Inaceptable juicio penal de Entel
El 27 de diciembre pasado llegó hasta mi barrio, actuando de mensajera de Entel, una notaria que me hizo entregar una carta firmada por José Arturo Molina Vega, gerente a.i. de administración y finanzas de esa compañía telefónica.
En la carta, el gerente Molina Vega me dio 24 horas para retractarme del contenido de una breve nota periodística que el portal de noticias Brújula Digital había publicado seis días antes, el 21 de diciembre. De lo contrario, señalaba la carta, se me iniciaría un proceso penal en mi calidad de director de ese medio digital.
Al contrario de lo que me demandaba Entel, en el lapso de 24 horas más bien ratifiqué el contenido de la nota de Brújula Digital. Ésta es correcta y está fundamentada en la Resolución Ministerial No 021 B/2013, que establece que las empresas de seguridad contratadas por entidades públicas y privadas deben tener una licencia de funcionamiento entregada por la Policía boliviana. Por eso, la nota, titulada “Licitación de Entel para contratar empresa de seguridad no exige a las firmas ser legalmente reconocidas”, es correcta y está sustentada en esa norma.
La carta de Entel señala que para solamente “instalar” cámaras de vigilancia no se requiere cumplir con el requisito de que la empresa de seguridad tenga licencia de funcionamiento y que por ello no solicita ese requisito en sus licitaciones. Ello es falso. El artículo 187 de la mencionada resolución ministerial establece que también para la “instalación” de equipos electrónicos de seguridad se debe contar con esa exigencia.
Los ejecutivos de Entel no han ofrecido ninguna declaración desde que anunció, mediante una aclaración pública, que iniciará “un proceso penal contra las mentiras y daño a la imagen de la empresa que infringe (sic) una persona natural con falsedades”. Pero sobre todo, no ha informado sobre tres aspectos clave: uno, qué empresas han sido contratadas en las licitaciones referidas a este tema; dos, quiénes son los ejecutivos de esas empresas, y, tres, cuánto costaron las cámaras adquiridas. Podríamos tener la sorpresa de que los mismos modelos tengan un precio más bajo en las tiendas de la Eloy Salmón. También los nombres de los dueños de las empresas contratadas podrían generar suspicacia. No lo sabemos.
Entel usó contra mí el mismo modusoperandi que usó contra quienes la criticaron en el pasado. Por ejemplo, por suerte sin éxito, intentó evitar que se distribuyera un libro de la fundación Pazos Kanki, titulado “Entel, botín de guerra del MAS”. El texto contiene jugosa información y está disponible online. También en ese caso le dio “24 horas de plazo” a esa fundación para que retire el libro de la web. Como dije, afortunadamente, eso no sucedió.
Entel, que encabeza el exministro de la Presidencia de Evo Morales, Oscar Coca, también ha acusado penalmente a dirigentes sindicales de su propia entidad, incluso los que, supuestamente, estaban protegidos por el fuero sindical. El Gobierno se llena la boca de fraseología favorable a los trabajadores, pero persigue con saña a los exdirigentes de Entel.
De todas las entidades estatales, Entel es una de las más cerradas al periodismo. En ese sentido, ni Coca ni otros ejecutivos suelen dar entrevistas, sobre todo a medios independientes. Es, también, una de las empresas más poderosas del país. Qué lamentable que use su fuerza para intentar intimidar y acallar al periodismo.
Si Entel desea convencer a la ciudadanía de que tiene razón en criticar mi artículo, debe acudir a un tribunal de imprenta o de ética. Ambas posibilidades están incluidas en la Constitución Política del Estado. Pero no se puede juzgar a un periodista, por el ejercicio de su trabajo, mediante la vía penal. Si este caso llegara a la justicia ordinaria, de facto la ley de imprenta habrá quedado sin efecto y todos los periodistas quedarán inermes. A través de acusarme a mí, lo que el Gobierno desea es atemorizar a todo el gremio. No lo ha logrado, por lo visto, si consideramos las numerosas voces de protesta que han emitido las organizaciones de prensa y decenas de periodistas y medios bolivianos. También siete entidades internacionales de libertad de expresión y de prensa han emitido declaraciones críticas o de preocupación sobre el caso.
El Gobierno ve en los medios y periodistas independientes el único escollo que debe vencer en su plan para eternizarse en el poder. Ya controla los cuatro órganos del Estado y desea deshacerse también del periodismo independiente. No lo conseguirá.