Fallo favorable a Delgado complica a exresponsables del TSE y el TCP
El dictamen del Pacto de Derechos Civiles y Políticos que favoreció a Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado apunta a que los responsables de violar derechos fueron las exautoridades del TSE y del TCP
El dictamen de la ONU que pide resarcir daños a los ex asambleístas Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado carga responsabilidades a exautoridades del TSE y del TCP. Según la Procuraduría, no hubo injerencia del Ejecutivo cuando se les vetó participar en elecciones.
Los siete exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los exmagistrados del Tribunal Constitucional Constitucional Plurinacional (TCP) están en la mira por que tendrían responsabilidad en la violación de los derechos civiles y políticos de los exlegisladores Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado. Los dos fallos del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (NNUU), dictaminaron que el Estado de Bolivia deberá resarcir daños a Delgado y Maldonado por haber vulnerado sus derechos con la inhabilitación de sus candidaturas en 2015, complican a los siete exvocales del TSE, porque fueron los responsables de emitir la circular 71, que inhabilitó a los dos exlegisladores a candidatear. Pero, también afectan a los dos jueces de la Sala Penal Segunda de La Paz y a los magistrados del TCP, que rechazaron el amparo de Delgado que buscaba reponer sus derechos políticos para participar en esos comicios.
Delgado explicó ayer que el dictamen de la Comisión es un “precedente” para que no se violen más derechos políticos y civiles en Bolivia y que en adelante el Estado tendrá 180 días para definir cómo a resarcir los daños y cómo hará para garantizar que no vuelvan a ocurrir estas vulneraciones.
Asimismo, dijo que el Estado también tendrá que señalar a quiénes han sido los responsables de la vulneración de los derechos; vale decir, los entonces vocales del TSE Wilma Velasco, Wilfredo Ovando, Dina Chuquimia, Fanny Rivas, Irineo Zuna, Marco Ayala y Ramiro Paredes. Así como los jueces a cargo de la Sala Penal Segunda de La Paz en 2015.
“Significa que el TSE y los jueces que en 2015 vulneraron mis derechos y que ahora son responsables y que ellos seguramente bajo una investigación que haga el Estado boliviano tendrán que asumir las responsabilidades, civiles y penales”, dijo Delgado, que no descartó iniciar otros procesos.
En tanto, el procurador general del Estado, Pablo Menacho, afirmó que el dictamen del Comité de DDHH está dirigido al Órgano Electoral y al TCP por sus actuaciones y no al Ejecutivo. Adelantó que se analiza las modalidades para dar cumplimiento a la resolución.
Para Menacho, el fallo dejó establecido que el Ejecutivo no tuvo ninguna injerencia en las decisiones del TSE y del TCP, cuando este ente emitió la polémica circular 071 que inhabilitó a los exlegisladores. Además, se dejó en claro que las dos recomendaciones realizadas por el Comité se refieren a la emisión de la circular 71 por el Órgano Electoral y a la tardanza en la revisión del proceso de amparo constitucional por parte del TCP, cuyos miembros en aquel año eran: Macario Lahor Cortez, Oswaldo Valencia, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Ruddy Flores y Neldy Andrade.
En este sentido, dijo que el cumplimiento del resarcimiento dependerá de un análisis en cuanto el Estado cuente con el dictamen oficial.
En tanto, el diputado de Uni- dad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, explicó que no se trata en contra de quién es el fallo, sino que la Comisión ha establecido que debe haber un resarcimiento, hecho que es vinculante. “Las demandas que se presentan son contra el Estado boliviano, que resarce, ahora el Estado puede aplicar el ‘principio de repetición’, es decir, cumple la obligación y traslada el resarcimiento a la autoridad que generó el daño”, puntualizó.
En la misma línea, Delgado afirmó que el dictamen apunta a “alguien en concreto, señalar a quiénes han vulnerado estos derechos”. Dijo que se reunirá con sus abogados para definir el monto del re-