La Alcaldía secuestrada

La Alcaldía de Cochabamba está secuestrada por la bancada, mayoritaria, de los concejales del Movimiento Demócrata Social, los Demócratas como se los conoce y les gusta que se los llame, sin el menor asomo de bochorno.

Está secuestrada porque desde que, hace casi ocho meses, en abril, José María Leyes – el alcalde electo– estuvo impedido de ejercer esas funciones por las restricciones judiciales resultantes de su inculpación en el caso denominado Mochilas I, el Concejo Municipal observó los plazos legales para superar la crisis, llevándolos al último extremo posible.

Y esa conducta se repite, con mayor impacto, desde el último día del mes pasado, el 30 de noviembre, cuando el Alcalde electo fue encarcelado de manera preventiva en el marco de otro juicio penal, el denominado Mochilas II. La madrugada de ese día cuando terminó la corta libertad – menos de 48 horas– de Leyes Justiniano, comenzó la etapa más burda de este secuestro de la Alcaldía cochabambina.

Entre el miércoles 28 y la primera hora del 30 de noviembre, José María Leyes lloró ante el altar de la Catedral, se paseó por la única obra significativa que emprendió su gestión, el corredor Quintanilla, manifestó su disposición de trabajar “para recuperar el tiempo perdido”, proclamó su decisión de “poner orden en la casa”, despidió a 14 funcionarios ediles –la mayoría designada por su suplente y el resto por él mismo–, envió al Concejo Municipal una solicitud para modificar el presupuesto.

Y además –aparentemente para asegurarse bien de “poner orden en la casa”– Leyes emitió decretos nombrando a su nuevo Secretario General ¡y delegándole su autoridad de Alcalde!, al menos de manera parcial. ¿Qué otra cosa significa sino otorgar “la competencia (…) de atender asuntos administrativos y/o firmar toda correspondencia, oficio o memorándum a ser emitidos (…)” y “la facultad de designar (…) autoridades municipales” de alto rango, secretarios, directores de unidades y miembros de directorios?

Extraordinaria circunstancia, sin duda. Menos para los concejales demócratas cuya voluntad de mantener esa situación hasta el límite de la legalidad es evidente.

Para empeorar el panorama, son cada vez más notorias las pugnas internas entre quienes, por lo menos según las apariencias respaldan a Leyes y socapan sus actos. Conflictos de intereses pecuniarios, pugnas por espacios de poder y algún residuo de escrúpulos y sentido ético son al parecer los factores que impiden una acción concertada, lo que se refleja en el extravío en que está sumida la administración municipal.

Ante ese panorama, todo indica que no será fácil ni inmediato el retorno a la normalidad en la gestión municipal.