Continúa el juicio "Jefatura III" por crímenes de lesa humanidad cometidos en Tucumán
El juicio de lesa humanidad de‐ nominado “Jefatura III" tuvo este miércoles su segunda au‐ diencia en el Tribunal Oral Fed‐ eral (TOF) de Tucumán, en la que comenzó la declaración a los 27 imputados por crímenes perpetrados en perjuicio de 237 víctimas durante el Operativo Independencia y la dictadura militar instaurada con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
“Se han retomado las audi‐ encias del debate de la mega‐ causa Jefatura de Policía tercer grupo, y en esta ocasión una vez que el tribunal resolvió las cues‐ tiones preliminares planteadas anteriormente por las partes, y luego comenzó la etapa que se conoce como declaración de los imputados”, dijo a Télam, Valentina García Salemi, quien actúa en representación del Min‐ isterio Público Fiscal, junto a Pablo Camuña.
García Salemi explicó que “este es un acto de defensa ma‐ terial, es decir, que si los imputa‐ dos deciden declarar, esa de‐ claración no puede ser consider‐ ada en contra suyo”.
"En todos los hechos se ha probado la participación de per‐ sonal de alguna de las reparti‐ ciones del Departamento de Policía de la provincia de Tu‐ cumán", señalaron los encarga‐ dos de impulsar la acción penal en 2015. En esta megacausa se juzga la responsabilidad de 27 acusados, entre los que se en‐ cuentran expolicías y exmilitares, de delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1983 en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Jefatura de Policía de Tucumán y en instala‐ ciones del Ingenio Nueva Baviera (que había cerrado sus puertas a la producción azucarera en 1966).
El tribunal integrado por Noel Costa, Jorge Basbus y Juan Carlos Reynaga escuchó las pal‐ abras de seis imputados, quienes se declararon inocentes de los delitos que se le acusa, mientras que el resto decidió no prestar declaración.
Una vez concluida “la etapa de declaración de los imputados y a partir de la próxima audien‐ cia, que tendrá lugar el próximo martes 6 de junio, se abrirá el pe‐ riodo de prueba y comenzarán a declarar los testigos”, señaló la fiscal.
Este es el decimoquinto pro‐ ceso de este tipo que se lleva adelante en la provincia y du‐ rante su desarrollo el tribunal es‐ cuchará a más de 300 testigos, que brindarán testimonios sobre los delitos que se perpetraron en perjuicio de 237 víctimas.
Actúan en la causa como acusadores el Ministerio Público Fiscal y las querellas particulares representadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
En tanto, uno de los imputa‐ dos, Luis Rolando Ocaranza, cuenta con una abogada partic‐ ular que llevará adelante su rep‐ resentación, mientras que los restantes son asistidos por el Min‐ isterio Público de la Defensa.
Los hechos que se debatirán integran la tercera parte del uni‐ verso procesal de Jefatura de Policía de Tucumán.
Las pruebas recogidas dan cuenta de la intervención de la Brigada de Investigaciones, las sedes de las unidades regionales Capital y Oeste y las comisarías de casi todo el territorio provin‐ cial.
En efecto, Tucumán contaba entonces con 80 comisarías y al menos 32 de ellas fueron esce‐ nario de los delitos descriptos por la Fiscalía.
Las imputaciones son por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones y torturas agravadas por la condi‐ ción de perseguidos políticos de las víctimas "En todos los hechos se ha probado la participación de personal de alguna de las reparticiones del Departamento de Policía de la provincia de Tu‐ cumán", señalaron los encarga‐ dos de impulsar la acción penal en 2015.
En cuanto a los imputados, se trata de autores mediatos, au‐ tores directos, partícipes nece‐ sarios y partícipes secundarios, según el caso.
"Se les enrostra, ante todo, el haber tomado parte, a sabien‐ das, de una macro-organización delictiva montada sobre el aparato estatal para ejecutar un plan represivo con diferentes niveles de ilegalidad", indicaron.
Cada uno de ellos "cumplió roles claramente asignados tan‐ to en el esquema formal como en el clandestino de represión de opositores políticos, haciendo cumplir o cumpliendo órdenes ilegales desde sus posiciones en las distintas fuerzas armadas, de seguridad y policiales", según se explica en la elevación a juicio elaborada por el Ministerio Públi‐ co Fiscal.
Las imputaciones son por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones y torturas agravadas por la condi‐ ción de perseguidos políticos de las víctimas.
Además se los acusa por homicidio triplemente agravado por haberse realizado con alevosía, el concurso de dos o más personas y con la finalidad de conseguir impunidad, vio‐ lación agravada por producir graves consecuencias a la salud de la víctima y ser realizada con el concurso de más de dos per‐ sonas, abuso deshonesto, aso‐ ciación ilícita, aborto, reducción a la servidumbre y extorsión.
Los imputados en esta causa son : Alberto Antonio Rivero, José Roberto Abba, Emilio Guillermo Abec, María Luisa Acosta de Bar‐ raza, Segundo Benito Acosta, Ol‐ ga Aguilar de Porcelo, Miguel Án‐ gel Horlando Chaile, Camilo Án‐ gel Colotti, Ramón Ernesto Cooke, Mario Miguel D'Ursi, Hugo Javier Figueroa, Ramón César Jodar, Agusto Leandro Neme.
Están acusados también Miguel Ángel Nieva, Luis Edgardo Ocaranza, Luis Rolando Ocaran‐ za, Rolando Reyes Quintana, Al‐ berto Antonio Rivero, Ricardo Oscar Sánchez, Mario Ernesto Senco, Juan Eudoro Soria, Guillermo Agustín Ugarte, José Antonio Vázquez, Miguel Ángel Venturino, Antonio Esteban Ver‐ cellone, Manuel Rubén Vila, Juan Luis Villacorta y Pablo Gregorio Zarate.