MUNDO HISPANO
La lucha contra la corrupción en América Latina Korruption verhindert die Entwicklung Lateinamerikas – ein verlorener Kampf?
La corrupción mata Korruptionsbekämpfung – Ein Kampf gegen Windmühlen?
El desconsuelo de la madre de Alexis Jara, un niño de la comunidad aborigen wichi de tan solo un año de edad, que falleció por desnutrición severa en la provincia de Salta. El agotamiento y la resignación de Marianela Valdiviezo, una adolescente jujeña que todos los días camina tres horas para llegar a una escuela en la que no hay agua corriente, ni gas, ni calefacción. La pesadilla que persigue a Rosana Larrea, que tiene la imagen recurrente de sus familiares flotando boca abajo, muertos, víctimas de una inundación que podría haberse evitado de haberse realizado las obras públicas correspondientes. El costo humano de la corrupción en Argentina se expresa en millones de historias desesperadas, dispersas a lo largo y lo ancho del país.
EEl caso más resonante de los últimos tiempos es conocido como “La tragedia de Once”, un accidente ferroviario ocurrido en febrero de 2012, en el que fallecieron 51 personas y cuyos acusados hoy están sometidos a un juicio oral. La falta de mantenimiento de los trenes que ocasionó el siniestro, dejó en evidencia el vínculo delictivo entre empresarios y funcionarios que inspiró la frase: “La corrupción mata”. Se trata de un mal endémico en un país donde el 92 % de las denuncias conocidas en las últimas dos décadas ni siquiera llegaron a juicio. Malversación de fondos, lavado de dinero, evasión fiscal: los funcionarios públicos y los empresarios siempre están en la mira, y los medios de comunicación hacen su juego según su postura política. Diarios, portales de Internet y canales de TV oficialistas sólo hacen hincapié en las múltiples acusaciones que recaen sobre la expresidenta Cristina Kirchner, e ignoran las que se dirigen al presidente Mauricio Macri y su entorno sobre delitos como los revelados por Panama Papers. Las empresas de medios que no simpatizan con el Gobierno actual difunden exactamente lo opuesto. La información sesgada no sólo entorpece el control de la gestión pública, sino que siempre es funcional a alguna campaña política.
Como en casi toda la región, la policía está igual o peor vista que el poder político: según el Barómetro Global de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional, es el servicio público al que los argentinos reconocen haberle pagado más sobornos durante los últimos doce meses. Cada semana se publican noticias sobre agrupaciones de agentes que operan como mafias en asociación con redes de delincuentes como narcotraficantes y proxenetas. La depuración de “la Bonaerense”, como se conoce popularmente a la mayor fuerza policial del país perteneciente la provincia de Buenos Aires, fue asumida como uno de los principales desafíos de la actual gestión gubernamental.
El 65 por ciento de la población argentina cree que las personas comunes pueden hacer algo contra la corrupción, pero en la práctica son pocos los ciudadanos que hacen una denuncia cuando se enfrentan a abusos y sobornos. Es un fenómeno que se repite en toda la región y que se explica por la desconfianza que generan la policía y los tribunales. Mientras tanto, las historias de los Alexis Jara, las Marianela Valdiviezo y las Rosana Larrea se multiplican, en una puesta en abismo de impunidad, injusticia e inequidad.
Brasil
Hace apenas una década, durante la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil era el único país de la región que se erigía como una potencia mundial. Hoy atraviesa una profunda crisis política. “Lava Jato”, una operación iniciada hace cinco años para investigar una red de corrupción en la firma petrolera Petrobras, salpicó a miembros de los principales partidos políticos y del empresariado brasileño. Hoy Brasil tiene a su popular expresidente condenado a doce años de prisión, decenas de legisladores implicados en casos de corrupción, y a un actual primer mandatario, Michel Temer, también denunciado y rechazado por el 90 por ciento de la población. Con este panorama, los ciudadanos descreen de sus representantes y tienen la imagen de la democracia brasileña más deteriorada de su historia.
Guatemala
El año 2015 fue una suerte de bisagra en la historia política de este país centroamericano: miles de ciudadanos salieron a protestar a las calles cuando se dio a conocer la existencia de una red de exfuncionarios y funcionarios, importadores y abogados involucrados en un fraude aduanero. Otto Pérez Molina, entonces presidente de Guatemala, tuvo que renunciar a su puesto y fue detenido. Su sucesor Jimmy Morales hizo campaña con el eslogan “Ni corrupto, ni ladrón”. Sin embargo, el año pasado se revelaron irregularidades, como supuestos contratos de servicios a empresas de familiares del nuevo presidente. Los expertos en la lucha anticorrupción recomiendan hacer foco en el empresariado que financia las campañas políticas, perpetúa la cultura del soborno y permanece vigente aun cuando cambian los gobiernos.
Venezuela
En un contexto de violencia, represión, inseguridad y escasez de alimentos y medicinas, éste es el país latinoamericano donde los ciudadanos perciben el
mayor aumento de la corrupción en el último año. Sus habitantes también son los más proclives a calificar negativamente a su Gobierno –liderado por Nicolás Maduro– y a la policía. Según la organización no gubernamental Transparencia Venezuela, el panorama es alarmante por la impunidad con que se manejan funcionarios gubernamentales de alto nivel, la proliferación de redes de corrupción que traspasan las fronteras y permiten blanquear dinero producto de actividades ilegales, y el estado de la población que no recibe beneficios sociales ni accede a buenos servicios, y es víctima de la injusticia y la represión.
Uruguay
Junto con Chile está considerado uno de los países más transparentes de América Latina, lo cual no implica que no existan casos de corrupción, sino que cuando éstos toman trascendencia pública, el poder judicial y el político reaccionan con mayor diligencia. Un caso que da prueba de ello es el del vicepresidente Raúl Sendic, quien en 2017 tuvo que presentar la renuncia a su cargo, tras protagonizar un escándalo por el uso de tarjetas corporativas oficiales para gastos personales por alrededor de 60 000 dólares. Hoy está procesado por la justicia. Este año, Uruguay fue uno de los países latinoamericanos que suscribieron el Compromiso por Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción en el marco de la VIII Cumbre de las Américas, en Lima (Perú).
Sin embargo, la esperanza de una exitosa lucha contra la corrupción no desfallece. En Colombia se realizó el pasado 26 de agosto una consulta contra la corrupción; al cierre de edición no sabíamos los resultados, pero el referéndum mismo implica que el país busca salidas concretas para acabar con este fenómeno. Además, la VIII Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en Lima (Perú), durante el pasado mes de abril, concluyó con la firma del Compromiso por Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción, por parte de los jefes de Estado y de Gobierno de los 33 países que participaron en la reunión. Entre ellos estuvieron: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Estados Unidos, México, Panamá y Uruguay. Por unanimidad se estableció el compromiso de “fortalecer las instituciones democráticas para la prevención y combate de la corrupción”. Estas cumbres se celebran cada tres años, y permiten definir una agenda conjunta al más alto nivel para abordar los desafíos urgentes.