causa conocida como La Fronterita tiene como imputado a los exdirectivos del ingenio: Al‐ berto Figueroa Minetti, quien era administrador de la empre‐ sa; Eduardo Butori, Alfredo Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos.
Los cuatro acusados están procesados como cómplices de los delitos de violación de domi‐ cilio, privación ilegítima de la lib‐ ertad con apremios y vejaciones, torturas, abuso sexual, violación y homicidio en perjuicio de 68 personas, en su mayoría traba‐ jadores del ingenio, referentes sindicales y residentes de las colonias cercanas al ingenio.
Durante la investigación se logró determinar que a partir del
Operativo Independencia (que tuvo lugar en Tucumán, desde principio de febrero de 1975 has‐ ta el 24 de marzo del 1976) que el empresariado a cargo del inge‐ nio cedió sus instalaciones para que funcione un centro clandes‐ tino de detención, aportó la logística para que allí se instale una base militar y puso a su dis‐ posición vehículos y dio informa‐ ción a los militares para que lle‐ varan adelante los secuestros y homicidios.
Los hechos que sucedieron en ese lugar comenzaron a ser in‐ vestigados a partir del informe
"Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad", realizado en 2015 por la Secre‐ taría de Derechos Humanos jun‐ to al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias So‐ ciales (Flacso), pero el expediente estuvo varios años paralizado.
Según este informe, la em‐ presa azucarera "creció y se benefició de las dictaduras de Juan Carlos Onganía y la que se instauró en 1976, dos regímenes militares bajo los cuales el inge‐ nio aumentó su producción y multiplicó sus ganancias sobre la base de la persecución gremial y la represión".
En mayo de 2019, el juez Fed‐ eral de Tucumán, Daniel Bejas dictó la falta de mérito en favor de los imputados, que después fue confirmada por la Cámara
Federal de Apelaciones de Tu‐ cumán.
Pero dos años después, por orden de la Sala IV de Casación Penal, la Cámara Federal tu‐ cumana debió dictar un nuevo fallo y procesó a los cuatro exdirectivos, revirtiendo la de‐ cisión de Bejas.
La Secretaría de Derechos Humanos, junto a las otras querellas y la fiscalía, consider‐ aron entonces que la etapa de in‐ strucción estaba agotada y solic‐ itaron la elevación a juicio oral, que fue concedida en diciembre de 2021.
Según el informe de la Secre‐ taria de DDHH y el CELS, el inge‐ nio aumentó su producción y multiplicó sus ganancias sobre la base de la persecución gremial y la represión.
Entre las víctimas de La Fron‐ terita se encuentra Fidel Jacobo Ortiz, quien se desempeñaba co‐ mo trabajador del surco y ocu‐ paba el lugar de secretario gen‐ eral dentro de un gremio azu‐ carero del ingenio. Ortiz fue se‐ cuestrado en 1976 cuando tenía 37 años y continúa desapareci‐ do.
Jacobo era el tercero de ocho hermanos, nació La Aguada, un paraje también conocido como Colonia II y "comenzó a trabajar pelando caña a los 18 años". "Siguió los pasos de su padre. Él también trabajaba en la caña" contaron a Télam sus hijos Hort‐ ensia, Gaspar y Fidel, cuya querella está representada por Andhes. Sobre el secuestro de su padre recordaron, "el primero fue en marzo del 76, dos mil‐ itares entraron de forma tran‐ quila a nuestra casa". "Fue alrededor de las 23. Estaba os‐ curo, no teníamos luz en esos momentos. Se lo llevaron y lo soltaron 43 días después por el lado de El Manantial, cerca de la casa de una tía que lo ayudó a volver. Estaba todo hinchado y tenía marcas en las muñecas de cadenas. Lo habían torturado", contaron sus hijos. El 14 de junio del mismo año, también en ho‐ ras de la noche, un grupo inte‐ grado por alrededor de seis mil‐ itares volvieron a la casa de la familia Ortiz. "Comenzaron a golpear la puerta, lo insultaban, yo me puse delante de mi padre para que no se lo lleven, pero igual empezaron a golpearlo", recordó Fidel. El hijo de Jacobo continuó: "Lo sacaron de la casa y una vez afuera hicieron un tiro, pero no sé qué habrá pasado. Eran militares, después vi a tres de ellos y los reconocí, estaban en La Laguna", nombre de la base militar que se instaló en el ingenio de La Fronterita. "Fue una noche muy triste y negra para nosotros. No volvimos a saber nada de él, mi mamá salía temprano a la mañana y volvía tarde a la noche tratando de en‐ contrarlo, nunca dejó de buscar‐ lo hasta que falleció", lamentó Hortensia. Después de la de‐ saparición de Jacobo, los dueños del ingenio le pidieron a la famil‐ ia que se vayan de la casa donde vivían, que la empresa le cedía a los obreros cuando ingresaban a trabajar. "Nos dijeron que no querían en el lugar a nadie que haya tenido problemas con los militares, nos tuvimos que ir. Los hijos nos fuimos a distintos lu‐ gares de la provincia a buscar trabajo y ayudar a nuestra madre", evocaron con tristeza. Con el tiempo la familia se dio "cuenta de que los mismo dueños y directivos del ingenio fueron los que hicieron que los militares se lleven a mi padre".
"Mi papá siempre defendía a los trabajadores y a sus amigos. Vivía para ellos. Siempre les esta‐ ba resolviendo los problemas que tenían dentro del ingenio, peleaba por los sueldos y cuando había despidos recamaba que los reintegren. Muchos lo venían a buscar a nuestra casa para pedirle ayuda. Esa era su lucha. "Queremos saber dónde está, poder traer sus restos al ce‐ menterio para poder ir a visitar‐ lo", concluyeron ambos her‐ manos.