Presentan acusación contra Marcel Rivas por cinco delitos
El exdirector de Migración del Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez podría ser sentenciado a ocho años de cárcel
El fiscal departamental de La Paz, William Alave Laura, informó ayer que en el marco del proceso de investigación por la emisión de alertas migratorias irregulares, el Fiscal asignado al caso presentó la acusación formal en contra del exdirector general de Migración Marcel Rivas, por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y uso indebido de bienes y servicios públicos, por presuntamente haber instruido la activación de alertas migratorias denominadas “informativas” sin cumplir el procedimiento de acuerdo a la normativa.
Investigación
“El fiscal anticorrupción del caso, después de haber realizado un análisis, una investigación y una colección de seis evidencias testificales y 51 pruebas documentales, así como las pericias correspondientes ha logrado establecer que existen los elementos suficientes de convicción para sostener, en juicio oral y contradictorio, que la conducta del exdirector de Migración se subsume a los delitos acusados”, dijo Alave.
Irregular
Por su parte, el fiscal anticorrupción Gustavo Balderrama explicó que, de acuerdo a los elementos de convicción colectados, la exautoridad habría ordenado la activación de 455 alertas migratorias de manera directa mediante un instructivo a la Unidad de Control Migratorio y Arraigos; sin embargo, no adjuntó ninguna documentación o antecedentes de respaldo para su registro. Bajo este antecedente se habría procedido a la activación irregular de “alertas informativas” para personas relacionadas al ámbito político como ex autoridades de gobierno.
Balderrama aclaró que las alertas migratorias se emiten por orden judicial o requerimiento fiscal, cuando existe una resolución de aprehensión o por unidades específicas de la Policía, como Trata y Tráfico de Personas o de Régimen Penitenciario; sin embargo, Rivas habría emitido las alertas migratorias sin ninguna de estas solicitudes del 19 de noviembre de 2019 al 4 de noviembre de 2020.
El otro grupo de víctimas y heridos de la masacre de Senkata, El Alto, demandó que se anule el acta que firmó el Gobierno con el sector de víctimas representado por David Inca y que se active un censo que estableció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ( GIEIBolivia).
El documento fue suscrito el 6 de diciembre y la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata, Gloria Quisbert, cuestionó que el Gobierno sólo haya tomado en cuenta a un sector que busca justicia y la reparación de daños tras los hechos de 2019, según reporte de Erbol.
La dirigente afirmó que el frente que representa no busca una negociación y ni mucho menos tiene un pliego de demandas; sólo busca que se cumpla lo que el GIEI estableció en su informe final emitido a mediados de este año.
“Es muy lamentable lo que están haciendo las autoridades y quienes firman. Aquí bien claro está ministro Iván Lima, viceministro ( César) Siles, y nosotros no vamos a permitir; vamos a pedir que esto se anule, que cumplan las recomendaciones del GIEI, primero el censo, que vayan a investigar quienes son realmente las víctimas, eso es lo primero que deberían trabajar”, sostuvo.
Tras la reunión del 6 de diciembre con representantes y familiares de las víctimas de Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba, de 2019, el Gobierno anunció que, mediante un decreto supremo, se creará un fideicomiso de casi 8 millones de bolivianos en favor de estos sectores para que puedan emprenden en proyectos productivos.
Quisbert ratificó que su sector demanda justicia por personas que fallecieron durante los operativos combinados entre la Policía y Fuerzas Armadas durante el gobierno de Jeanine Áñez el 19 de noviembre de 2019.
“Sin censo, no puede haber ninguna negociación”, insistió.