Financiamiento para las campañas electorales
Los cuestionamientos surgidos hace pocos días a la asignación de recursos económicos que, en aplicación de la ley vigente, tendría que recibir el Movimiento Al Socialismo (MAS) para su campaña electoral se transformaron con celeridad en un pedido, de todos partidos o alianzas políticas que pugnan por el voto ciudadano, en sentido de que se anule ese “subsidio indirecto” que les da el Estado en periodo de comicios generales como el actual.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya había decidido que esa ayuda económica se distribuya entre las agrupaciones políticas basándose en los resultados de las elecciones de 2014. Lo que favorecía al MAS.
Pero vivimos una circunstancia excepcional en la que el combate contra la pandemia del coronavirus es el elemento central de todas nuestras actividades y, obviamente, reviste una importancia mayor en la actitud de quienes aspiran a conquistar el voto ciudadano.
Así, todas las fuerzas políticas, incluida la que obtendría la mayor proporción de esa asistencia económica, el MAS, manifestaron que aquellos recursos deben destinarse a la lucha contra el contagio de la Covid-19.
Y el TSE planteó ayer que “por única vez, en 2020, se deje sin efecto los artículos de la ley (respectiva) que contemplan la distribución de recursos públicos para que las candidaturas contraten propaganda en medios masivos de comunicación”. Para lo cual es imprescindible una norma sancionada por el Legislativo, a partir del proyecto que presentará el Órgano Electoral, del proyecto que se prepara en la misma Asamblea –según anunció la Presidenta del Senado–, o de la combinación de ambos.
El financiamiento estatal para la campaña electoral de los partidos tiene el objetivo de atenuar las desigualdades de recursos económicos entre estos, procurando que todos tengan similares posibilidades de difundir su propaganda. Pero también se trata de reducir la posibilidad que tienen las fuentes privadas para utilizar sus aportaciones de una manera indebida e influir en los candidatos, lo cual es una forma de corrupción política.
La anulación del financiamiento estatal conducirá, sin duda, a que las fuentes de recursos privados para el proselitismo cobren mayor importancia. Las leyes vigentes establecen mecanismos de fiscalización de esos aportes, a cargo del TSE. La nueva ley que anule esa subvención del Estado tendría que incluir también los mecanismos para un control más eficaz y severo de los recursos invertidos por las organizaciones políticas, incluidos aquellos que destina el Gobierno para su propaganda oficial, que de manera indirecta apoya a la campaña de la Presidenta-candidata.