Encuesta del Gobierno vulnera 3 prohibiciones de la ley de régimen
A pesar de que el hecho ha sido denunciado al Tribunal Supremo Electoral, a la fecha la institución no se ha manifestado
Después de que la ministra de Comunicación, Gísela López, admitió que el Gobierno publicó, en diciembre de 2018, en varios medios escritos una encuesta en favor del presidente Evo Morales, analistas indican que de ser así se habría violado tres prohibiciones de la Ley 026 de Régimen Electoral y que se sanciona con la inhabilitación del partido y cárcel.
El analista en temas electorales Paul Antonio Coca dijo que la ley indica que las organizaciones políticas no pueden difundir encuestas que hayan sido financiadas con fondos públicos, encargadas o financiadas por ellos.
El inciso c del artículo 135 de la ley prohíbe la difusión de estudios de opinión en materia electoral cuando hayan sido encargados, financiados o realizados por organizaciones políticas, candidaturas, misiones nacionales o internacionales de acompañamiento electoral y organismos internacionales, o que hayan sido encargados o realizados por entidades estatales de cualquier nivel o financiadas con fondos públicos, salvo las realizadas por el Órgano Electoral Plurinacional. La encuesta también vulnera el inciso b, referido a que está prohibida la difusión de encuestas en las que no se identifique claramente a las personas, naturales o jurídicas, que las hayan encargado o financiado.
El especialista indicó que se pueden publicar encuestas de intención de voto, pero se debe cumplir un procedimiento. Las encuestadoras deben registrarse en el TSE y luego recién se pueden publicar. “No hay prohibición de publicar encuestas, sino (el problema es) quién la pública, porque ellos pueden usar las consultas para direccionar el voto”, dijo.
En tanto el abogado constitucionalista César Cabrera coincide con Coca, pero añadió que la inducción al voto y la difusión ilegal de una encuesta se sanciona con la privación de libertad de uno a tres años y si fuera servidor público será inhabilitado por tres años.
Coca indicó que se debe identificar quién pagó la publicación. Si se comprobará que el MAS pagó por la difusión de la encuesta, procedería la inhabilitación del partido político.
Explicó que en 2015 se registró un caso similar en Beni, cuando el jefe de campaña de
Unidad Demócrata (UD) Carmelo Lenz, en una conferencia de prensa, difundió una encuesta de intención de voto a favor del candidato a gobernador Ernesto Suarez. En esa ocasión, el partido político fue inhabili-
tado de las elecciones.
El diputado José Carlos Gutiérrez (UD) explicó que el MAS debe ser sancionado con la cancelación de su personería jurídica y debe buscar otra sigla y otros candidatos.