Las “cumbres” del MAS
El pasado 5 de diciembre, el ministro Lima anunció, para marzo del próximo año, una “Cumbre Nacional de la Justicia” en la que “se concretaría la reforma judicial”. Sería la tercera cumbre del masismo en estos 15 años. La “Primera Cumbre Judicial del Estado Plurinacional” se efectuó en La Paz el 10 y 11 de diciembre de 2012 a convocatoria del Órgano Judicial. La segunda, “Cumbre Nacional de Justicia Plural”, se realizó en Sucre el 11 y 12 de junio de 2016, esta vez a convocatoria del Poder Ejecutivo.
El primer evento se produjo después de un año de las primeras elecciones judiciales con el objetivo de efectuar “un análisis sobre el estado de la justicia en Bolivia” y, al parecer, fijar los lineamientos de los flamantes magistrados electos.
La segunda cumbre se realizó un año antes de la segunda elección judicial, en 2017, constatando que la crisis judicial se había agravado en lugar de resolverse. Pese a las mesas de trabajo, a las memorias y conclusiones respectivas, nada se tradujo en políticas concretas, develándose la improvisación y el exitismo momentáneo.
Claramente el segundo evento no fue la continuación del primero, cuyas conclusiones y lineamientos fueron ignorados. Tampoco se tomó en cuenta “El Plan Sectorial de Justicia Plural 2013- 2025” elaborado por el Ministerio de Justicia, y mucho menos fueron consideradas las propuestas elaboradas por el Ministerio Público, en 2015, y por la Procuraduría, en 2016.
La propia finalidad de esta segunda “cumbre”: “establecer las bases de la revolución de la justicia en Bolivia”, parecía destinada a dejar en claro que, otra vez, se partiría de cero.
Es que los gobiernos del MAS, nunca tuvieron una estrategia de reforma judicial, reiterando el inmediatismo y la demagogia de sus predecesores “neoliberales”. Por ello, una de las carencias centenarias que hacen a la crisis estructural de la justicia, junto a las de independencia, idoneidad, recursos y acceso, es la carencia de verdaderas estrategias estatales.
Lamentablemente esta carencia centenaria parece estar repitiendo el gobierno de Luis Arce que, a tiempo de anunciar su propia “cumbre”, no se ha referido para nada a las dos anteriores, fallidas, y peor, esta tercera sería la culminación o la concreción de una reciente propuesta de “reforma judicial” que, en solo 12 meses, ya tiene tres versiones.
En efecto, el ministro Lima anunció, en noviembre del año pasado, una reforma parcial de la Constitución para reformar la justicia que en solo dos semanas quedó archivada para dar paso a otro anuncio de cambios normativos en el manejo de Derechos Reales y los trámites de adopción, para, finalmente, en septiembre de este año, volver a proclamar una nueva reforma, ahora a partir de seis ejes que, sin referencia a ningún diagnóstico y menos a antecedentes, no van al fondo de la problemática estructural de la justicia, expresada en la dependencia política gubernamental de la cúpula judicial, en su falta de idoneidad personal y profesional, en el mísero presupuesto judicial y en la carencia de universalidad y acceso de la población al servicio judicial.
Lo grave es que, según la declaración reciente de Lima, estos supuestos seis ejes serían el temario de la próxima “cumbre”, con lo que anticipadamente se estaría anunciando su fracaso. Es que no necesitamos “cumbre” alguna para distribuir mejor a los pocos jueces que tenemos (eje 1); para asegurar, de manera voluntarista, eficiencia judicial (eje 2); para promover supuestos procesos meritocráticos y descolonizadores en el nombramiento de jueces (eje 3) o para, sin incrementar el presupuesto, impulsar la transformación digital, el desarrollo normativo o la transparencia institucional (ejes 4, 5, y 6).
Con ese “temario” superficial respecto de las causas profundas de la crisis, es muy probable que también se reitere, el próximo marzo, el escenario de la “cumbre” partidaria anterior: 1.500 delegados, de los cuales 1.100 (73%) eran de las organizaciones sociales, 270 funcionarios gubernamentales (18%) y solo 130 de otras instituciones (9%). Con el 91% de masistas, obviamente los delegados universitarios y de los colegios de abogados abandonaron más que de prisa el evento, denunciando que no había lugar para aporte alguno porque “todo estaba cocinado”. No sabemos aún qué menú está preparando el ministro Lima para esta tercera cumbre, pero estamos escépticos frente a lo que podría ser un nuevo mejunje que indigeste al país. Por eso desde la sociedad seguiremos impulsando la reforma vía referendo ciudadano.
La Constitución Política declara en su artículo 1 que Bolivia es un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, intercultural y con autonomías. En su artículo 2 garantiza el dominio ancestral de las naciones y pueblos indígenas originarios sobre sus territorios y su libre determinación en el marco de la unidad del Estado.
Entre los artículos 30 al 32 detalla los derechos que el Estado les reconoce, entre ellos el ser consultados cada vez que se proyecten medidas legales susceptibles de afectarles. En el numeral II del artículo 98 señala que el Estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indígenas originarias que son depositarias de saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y cosmovisiones. Mediante los artículos 190, 191 y 192 les reconoce a las naciones el derecho a tener un sistema propio de administración de justicia basado en sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios.
Dando cumplimiento a esas normas, Evo Morales emitió en octubre del 2011 la Ley 180 que otorgó al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro- Sécure (Tipnis) el carácter de “patrimonio sociocultural y natural, zona de protección ecológica, reproducción histórica y hábitat de los pueblos indígenas chimán, yuracaré y mojeño”.
En consecuencia, el Tipnis tiene la con
Los “abanderados y defensores de la Madre Tierra”, hoy aliados con empresas comerciales
e industriales, están empeñados en deforestar los bosques para instalar empresas madereras y
cultivo de cocales.
dición de indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable, irreversible e intangible. En mérito a todo lo cual, prohibió el asentamiento de grupos extraños a esas etnias y manifestó que ni la carretera de Villa Tunari a San Ignacio de Moxos ni ninguna otra atravesarán ese territorio.
Existe otra área protegida que es el Parque Nacional Madidi, entre los departamentos del Beni y La Paz, en la que tienen asiento las comunidades mosetenes, lecos, tacanas, araonas, chimanes, uchupiamonas, que está en riesgo de que 771 kilómetros cuadrados de esa zona sean inundados para construcción de una represa según un proyecto hidroeléctrico que, además, dará como resultado la deforestación de más de 80.000 hectáreas y el traslado de miles de personas a otras regiones.
Los dirigentes del Movimiento Al Socialismo declararon que siempre serán “abanderados y defensores de la Madre Tierra” hasta “con su vida” y que “jamás mercantilizarían los bosques”. Hoy en alianza con empresarios industriales y comerciales, están empeñados en la ejecución de las mencionadas obras en contra de acciones intentadas por los habitantes de esas zonas en defensa de sus derechos, inclusive en el ámbito internacional y, además, en deforestación de los bosques para empresas madereras y cultivo de cocales.