Inspección vehicular

A un día del fin del plazo para realizarla, menos de la mitad de los vehículos motorizados que existen en el departamento de Cochabamba han pasado la inspección técnica que realiza anualmente la Policía para otorgar a sus propietarios el documento que certifica el cumplimiento de ese trámite. Un trámite del cual se duda que cumpla el propósito enunciado: verificar que los vehículos estén en condiciones correctas que permitan su conducción sin riesgos para los peatones, para quienes los conducen y sus pasajeros, y también para los conductores y pasajeros de otros motorizados.

Y es que “la verificación física y mecánica de los vehículos” motorizados es una especie de simulacro anual que se escenifica en nombre de la seguridad ciudadana, pero, como es fácil constatar, en los hechos no sirve más que para dar a la Policía Boliviana una fuente adicional de ingresos.

Eso se evidencia, por ejemplo, en que la instancia encargada del cumplimiento de ese requisito es la Dirección de Fiscalización y Recaudaciones de la Policía. En el caso de Cochabamba, el titular de esa repartición explicaba, hace tres semanas, que hasta entonces sólo se había llegado a inspeccionar el 45 por ciento del parque automotor del departamento.

En el departamento de Cochabamba están registrados de manera oficial 350 motorizados de dos, tres y cuatro ruedas. Quedan nueve días para cumplir esa formalidad y aún hay más de 250 mil vehículos que no pasaron la inspección

Pero no todos los vehículos serán llevados a alguno de los puntos de inspección, ni todos los que tengan el certificado de ese requisito habrán pasado el examen, pues hay, como todos los años, maneras de obtener aquel documento —antes era una roseta— sin tener que desplazarse con el vehículo hasta uno de los puntos de verificación. Eso sí, debe efectuarse el depósito bancario por 30 o 20 bolivianos, en una cuenta institucional de la Policía. Y pagar algo más al tramitador o “al contacto” que se encargue del procedimiento con las fotos que le envía el interesado por Whatsapp.

Eso no es una hipótesis de mala fe, sino la experiencia de los años pasados. Y nada permite pensar que la corrupción policial —lo mismo que la de aquellos civiles sobornadores— haya disminuido.

La inspección vehicular está vigente desde los años 70, recauda anualmente más de 30 millones de bolivianos con los que se paga parte de los sueldos y jubilación de los policías. Pero lo más importante es que este sistema ha logrado mantener una relativa calma entre los sindicatos de transporte que, bajo otras condiciones, encontrarían en muchos problemas para aprobar dicha inspección o se opondrían a pagar los 50 dólares que en promedio cuesta una verdadera ITV en otros países de la región.