En busca de medidas para no “enterrar” a la cultura
El jueves pasado un grupo de artistas y gestores de Santa Cruz, encabezados por el Colectivo Resilencias, organizaron una “marcha fúnebre” en la que simbólicamente se expresaba luto por la cultura, una forma de protesta ante la falta de políticas culturales y presupuesto en esa ciudad. “Ley de cultura” gritaban varios artistas, mientras cargaban ataúdes por las calles del centro de Santa Cruz.
Días antes, cuando convocaban a la marcha, los artistas y gestore cruceños hicieron circular una especie de manifiesto en la que expresaban sus demandas, entre las que resalta la necesidad de trabajar de forma conjunta con las autoridades para desarrollar un plan estratégico municipal para el desarrollo artístico y cultural.
Todo esto suena familiar para el sector artístico y cultural de Cochabamba, cuando se está a la espera de que la secretaria de Cultura de Cercado, Roxana Neri, ponga fecha para una segunda reunión con el sector cultural con el objetivo de desarrollar políticas culturales, dar solución a las deudas que tiene la Casa de la Cultura con varios artistas y, sobre todo, para transparentar su presupuesto.
El deseo de los artistas y gestores en ambos casos ( Cochabamba y Santa Cruz) es el mismo, ser partícipes del diseño de planes estra- tégicos que permitan un desarrollo cultural, ante el mal manejo y descuido de las autoridades con este sector.
El municipio paceño es el que está a la cabeza de este tipo de medidas, ya que lanzó su Ley Municipal Autonómica N° 265 de Fomento, Salvaguarda, Desarrollo y Promoción de las Culturas y las Artes del Municipio, que se ha puesto en práctica durante esta gestión.
Según el artista y gestor cultural, Antonio Peredo, uno de los encargados del espacio independiente El Búnker, en La Paz, la Secretaría de Culturas de esa ciudad ha tenido el tino de socializar la ley, pero al no haber un sector organizado ( artistas y gestores) los pareceres son muy diversos y homegeneizar una norma se torna complicado.
“Al no tener un sector organizado, no se tiene definiciones claras, por ejemplo, la ley habla sobre espacios culturales, pero esto puede ser demasiado amplio y pueden caer en una misma bolsa una discoteca como una sala de teatro. Entonces, todo esto se debe afinar y está en proceso, la intención es buena, pero debe estar apoyada por un estudio”, dice Peredo. Afirma que no se puede negar que la Secretaría de Cultura de La Paz es la que más trabaja en el tema y que la Promoción al Desarrollo, Salvaguarda y Difusión de las Culturas y las Artes ( Focuart) es el tipo de fomentos que corresponden a las oficinas públicas.
Por su parte, Mary Carmen Monje, gestora y directora de Baúl Teatro en Santa Cruz, asegura que el recorte del 70 por ciento del presupuesto de cultura en el municipio cruceño, en esta gestión, ha provocado que los artistas comiencen las mencionadas protestas y urjan la promulgación de una ley que ampare la actividad cultural.
Analía Villarroel, gestora de la Casa Melchor Pinto en la capital cruceña, comenta que la actividad cultural en esa ciudad no para, pero se hace principalmente con impulso privado. “Se deben implementar políticas culturales para que se haga un programa y que el presupuesto beneficie a todos y no sólo a unos cuantos”, dice.
En Cochabamba Susana Obando, parte de Telartes y gestora del Proyecto mARTadero, dice que lo más urgente en la ciudad es transparentar los presupuestos y solucionar los pagos pendientes que tiene la Casa de la Cultura.
“Es importante que en Cochabamba exista un plan integral de culturas. Sabemos que la Casa de la Cultura tiene sus propias actividades, pero éstas no están sujetas a un proyecto de culturas y no responden a lineamientos de desarrollo que vayan articulados hacia varios sectores. Hay que pensar en plataformas que generen circulación y movimiento local”, asegura.
Además de las deudas de la Casa de la Cultura, se debe tomar en cuenta, como mencionó Neri en una primera reunión con artistas, que en Cochabamba también se ha recortado el presupuesto y se necesita organización en el sector público y la sociedad civil para dar soluciones.