Un mal año para los derechos humanos

Ayer, en Bolivia como en todo el mundo, se conmemoró el 73 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La ocasión, como todos los años, es motivo de renovadas reflexiones sobre el estado actual de los derechos que, a estas alturas del siglo, siguen siendo violados en Bolivia y gran parte de los países que integran la comunidad internacional.

Este año, tal como viene ocurriendo desde hace al menos una década, el pesimismo se ha impuesto entre las evaluaciones. Y es que durante el último año se ha mantenido, y agravado incluso, una tendencia constante hacia un empeoramiento de la situación de los derechos humanos en gran parte del mundo.

La fecha es propicia para renovar las reflexiones sobre el estado actual de los derechos humanos a escala planetaria y también en cada uno de los países que integran la comunidad internacional. Y una vez más se ha constatado que es todavía demasiado grande la proporción de los 7 mil millones de habitantes del mundo actual que sufren condiciones de vida que distan mucho de los parámetros fijados por la declaración de 1948.

Bolivia, desgraciadamente, no es una excepción en medio de esa tendencia regresiva. No sólo que estamos lejos del pleno respeto a los derechos humanos, sino que se han multiplicado los motivos que han llamado la atención de quienes consideran que la defensa de los derechos de las personas es una causa ante la que no cabe ningún tipo de concesiones y se la debe precautelar, por encima de cualquier otra consideración.

Los reportes previos que registraron hechos específicos entre enero y junio de este año permitieron identificar una constante vulneración a los derechos humanos en temas relacionados con el medioambiente, los territorios, los pueblos indígenas y el ejercicio mismo de la defensa de los derechos humanos. A diferencia de los informes anteriores, este reporte presenta una estructura diferente, con el objeto de resaltar e identificar los patrones de violación a derechos humanos y el incremento de la violencia estatal.

Entre los meses de julio y septiembre, existieron al menos 19 ataques en contra de defensores de derechos humanos. Ésta es una cifra sin precedentes.

Para seguir avanzando en la vigencia plena de los derechos humanos, es imprescindible enderezar las causas del desprestigio en que han sido sumidas las instancias judiciales y policiales, ambas percibidas como las dos principales fuentes de abusos.

Y también cuestionar los esquemas sindicales que imponen a sus afiliados movilizarse bajo la amenaza de sanciones, en un atentado evidente a las libertades.