Indefensión total
Los conflictos surgen entre dos oponentes, uno de los cuales en determinados casos es el Estado. Con destino a la solución pacífica del encono que separa a esos oponentes, es indispensable un tercero imparcial. Ese tercero es el Poder Judicial. El Poder Judicial fue establecido en la Constitución Política del Estado para defensa de los ciudadanos si éstos padecen de algún daño ocasionado por sus prójimos.
Lamentablemente, hoy nadie confía ni en la eficiencia ni en la imparcialidad de nuestros jueces. Esa desconfianza es secuela de la violación de normas constitucionales por acciones procedentes de otros sectores.
Y no solamente por infracción de la regla que declara independiente al Poder Judicial, sino también debido a que tanto durante los tres gobiernos de Evo Morales ( y el último espurio) como en el breve de Jeanine Áñez (que fue constitucional), muchos fiscales y jueces fueron convertidos en sumisos esclavos de funcionarios corruptos del Poder Ejecutivo.
Es tan honda la crisis del sistema de administración de justicia que el remedio está en una renovación plena de todo el conjunto de operadores de la judicatura, aunque tal medida radical afecte a quienes actuaron siempre con sujeción a la ley y a su conciencia.
Ello demorará mucho tiempo, y sólo será posible después de haber tenido éxito en el primer paso que consiste en modificar la modalidad de designación de los integrantes de la cúpula del Poder Judicial.
El Poder Judicial fue establecido en la Constitución Política del Estado para defensa de los ciudadanos si éstos padecen de algún daño ocasionado por sus prójimos. La designación de los funcionarios de mayor rango del Poder Judicial tiene origen en decisiones políticas.
Las decisiones políticas provienen de los Poderes Legislativo y Ejecutivo. El Poder Judicial, no es inútil repertirlo, es el encargado de la función jurisdiccional en el Estado. Su misión es la de servir de contrapeso a los órganos políticos. Garantiza a los ciudadanos la posibilidad de impugnar las decisiones políticas que afectan a los derechos humanos.
Los actuales magistrados del Poder Judicial no cumplen con esa función de resguardo. Con referencia a conflictos entre particulares y el Estado, sus resoluciones no se basan en la imparcial apreciación de la ley, sino en salvaguardar el interés de quienes los elevaron a la alta función que desempeñan. Ésas son las acciones a que se ven obligados como retribución por su nombramiento. Dejaron a los ciudadanos en indefensión.
Es tan honda la crisis del sistema de administración de justicia,
que el remedio está en una renovación plena de todo el conjunto de operadores de la
judicatura.