Tu vida puede valer una multa de Bs 100
Con mucho entusiasmo, el director de Movilidad Urbana de la Alcaldía de Cochabamba anunciaba este viernes la firma de un acuerdo con los dirigentes del transporte federado, los choferes libres y los radiotaxistas, para que puedan circular de manera ordenada a partir del día de mañana, 1º dejunio. Losoperadoresdelvetustosistemade transporte urbano se alegraron también porque impusieronsuscaprichosqueahoraestáninscritos en la letra menuda del decreto municipal que establece la habilitación gradual del servicio. Este decreto tiene una tara de nacimiento que deslegitima cualquier intento honesto de regular el transporte, y es que los usuarios nunca fueron consultados y menos pudieron siquiera sugerir condiciones para evitar contagios del coronavirusoproponeralgunasmedidasparasalvarvidas en esos féretros metálicos.
Tan grande es la mala suerte de los cochabambinos, que el servicio de transporte público de pasajeros, no es público (del municipio), sino que es de los sindicatos gremiales (privados) con obscuros fines. En cualquier parte del mundo civilizado el servicio de trasladar personas de un lugar a otro a cambio de un precio en pasaje, acarrea responsabilidades para el operador. No puede ser que un pasajero vivo y sano, tome un vehículo del sindicato, pague por el servicio y al bajar se encuentre enfermo o muerto. Alguna autoridad tiene que regular este servicio y por ley le corresponde a la municipalidad asumir esa tarea equilibrando con total justicia los derechos y deberes de los usuarios, especialmente. No es el caso de nuestro gobierno municipal.
Es que las autoridades ediles han aprovechado la oportunidad para pagar sus facturas políticas a los choferes sindicalizados. Hicieron lo que quisieron con el plan, en otras palabras, condenaron a la población a morir o a contagiarse al usar la “única alternativa de transporte público” que existe en nuestra ciudad. A la hora de reglamentar, los funcionarios ediles de esta triste urbe –que se halla en plena escalada de contagios– ni siquiera han considerado que de las provincias vecinas (zonas de alto riesgo, como Quillacollo y Vinto) llegarán este lunes cientos de miles de personas que trabajan en nuestro triste pueblo, y sabe Dios cuántos de ellos son portadores de los virus dispuestos a incrementar los contagios. Esto ya no debería causar miedo, sino terror.
¿Dónde se oculta el abuso de la situación dominante de los choferes? Siendo franco, les digo que ellos reglamentaron sus propias faltas. Por ejemplo: Un chofercito es sorprendido conduciendo el trufi sin las medidas de bioseguridad y sin desinfectar el vehículo. Por ser la primera vez, la sanción que merece es el resguardo del vehículo por un día. Como sabemos que la reincidencia en los ilícitos es genética en este tipo de personas, supongamos que es sorprendido por segunda vez, sin barbijo, su sanción es de tres días de resguardo y una multa de Bs 100. ¿Encarcelarán al chofer por poner en peligro la salud pública? Negativo. Por el contrario, el pasajero que no use el barbijo en el micro podrá ser multado con Bs 100. ¡Que desproporción!
No puede ser que sólo la Dirección de Movilidad Urbana de la Alcaldía, en coordinación con el Organismo Operativo de Tránsito, controlen e inspeccionen a los conductores y pasajeros, debería intervenir también la Fiscalía Departamental para acusar a los infractores no sólo de una simple contravención y sancionarlos al pago de su multita de Bs 100, deberían procesarlos para imponerles una pena privativa de libertad de 10 años por estos actos que de una u otra manera afectan la salud de la población (art. 216, inc. 9, Código Penal).
Mal que le pese a nuestra ciudad, los servidores de la Alcaldía han negado la existencia del Concejo Municipal, como ente legislativo y regulador. La razón es que los dueños de Cochabamba: los transportistas y los comerciantes minoristas, ya decidieron que todos debemos subir a los trufis. Sálvese quien pueda; en fin, el que te contagiará o matará sólo pagará una multa de Bs 100.