Alistan norma para que Leyes mande desde prisión
Problemas. Un constitucionalista dice que es un “desatino”, pero el Alcalde teme que lo detengan. Otra sospechosa licitación de asfalto puede complicar al Ejecutivo.
Las adjudicaciones de cemento asfáltico para la Alcaldía de Cochabamba están bajo sospecha desde 2012. Ya en la gestión de Edwin Castellanos, del Movimiento Al Socialismo (MAS), varios proponentes dejaron de presentarse al percatarse de que las adjudicaciones se destinaban a un grupo de empresas que se turnaban para ofrecer el precio más bajo y ganar la licitación, como si tratara de un “pasanaku”.
Antes de terminar su gestión, entre marzo y mayo, la administración de Castellanos adjudicó 13 paquetes de cemento asfáltico: cuatro a una sola empresa, seis a otras dos, uno par a otro proponente y finalmente el último a una empresa, según una revisión del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) y proponentes que decidieron apartarse a pesar de que los paquetes oscilaban de 750 mil a 200 mil bolivianos.
Ante la afectación que provoca este tipo de adjudicaciones, algunos empezaron a registrar las contrataciones y a notar que las empresas que formaban parte del grupo tenían un patrón de comportamiento, que consistía en que la empresa ganadora ofrecía el precio más bajo y el resto siempre estaba por encima. Luego, en otra licitación, se cambiaba el esquema y otra compañía reducía su oferta para ganar el contrato, debido a que el Decreto 0181 de Administración de Bienes y Servicios tiene entre sus principios la economía.
De acuerdo con este punto: “los procesos de contratación de bienes y servicios, manejo y disposición de bienes se desarrollarán con celeridad y ahorro de recursos”.
En junio de 2015, con el cambio de alcalde, tras la victoria de José María Leyes con el 55 por ciento de la preferencia del electorado, los proponentes afectados con el “pasanaku” recobraron las esperanzas de acceder adjudicaciones transparentes. Por ello, en agosto de 2015 se volvieron a presentar, atraídos por una convocatoria para cerca de 100 toneladas, en más de 22 paquetes por 27 millones de bolivianos.
Impugnación
Entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre se presentaron cinco empresas. Una de ellas, que conocía los pactos entre empresas, primero acudió como observadora para ver las ofertas. Al día siguiente entregó una propuesta más económica, muy por debajo de las otras. Sin embargo, al ingresar, notó que la Alcaldía mantenía el precio referencial, cuando el producto estaba más barato por la caída del precio internacional del petróleo, uno de los insumos del asfalto.
Como la oferta descolocó a las demás empresas, aparecía como la virtual ganadora; sin embargo, la comisión calificadora, conformada por dos funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, recomendaron al jefe de Contrataciones, Federico Escobar, que la adjudicación sea para MSPC, una empresa recién conformada en 2015 y que luego se hizo conocida por la dotación de mochilas para la Alcaldía, según el expediente del amparo constitucional que presentó la empresa Bitumina y al que accedió Los Tiempos.
El amparo se presentó, se- gún el documento, porque la empresa fue descalificada por un error en los datos de contacto del proveedor. Los afectados aparentemente recurrieron a la vía legal, luego de agotar su reclamo en la Alcaldía y comunicar, en 2015, al jefe de Infraestructura su extrañeza por la descalificación en cinco de 10 procesos pese a haber ofertado el precio más bajo. Además de que se vulneraban criterios de buena fe y economía en la resolución 02159-2. ( Ver infografía).
El amparo fue rechazado con el argumento de que la propuesta tenía un error en el correo electrónico del representante. La empresa dijo que insertó todos los datos.