Parlamento aprueba juicio simbólico a Maduro por corrupción
El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, autorizó un enjuiciamiento contra el presidente Nicolás Maduro por presunta corrupción en el caso de Odebrecht
La mayoría opositora del Parlamento venezolano aprobó ayer la petición del Tribunal Supremo “en el exilio” de que se enjuicie al presidente, Nicolás Maduro, por supuestos delitos de corrupción asociados al escándalo Odebrecht y pese a las advertencias del chavismo de que el proceso es nulo.
La decisión de hacer el antejuicio de mérito —que implica retirar la inmunidad a Maduro— se sustenta en las denuncias de la exfiscal Luisa Ortega a este Supremo en el exilio sobre los supuestos manejos de dinero del Presidente y en las investigaciones en la región sobre la red de sobornos de la constructora brasileña en América Latina.
La oposición acordó que “existen méritos suficientes para continuar el proceso judicial que por hechos de corrupción se le sigue a Nicolás Maduro”.
Asimismo, dicen estar apoyados, según el documento aprobado, en el hecho “público, notorio y comunicacional que sobre (…) Maduro recaen serios señalamientos que le atribuyen actos de corrupción vinculados a la empresa brasileña Odebrecht”.
En el texto se denuncia que, debido al “secuestro del sistema de administración de jus- ticia por parte” del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el país caribeño es el “único en el que los graves señalamientos a los altos personeros del Estado no han sido investigados”.
En su turno de palabra, el que fuese presidente del Legislativo, Henry Ramos Allup, defendió que desde la Cámara son “consecuentes” con sus propias “actitudes”.
Allup recordó que la mayoría opositora aprobó en diciembre de 2016 “el procedimiento para responsabilizar políticamente a Maduro por las razones que en ese momento aludimos” y a principios de 2017 “el abandono de cargo” por parte del jefe del Ejecutivo.
Todo esto en una sesión a la que acudieron diputados del oficialismo tras meses de ausencia, absentismo defendido bajo la premisa de que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) se encuentra en desacato del TSJ con sede en Caracas.
El diputado del PSUV Juan Marín advirtió al tomar la palabra de que la “única consecuencia legal” de la sesión es la suma “a la ya larga lista de ilícitos, de acciones violatorias de la Constitución y las leyes”, unas acciones “que para nosotros comportan un intento más del golpe de Estado”.
Marín, que aseguró que su presencia o la de la también oficialista Ilenia Medina, “para nada” convalidaba el debate de calificó de “mamarrachada” y recordó que sobre la AN “pesa una declaratoria de desacato por parte del TSJ”.
Este órgano sí que es reconocido por el oficialismo, pero rechazado por el antichavismo, que reprocha al Poder Judicial el nombramiento “irregular” de varios jueces.
El diputado chavista sostuvo que es imposible que haya una instancia paralela al TSJ que “con una competencia extraterritorial pueda decidir algún tema, o la continuidad o conclusión del mandato del Presidente” en alusión al organismo formado por cerca de 30 juristas y que ha deliberado en Bogotá.
“No tiene ningún asidero legal”, defendió.
Tampoco reconoce el chavismo a la exfiscal Ortega, destituida de su puesto tras una década por varias críticas contra decisiones gubernamentales por la Asamblea Nacional Constituyente, órgano plenipotenciario compuesto solo por chavistas.
Tras la decisión de la mayoría opositora del Parlamento, la exfiscal Ortega instó a la Fuerza Armada a capturar a Maduro.