Quillacollo teme nueva crisis ante división en el Concejo Municipal
El alcalde suplente Zacarías Jayta y la directiva del ente fueron derivados a Ética por denuncia de cobro de diezmos
La incertidumbre volvió a Quillacollo luego de que el Concejo Municipal se dividiera. Ayer, un grupo de concejales determinó enviar a Ética al alcalde suplente Zacarías Jayta y a los miembros de la directiva, en una sesión que se llevó a cabo en un ambiente tenso.
“Por mayoría, se ha dispuesto que l os concejales Víctor Osinaga ( MAS), Juany Veizaga (MAS) y Willy López (FPV) sean procesados en la vía interna”, afirmó el concejal René Fernández (Demócrata). Presidente, vicepresidenta y concejal secretario son los cargos que ocupan en el Legislativo las tres autoridades.
Asimismo, se trató la solicitud de destitución del Alcalde suplente presentada por el Comité Cívico. En este caso, se derivó a la Comisión Quinta. Fernández señaló que se analizarán las acciones a asumir contra los exfuncionarios subalternos de Jayta y denunciados.
Estos temas se analizaron luego de dar lectura a la nota de denuncia enviada por el alcalde suspendido Eduardo Mérida. La semana pasada, presentó un documento ante la Fiscalía sindicando de presunta corrupción a Jayta.
“Mientras esto no se compruebe, no voy a permitir que se esté dañando o mellando la dignidad de este concejal. Si el resto admite o asume, es problema de cada cual”, sostuvo el concejal Héctor Montaño ( FPV), quien planteó que la acusación se trate en la Comisión Quinta.
López, Valerio Ramos (FPV) y Veizaga respaldaron la propuesta. Sin embargo, los votos de Fernández, Angelina Zeballos (FPV), Antonio Montaño (FPV), Roberto Vargas (MAS) y Aydee Mamani (MAS) se impusieron.
La composición de la Comisión de Ética, que evaluará la denuncia, fue cuestio- nada debido a que uno de los procesados es miembro de la misma.
Se prevé que el inconveniente se solucione en las próximas 48 horas.
Estos hechos se producen a una semana de revelarse la existencia de audios y videos sobre presuntos cobros de “coimas” a empresarios para la adjudicación de obras.
Control social
El presidente del Control Social, Richard Fernández, respaldó que los servidores públicos sean procesados en las instancias correspondientes para que asuman defensa. Evitó dar mayores detalles, porque aguardan los resultados de las investigaciones.
“El viernes nos reunimos los representantes de nueve distritos con el Alcalde y sus funcionarios para tratar el tema de la planta de asfalto. Hemos hecho llamadas de atención por incumplimiento en la entrega de información”, expresó.
Hoy volverán a pedir un informe sobre la compra.
“Por mayoría, se procesará internamente a tres concejales”