Ven que juicios a las exautoridades violan derechos y el debido proceso
Denuncia. Ante la vulneración de los derechos de personas por presunto golpe de Estado y otros, los especialistas señalan que afectados pueden acudir a la Corte Penal Internacional o la Corte Federal de EEUU
Pese a afirmaciones del Gobierno sobre el respeto al debido proceso en Bolivia, el respeto a la Constitución Política del Estado ( CPE) y las leyes, legistas afirman que la gran mayoría de los procesos que instauró el Gobierno por el presunto caso de “golpe de Estado” y otros vulneran los derechos fundamentales de las personas, además de principios y normativa universales.
Durante esta gestión, organismos internacionales cuestionaron la labor de la justicia boliviana por su falta de independencia y sometimiento al poder político.
Human Rights Watch ( HRW), la Unión Europea (UE), Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH) y el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) demandaron la necesidad de una reforma judicial.
“Todos los procesos que concierne al Gobierno en sus diferentes carteras de Estado, ya sea Ministerio de Gobierno, ya sea Ministerio de Justicia o inclusive la Procuraduría General del Estado (PGE), de todos los casos, los procesos (por presunto golpe de Estado y otros) son anormales, no tienen normalidad, no tienen regularidad”, sostiene el abogado especialista penal Ever Vera.
Desde la llegada a la administración de Luis Arce con el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), la justicia lleva adelante una serie de procesos contra exauto
ridades del Gobierno transitorio, a denuncia de exasambleístas del MAS, como Lidia Patty; el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, además de la adhesión de entidades gubernamentales, entre otros.
De acuerdo con informes, en la actualidad hay más de 20 personas con detención preventiva en diferentes penales del país.
Según la percepción de los abogados, el Gobierno vulneró elementos fundamentales del debido proceso desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no se refiere sólo a la materia penal, sino al respeto de los derechos humanos.
Entre los principios del debido proceso se contempla el derecho general a la justicia, el derecho y principio general de igualdad, justicia pronta y cumplida, derecho a la legalidad, entre otros.
“Ya se está vulnerando el principio y la garantía de justicia igual, quiere decir que la ley es la misma para todos, ya sea premio o ya castigue. Pero aquí estamos viendo que, si uno es afín político, obviamente que no pasa nada, de que si uno tiene un gran poder económico, un gran poder político también es intocable. Al contrario, cuando uno es adversario político y no tiene muchos recursos económicos, tienen que atenerse a las consecuencias”, señala el constitucionalista Marco Antonio Baldivieso.
En manos de políticos
En ese contexto, Baldivieso dijo que en Bolivia no existe la garantía de justicia, toda vez que los políticos son los que determinan los procesos.
“Estamos en manos de políticos y no de jueces, ellos son los que determinan, deciden quién va preso, a quién se libera y a quién se le deja escapar. En Bolivia no podemos confiar en nuestro sistema judicial, no sirve nuestro sistema judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ya no es garante de la Constitución y el Ministerio Público es ya un instrumento de persecución de cualquier gobierno de turno. Sobre eso hay que persignarse en la mañana y bueno hay que confiar en Dios, porque en la justicia boliviana ya no se puede confiar”, cuestionó el legista constitucionalista.