No habrá Dakar, pero sigue la controversia
La noticia según la que Amaury Sport Organisation (ASO), la empresa organizadora del Rally Dakar, decidió excluir a Bolivia del recorrido que tendrá la carrera en su edición de 2019, ha sido recibida en Bolivia con tantas expresiones de pesar y desilusión como de alivio y regocijo.
Es natural que así haya sido, pues el tema es motivo de fuertes controversias desde 2014, cuando por primera vez el Gobierno nacional decidió hacer de nuestro territorio parte del escenario de ese espectacular negocio automovilístico y motociclístico. Algo muy parecido a lo que pasa en Argentina, Chile, Perú y Ecuador, los otros países con los que ASO negocia anualmente los términos de su participación.
Los argumentos a favor y en contra de ambas posiciones son ya bien conocidos. El principal de los favorables es el relativo a supuestos millonarios réditos propagandísticos, y por consiguiente económicos, que traería consigo la promoción de la oferta turística de cada país.
Los motivos esgrimidos por quienes se oponen al Rally Dakar son más complejos y no menos dignos de atención. Tienen que ver principalmente con los daños que el paso de los competidores y sus respectivos equipos de apoyo causan al patrimonio arqueológico y ambiental de los territorios por los que atraviesan.
A diferencia de los años anteriores, la controversia ha sido enriquecida por los gobiernos de Argentina y Chile que han decidido rechazar las ofertas de ASO, porque consideran que el paso del Dakar por su territorio es un mal negocio.
Así, por ejemplo, la ministra chilena del Deporte, Pauline Kantor, al justificar la decisión de su país, se refirió a “una situación fiscal muy delicada”, lo que obligaría al Gobierno de Sebastián Piñera a adoptar una política de austeridad.
Muy similares son los motivos que tiene el Gobierno de Argentina para poner en duda su participación. Es que tanto autoridades gubernamentales, como analistas y fuertes corrientes de la opinión pública consideran que sería un despropósito incurrir en una flagrante muestra de derroche, en medio de una situación económica tan adversa como la que atraviesan.
En tales circunstancias, llama la atención la perseverancia con que el Gobierno boliviano insiste en su afán de gastar millonarias sumas de dinero en un espectáculo sobre cuyos reales beneficios existen tantas dudas. Dudas que se multiplican si se recuerda que las autoridades gubernamentales nunca presentaron algún informe que dé cuenta de los supuestos beneficios que habría dejado el paso por el territorio nacional de esta competencia durante los cuatro años anteriores.