CEPB: Reglamento de ley es nuevo atentado a empresas
Los empresarios confían en que la justicia les dará la razón y declarará inconstitucional la ley de empresas sociales
La promulgación del Decreto Reglamentario de la Ley N° 1055 ha sido considerado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia ( CEBP) como “un nuevo atentado a la estabilidad de las empresas y a la misma propiedad privada, que nace de un acuerdo político entre el Gobierno y la COB”.
El Gobierno reglamentó este viernes la Ley de Creación de Empresas Sociales para que los trabajadores puedan tomar el control de empresas en las que trabajan y dejó fuera de su aplicación y alcances a las micro y pequeñas empresas. El pasado martes, la CEPB demandó la inconstitucionalidad de esta norma y pidió la suspensión de su aplicación.
“Recordemos que la Ley de Creación de Empresas Sociales fue producto de una negociación bipartita, elaborada sin consensos y que, desde antes de promulgarse, ya generó amenazas de algunos dirigentes, de hacerse de las empresas especialmente del sector industrial. Hemos demostrado, en nuestra acción de inconstitucionalidad que, varios artículos de la ley viabilizan acciones confiscatorias y vulneran el ejercicio del derecho a la propiedad privada, porque limitan la posibilidad de ejercerlo en sus dimensiones integrales, además que incide negativamente en la relación del trabajador con el empleador”, ratificó el presidente de los empresarios Ronaldo Nostas.
Agregó que esta ley y ahora su decreto reglamentario entienden que la relación entre trabajadores y empleadores es eminentemente antagónica y parte de la idea que el emprendedor, deliberadamente, desea fracasar o que, intencionalmente, va a acudir deliberadamente al concurso preventivo o a laqquiebra como un medio para eludir sus responsabilidades.
Según el líder de los empresarios privados, esta regulación, prescinde de los problemas estructurales de nuestro sistema de justicia que no pueden ser desconocidos; pues allí se ventilarán los procedimientos para la creación de estas empresas sociales, y no considera la falta de conocimiento y formación de los juzgadores sobre temas financieros, mercado, provisiones, cadenas de pago, entre otros, con los que se mueven las empresas. Desconoce los derechos de los restantes acreedores de las empresas, perjudicándolos y afectando a las cadenas de pago del país, que se sustentan también en el movimiento económico.
“Queremos confiar en el sistema judicial boliviano, cuya última instancia a la que pueden acudir los ciudadanos –el Tribunal Constitucional— debe actuar en derecho, con imparcialidad, independencia y sobre todo basando sus decisiones en la aplicación correcta de la Constitución, evitando someterse a presiones, gestiones o incidencia de naturaleza extraña a la estrictamente jurídica”, enfatizó Nostas.