Cuestionables urgencias

El tema de la utilización en el país de semillas genéticamente modificadas volvió a cobrar vigencia, de manera sorpresiva, con la promulgación, el jueves recién pasado, de un decreto supremo que inicia el proceso para autorizar esos cultivos.

Más allá de lo controversial del tema, que enfrenta intereses económicos con prioridades ecológicas, la decisión del Gobierno transitorio sorprende y provoca varios cuestionamientos.

La conveniencia o no de ampliar la presencia de esos cultivos —ya presentes en Bolivia, de manera autorizada o no, desde hace más de una década— es un tema que, por su importancia para el futuro alimenticio del país, merece análisis y debates serenos, transparentes y objetivos. Y esas condiciones están ausentes en el actual contexto de la emergencia de la pandemia de Covid-19 y de la inminente crisis económica resultante de la casi total parálisis del aparato productivo, aquí y en todo el mundo, por efecto de las restricciones sanitarias.

Asimismo, el mencionado decreto que “de manera excepcional” autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad “establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados”, despierta al gunos cuestionamientos.

El primero de ellos se refiere a la urgencia que parece tener el Gobierno en abrir el país a más cultivos transgénicos, pues el decreto fija un plazo de 10 días para la aprobación de los procedimientos mencionados.

Pero el punto más álgido del tema es la contradicción evidente que existe entre la iniciativa gubernamental y las leyes vigentes en Bolivia, incluidas disposiciones específicas de la Constitución.

No es la primera vez que decisiones del Ejecutivo contradicen el ordenamiento legal sobre los transgénicos. Ya ocurrió cuando Evo Morales presidía el país.

Pero en este caso se trata de un Gobierno transitorio, cuyo mandato tiene el fin específico de llevar a buen término esa transitoriedad que concluirá luego de las elecciones. La autorización del uso de semillas transgénicas en nuevos cultivos tiene un alcance en el tiempo y un impacto medioambiental que corresponden a una política de Estado. Y la determinación de políticas de Estado es una atribución propia de los Gobiernos cuya legitimidad proviene de del voto ciudadano. Lo que no ocurre con éste.

Finalmente, es legítimo cuestionarse acerca de cuáles y cuán poderosos son los intereses que impulsan a este Gobierno transitorio a adoptar una actitud de apertura a los transgénicos tan similar a la del anterior y criticado régimen del MAS.