Manipulación institucional, un precio muy alto para todos

La reciente decisión del TSE de habilitar a Morales y García Linera como candidatos molesta a muchos, pero sorprende a pocos. Molesta porque contradice lo dispuesto en la CPE y contraviene la voluntad popular expresada en el 21F, administrado por el mismo TSE. El malestar es proporcional a la seriedad con que los bolivianos se toman las elecciones: la encuesta del Foro Regional de septiembre muestra que 75 por ciento cree que el resultado del 21F debería prevalecer.

Y la decisión sorprende a pocos porque es parte de un proceso más largo de desmantelamiento y manipulación de las instituciones que deberían evitar que el poder se concentre en un partido y en una persona. La habilitación es posible gracias al TCP, que a fines de 2017 decretó que la reelecciónpresidencialindefinidaesunderechohumano. Esta decisión irresponsable crea un conflicto de poderes y obligó al TSE a elegir entre dos disposiciones contradictorias. Si bien algunos esperaban una actitud heroica, no sorprende que el TSE haya optado por la salida más fácil. Si vemos un poco más allá, los miembros del TCP responsables del fallo de 2017 fueron electos en elecciones populares muy cuestionadas. La manipulación política de las instituciones tiene un costo muy alto para todos.