Asesinatos de líderes sociales colombianos alarman en la ONU
En las primeras dos semanas se registraron 14 asesinatos, las víctimas defendían los derechos fundamentales
Los asesinatos de al menos 19 líderes sociales en los primeros 14 días del año reflejan el deterioro de seguridad que vive Colombia a causa de la violencia política, del narcotráfico y las economías ilegales.
Uno de los casos más recientes fue el de Jorge Luis Betancourt, líder campesino y coordinador de deportes de la Junta de Acción Comunal (JAC) del corregimiento (pueblo) de San Francisco del Rayo, asesinado el lunes por desconocidos en esa localidad del departamento caribeño de Córdoba.
Betancourt, de 42 años, vivía con sus tres hijos y su esposa en San Francisco del Rayo, que hace parte del municipio de Montelíbano, donde le dispararon frente a sus familiares, un modus operandi que se ha repetido con varios de los líderes asesinados en 2020.
Ayer, en el convulso departamento del Cauca, en el suroeste del país, también mataron al indígena Yaiber Alexander Quitumbo cuando estaba en su parcela en una zona rural.
Estos asesinatos generaron el rechazo, entre otros, del senador indígena Feliciano Valencia, quien pidió al presidente colombiano, Iván Duque, que “detenga el genocidio”.
El analista y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, dijo a Efe que a los líderes los están matando porque “se oponen a economías ilegales y lideran procesos de restitución de cultivos”, así como por su “participación en política”.
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó ayer en Ginebra su preocupación por “el significativo número de defensores y defensoras de derechos humanos que fueron asesinados en Colombia en 2019”.
“De acuerdo con nuestros registros, 107 activistas fueron asesinados el año pasado, y nuestro equipo en Colombia sigue en proceso de verificación de 13 casos adicionales que fueron reportados a lo largo de 2019, los cuales, de ser confirmados, aumentarían el total anual de muertes a 120 asesinatos”, destacó la portavoz de la oficina Marta Hurtado.
Por ello hizo un llamado al Gobierno para que “realice un extenuante esfuerzo para prevenir ataques contra personas que defienden los derechos fundamentales, para investigar todos y cada uno de los casos y enjuiciar a los responsables de estas violaciones”.
“La gran mayoría de los 107 asesinatos en 2019 tuvieron lugar en áreas rurales”, sostuvo.