Los intendentes esperan el DNU para sancionar por sobreprecios
Ante una falta, hasta ahora deben dar aviso a Nación. Con el decreto podrían multar pero no clausurar locales.
Los intendentes del Oeste del Conurbano están a la espera del decreto de necesidad y urgencia que Alberto Fernández firmará con el propósito de agilizar el control de precios en los municipios, dándoles a los jefes comunales la potestad de sancionar. Pero en las Comunas no tienen detalles.
Según cuentan en todos los distritos, desde que se ordenó sostener los precios de principios de marzo en unos 4.000 productos, mantienen los controles que ya venían realizando por el programa Precios Cuidados y para evitar abusos con los que pagan con la tarjeta de ayuda social. Con la pandemia, eso se orientó a comercios y almacenes en pos de evitar abusos en el bolsillo de los consumidores, sobre todo teniendo en cuenta el incentivo a la compra local que se generó durante las últimas semanas.
En ese contexto, los fiscalizadores salieron a las calles de los distritos y en La Matanza, por ejemplo, solo durante la primera fase de aislamiento se llevaron a cabo 17 clausuras.
Pero los jefes comunales aún no tienen muy claro cómo cambiarán las inspecciones con la nueva norma. “En principio, para ver el alcance que tendrá estamos esperando la salida del decreto, por lo que se fue conversando hasta el momento no contemplará clausuras por control de precios, pero si habrá penalidades”, dicen en Morón. Y adelantan de acuerdo a la cantidad de inspectores que se sumarán: “Nos veníamos manejando con un cuerpo de fiscalizadores que eran alrededor de 20 y recorrían las cadenas de supermercados.
Ahora ese número aumentará y pasarán a ser alrededor de 40”.
En Defensa del Consumidor de Moreno analizan la situación y afirman que con el paso de los días las denuncias por aumento de precios efectuadas por vecinos fueron disminuyendo. Le adjudican el éxito a la efectividad de los controles. Mientras tanto, aseguran que la facultad de aplicación aún le corresponde a Provincia.
Justamente, si bien parte de los controles están a cargo de los municipios, los pedidos de clausura debían ser elevados hacia Nación o Provincia según el caso, y dentro de ese proceso el factor tiempo generaba demoras en el resultado final.
A partir del anuncio del Presidente, ahora quedará a disposición de los jefes comunales la sanción a los comercios que presenten irregularidades: “Diariamente se realizan inspecciones en supermercados. En este sentido, el operativo de control se basa en supervisar los precios de los productos esenciales, las condiciones de seguridad e higiene y el cumplimiento de las distancias mínimas”, detallan en Ituzaingó, municipio en el que llevan registradas 535 inspecciones y cinco mercados clausurados. A su vez, dispusieron un número de atención para realizar denuncias en caso de incumplimiento de la ley.
En Hurlingham, en tanto, continúan por la misma línea que los municipios vecinos: “Tenemos todo armado para salir (a controlar los precios con el aval del decreto). De todas formas, seguimos con los controles de inspecciones como los estamos haciendo, venimos trabajando con precios cuidados, luego con los precios máximos retroactivos del alcohol y otros productos”, resumen.w
En Morón anticipan que cuando salga el decreto duplicarán la cantidad de inspectores.