Ley para que Alcalde gobierne desde la cárcel puede ir a TCP
Los legisladores evalúan si es compatible con la Constitución Política del Estado y la Ley de Gobiernos Autónomos
Después de que el Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Concejo Municipal para que el alcalde José María Leyes siga gobernando desde la cárcel, en caso de ser detenido el viernes, cuando preste su declaración informativa por el caso de las mochilas escolares, el órgano deliberante analiza las normas nacionales para determinar si esto es legal.
El concejal Edwin Jiménez, presidente de la Comisión Jurídica, indicó que ya se instruyó a los abogados del Concejo Municipal analizar este proyecto de ley y su compatibilidad con la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales.
La propuesta prevé que “si como consecuencia de una autoridad judicial o instancia competente ajena a la voluntad edil estuviese impedido de ejercer sus funcione de manera diaria en horarios que establece la norma por más de 90 días, en ese caso recién el Concejo puede designar un alcalde suplente, pero después de transcurridos los 90 días”.
El concejal indicó que su comisión tiene 15 días para analizar el proyecto, pero si no hay conflictos ni contradicción el dictamen puede ser emitido en 24 o 48 horas.
“Vamos a hacer una revisión para ver si concuerda con la CPE y la Ley de Autónomos Municipales que rigen el que hacer municipal, vamos a instruir que se haga la revisión de la norma, estamos las tres fuerzas políticas en la comisión”, explicó. Acusan a la Aduana de contrabando
En su contacto con los medios en La Paz, el alcalde José María Leyes acusó ayer a la Aduana Nacional de Bolivia de estar posiblemente involucrada en hechos de contrabando, por no revelar que el importador de las mochilas chinas fue funcionario de esa entidad por 13 años.
“Más de 10 años había trabajado el importador en la Aduana, pero no dijo eso la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya. ¿Por qué oculta esa información? ¿No será más bien que el caso de las mochilas es un caso de contrabando de la Aduana y que ella está tapando la información? Pero tampoco dice la presidenta que la propia Aduana ha hecho una rectificación del precio de las mochilas, tampoco lo comenta”, indicó Leyes a Página Siete.
Sin embargo, el asambleísta Mario Orellana indicó que este proceso puede ampliarse debido a que, si hay dudas acerca del procedimiento, se puede elevar una consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional ( TCP), donde el plazo es de 90 días
El asambleísta departamental y que se separó de los Demócratas considera que la propuesta de ley es un plan del Alcalde para probar la lealtad de sus concejales.
“Es más para probar la lealtad de sus concejales. De ser aprobado, es inviable porque va en contra de una ley nacional, se va a tener que elevar la consulta al Tribunal Constitucional y ahí va a dormir el sueño de los justos. Yo lo veo más en el sentido de probar la lealtad de sus concejales”, declaró.