Otra vez déficit fiscal
El déficit fiscal es el gasto en exceso que el sector público realiza por encima de los ingresos con los que cuenta. En Bolivia se ha convertido en un problema recurrente y forma parte de la historia económica. Es el desequilibrio macroeconómico más importante de un país.
Para su cálculo existen metodologías elaboradas por organismos internacionales que buscan unificar las estadísticas oficiales. Existe un tecnicismo detrás de su resultado; el más utilizado, considera como las necesidades de financiamiento del sector público, quiere decir, los ingresos adicionales que se requieren diferente a los rutinarios; el uso de caja, endeudamiento, incremento de pasivos y/o emisión de dinero entre los importantes. El resultado se relaciona con el PIB para facilitar su comparabilidad y analizar qué pequeño o grande es.
En Bolivia el déficit fiscal se ha presentado en 29 años de los últimos 37 años (1980-2017); solamente ocho años las finanzas públicas registraron superávits (2006-2013), explicados por los ingresos extraordinarios, fruto del incremento de los precios internacionales de las materias primas.
Los déficits fiscales históricos nos recuerdan la crisis sin precedentes de los años 80, donde el mayor registro fue -26,5% del PIB en 1984, situación que originó niveles de emisión de dinero y/o expansión del crédito interno con el BCB para su financiamiento, ocasionando el proceso hiperinflacionario.
Otro periodo importante de análisis son los años 2002-2003, donde el déficit fiscal se ubicó en -8,8% del PIB, con una lógica consecuencia, el crecimiento importante de la deuda pública (95% del PIB). Este nivel de deuda se mantuvo hasta la condonación de la deuda externa a la que accedió el país, en el marco de la iniciativa HIPC, aplicada en los años 2006-2007 por el BM, FMI, BID y algunos bilaterales. Como resultado de esta medida, la deuda pública se situó en 2008 en 38% del PIB.
Si bien la realidad actual es diferente, entre 2014 y 2018, los resultados nuevamente nos recuerdan al pasado, es decir, volvemos a hablar de lo mismo, con posibilidades mínimas de revertir esta situación en el mediano plazo. El déficit de los últimos cuatro años sobrepasa en gran medida los superávits de los ocho años anteriores (2006-2013). El déficit estimado para el 2017 se acercará al -8,2% del PIB en base a las estadísticas oficiales al mes de octubre. La estimación para la gestión 2018 es de -8,32%; en consecuencia, la situación se torna preocupante. El financiamiento recurrido en esta oportunidad es una combinación de acreencias externas, deuda interna y dosis masivas de créditos provenientes del BCB con destino a empresas, como YPFB, ENDE, Comibol, Easba, entre otras.
Las buenas prácticas recomiendan que, cuando existen ingresos cambiantes, no tratar de subir y bajar el gasto anualmente. En base a supuestos de largo plazo, se proyecten ingresos de largo plazo y determinar un déficit fiscal “estructural” que se ajusta al ciclo económico y autorizar un gasto público consistente con estos ingresos. Chile, Colombia y Perú tienen este tipo de experiencias, en estos países el déficit fiscal no puede ser mayor a 3% del PIB. Los países desarrollados también se rigen por límites, por ejemplo, el Tratado de Maastricht que regula la UE en cuanto al déficit de las administraciones públicas, establece que no debe sobrepasar una cantidad mayor al 3% del PIB.
No tenemos que mirar si tenemos márgenes en la deuda externa o cómo se financia el déficit. Hay que mirar su tamaño. Si no se toman las medidas correctivas en el corto plazo, tendremos nuevamente problemas, la historia así lo demuestra; con niveles importantes de déficit fiscal no nos fue bien, se puede constituir en el origen de todos los males. Parecería que le estamos perdiendo el miedo otra vez a sus consecuencias, ¡todavía estamos a tiempo! Una política fiscal mal diseñada puede hacer fracasar una política económica en su conjunto.
Se requiere a futuro políticas claras de ingresos y gastos. No se puede continuar por este camino,es necesario ordenar las cuentas fiscales en el sector público en su conjunto. A las finanzas públicas les esperan retos importantes.